{"id":92626,"date":"2016-09-21T08:38:00","date_gmt":"2016-09-21T12:38:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/junta-fiscal\/20160921\/en-manos-del-juez-federal-besosa-el-destino-de-los-fondos-del-gobierno\/"},"modified":"2025-07-15T15:45:34","modified_gmt":"2025-07-15T15:45:34","slug":"en-manos-del-juez-federal-besosa-el-destino-de-los-fondos-del-gobierno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20160921\/en-manos-del-juez-federal-besosa-el-destino-de-los-fondos-del-gobierno\/","title":{"rendered":"En manos del juez federal Besosa el destino de los fondos del gobierno"},"content":{"rendered":"

Este jueves 22 de septiembre, comienza un proceso judicial en el Tribunal Federal que va a determinar si el gobierno de Puerto Rico tendr\u00e1 que destinar dinero de su presupuesto para el pago de las deudas a los bonistas que ha declarado que no puede pagar.<\/p>\n

Desde las 9:00 a.m. el juez federal Francisco Besosa escuchar\u00e1 los argumentos para decidir si la suspensi\u00f3n autom\u00e1tica de litigios que establece la Ley federal de Supervisi\u00f3n, Gerencia y Estabilizaci\u00f3n Econ\u00f3mica para Puerto Rico (PROMESA) aplica o no en las demandas presentadas por varias firmas de inversi\u00f3n, bonistas en su car\u00e1cter individual y aseguradoras de bonos municipales.<\/p>\n

El bufete Adsuar, Mu\u00f1iz, Goyco Seda & P\u00e9rez-Ochoa representar\u00e1 este jueves a la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee Corporation frente al juez Besosa, quien fue socio fundador de ese mismo bufete, que anteriormente llevaba el nombre de Adsuar, Mu\u00f1iz, Goyco <><><><> Besosa. National Public Finance Guarantee Corporation es la aseguradora de alrededor de $3,800 millones de bonos del gobierno.\/p<\/p>\n

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Besosa no es novato en este tema. Ya ha presentado dos \u00f3rdenes, en casos separados, en las que sostiene que la suspensi\u00f3n de litigios de PROMESA solo aplica a las demandas que se hagan para exigir pagos de deuda. El juez ha dicho adem\u00e1s que el detente no aplica a las demandas que exigen que el gobierno no use para otros fines los fondos que deben ser destinados para el pago de las Obligaciones Generales, que son bonos que tienen prioridad de pago y que est\u00e1n garantizados por la Constituci\u00f3n.\/p<\/p>\n

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En el caso que se ver\u00e1 el jueves, rivalizan contra el gobierno de Puerto Rico fondos buitre como Aurelius Capital, representados por el bufete puertorrique\u00f1o McConnell Vald\u00e9s y el estadounidense Robbins, Russell, Englert, Orseck, Untereiner <><><><><><><><><><><><><><><><><> Sauber, este \u00faltimo famoso por prevalecer en el llamado ‘Juicio del siglo’ en contra de Argentina. En ese caso, el periodista argentino Carlos Burgue\u00f1o explic\u00f3 al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que los fondos buitre lograron el cobro de aproximadamente $9,500 millones y el gobierno argentino gast\u00f3 cerca de $9,800 millones en multas y abogados.\/p<\/p>\n

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El gobierno busca con su defensa que se aplique la suspensi\u00f3n de litigios que establece PROMESA para protegerse de las demandas de los acreedores, una de las razones principales por las que alegadamente apoy\u00f3 la ley federal PROMESA.\/p<\/p>\n

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Este podr\u00eda ser el comienzo de un litigio largo, contencioso y costoso, donde se juega el qui\u00e9n decide c\u00f3mo se usa el presupuesto del gobierno, el cual ser\u00eda revisado adem\u00e1s por la Junta de Control Fiscal, un cuerpo de siete miembros nombrados por el Congreso de Estados Unidos para supervisar las finanzas del gobierno y que puede imponer sus decisiones sobre la legislatura y el ejecutivo de Puerto Rico.\/p<\/p>

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‘Se le va la vida al gobierno. Si el juez Besosa abre la pluma, los procesos de reestructuraci\u00f3n voluntaria mediante negociaci\u00f3n se van a ir por el chorro’, estim\u00f3 Rolando Emmanuelli Jim\u00e9nez, abogado experto en procesos de quiebra.\/p<\/p>\n

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Emmanuelli Jim\u00e9nez entiende que bajo la Ley de Quiebra federal la determinaci\u00f3n de no aplicar la suspensi\u00f3n de litigios no se sostendr\u00eda. Seg\u00fan el abogado, esa regla tambi\u00e9n deber\u00eda aplicar bajo la Ley PROMESA, la cual fue creada usando los reglamentos de las leyes de quiebra de Estados Unidos.\/p<\/p>\n

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‘Desde los primeros borradores de PROMESA he planteado que la inmolaci\u00f3n del gobierno no iba a garantizar ninguna de las ventajas que reclamaba. La Ley de Moratoria fue sin duda un acto de emergencia y \u2018defensa propia’ frente a los acreedores, la justicia federal y el resto de los componentes del gobierno federal’, analiz\u00f3 por su parte Carlos E. Ramos, abogado especializado en derecho constitucional.\/p<\/p>\n

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‘Sucedi\u00f3 lo que se esperaba: una interpretaci\u00f3n de PROMESA que es plausible y posible sobretodo si la \u00f3ptica es [priorizar] los intereses de los acreedores. Interpretar que un stay (suspensi\u00f3n) en cobro de deuda es distinto a cuestionar d\u00f3nde y c\u00f3mo el gobierno deposita su dinero en perjuicio de las reclamaciones una vez concluya el stay. Es, repito, leg\u00edtima, pero muy restrictiva con los intereses de Puerto Rico y su gobierno. Muchos de estos casos est\u00e1n asignados a un juez y sistema de justicia federal que ya aval\u00f3 estos enfoques restrictivos y contrarios a nuestros intereses colectivos’, a\u00f1adi\u00f3 Ramos.\/p<\/p>\n

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Lee el resto de la historia en el a href=’http:\/\/periodismoinvestigativo.com\/2016\/09\/en-manos-del-juez-federal-besosa-el-destino-de-los-fondos-del-gobierno\/’Centro de Periodismo Investigativo\/a.\/p<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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