El Tribunal de San Juan orden\u00f3 el miercoles a First Bank que entregue mediante expediente sellado, las seis cajas donde supuestamente mantienen el historial de pago de las Empresas Ramallo, luego que la Asamblea Municipal de San Juan emitiera un interdicto para proceder con la investigaci\u00f3n de una transacci\u00f3n ‘sumamente fr\u00e1gil’ ocurrida bajo la pasada administraci\u00f3n.<\/p>\n
El abogado de la parte demandante, Carlos Vicente, explic\u00f3 en sala que la legislatura recurri\u00f3 al Tribunal con el \u00fanico prop\u00f3sito de poder cumplir con el poder de investigaci\u00f3n que le otorga la Ley de Municipios Aut\u00f3nomos, en este caso, en torno a una compraventa con First Bank, como tenedor de la hipoteca de la propiedad de las Empresas Ramallo, que implic\u00f3 una emisi\u00f3n de bonos de $55 millones, cuyo acreedor fue ese mismo banco.<\/p>\n
El municipio compr\u00f3la parcela mediante la emisi\u00f3n de bonos autorizada por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Tras comprar la propiedad, Ramallo se qued\u00f3 como arrendatario con un canon que totalizaba $23.9 millones durante el t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os, renovable a tres t\u00e9rminos de cinco a\u00f1os. Sin embargo, el arrendatario se acogi\u00f3 a la Ley de Quiebra, por lo que el Municipio se qued\u00f3 con una propiedad en desuso, por la que ha pagado m\u00e1s de $10.3 millones, desde que comenz\u00f3 a pagar al banco en 2012.<\/p>\n
La presidenta de la legislatura,Yolanda Zayas Santana, indic\u00f3 a la prensa que desde marzo de 2014 han estado solicitando documentaci\u00f3n al banco que permita observar si hubo tasaci\u00f3n de la propiedad o si se investig\u00f3 la capacidad de pago deRamallo, a quien su abogado calific\u00f3 como un ‘deudor p\u00e9simo’.<\/p>\n
‘Fue una transacci\u00f3n abusiva para el Gobierno’, asegur\u00f3 el licenciado Vicente ante\u200beljuez\u00c1ngelPag\u00e1nOcasio. ‘Si fuese s\u00f3lida, que los fondos p\u00fablicos no estuviesen en precario (…) el banco no tendr\u00eda preocupaci\u00f3n en entregar todo’, sugiri\u00f3.<\/p>\n
Entretanto, el abogado defensor, Francisco Villarubia, expres\u00f3 que el poder de la asamblea municipal es limitado, e invoc\u00f3 una protecci\u00f3n a los derechos de terceros y a los secretos de negocio para no entregar algunos documentos. ‘Decir que la Asamblea tiene poder de ver todas las transacciones en la vida del cliente con el banco, entendemos que no procede’, defendi\u00f3 sobre las seis cajas de documentos no digitalizados y ‘minutas voluminosas’, donde indic\u00f3 que se discut\u00edan otros asuntos no relacionados al caso.<\/p>\n
Indic\u00f3 que la corporaci\u00f3n se debe a sus accionistas y al cumplimiento con las regulaciones federales, por lo que ten\u00eda que sopesar su responsabilidad de mantener acuerdos confidenciales.<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la compraventa se realiz\u00f3 con financiamiento de otras dos instituciones bancarias privadas, RG y Santander, que no han sido citadas ante el tribunal.<\/p>\n
‘Basta ya de seguir con esta dilaci\u00f3n. La legislatura municipal tiene una encomienda y la va a cumplir’, exhort\u00f3, por su parte, Vicente, al advertir que si no se resolv\u00eda a tiempo se har\u00eda un da\u00f1o irreparable al poder investigativode la legislatura municipal, que no puede estar sujeto a vaivenes pol\u00edtico partidistas.<\/p>\n
El juez Pag\u00e1n Ocasio se comprometi\u00f3 en atender el caso con ‘celeridad’, a lo que le orden\u00f3 al banco un plazo de 30 d\u00edas para entregar en expediente sellado, marcado como confidencial, todos los documentos sobre los que se reclama un privilegio. La parte demandante tendr\u00e1 hasta el 31 de marzo para someter su r\u00e9plica a los argumentos de ‘privilegio’. Las partes deber\u00e1n entregar tambi\u00e9n una moci\u00f3n conjunta el 27 de febrero, indicando los documentos a los que s\u00ed han llegado a acuerdos o los que First Bank est\u00e1 dispuesto a permitir que los legisladores examinen.<\/p>\n
Los legisladores de la minor\u00eda popular, \u00c1ngel Noel Rivera y Marcos Rigau Jim\u00e9nez,hab\u00edan denunciado en 2010 que se hab\u00eda concretado una reuni\u00f3n a puertas cerradascon funcionarios de First Bank, Ramallo y del Ejecutivo Municipal, previo a la celebraci\u00f3n de una vista p\u00fablica para la consideraci\u00f3n del Proyecto de Ordenanza para comprar el edificio situado en la carretera n\u00famero 1, barrio Quebrada Arenas. En esa reuni\u00f3n, no se le permiti\u00f3 la entrada a los legisladores de minor\u00eda.<\/p>\n
En una reacci\u00f3n a trav\u00e9s de un comunicado de prensa, el banco indic\u00f3 que ‘FirstBank ha estado cooperando desde el inicio de la investigaci\u00f3n que realiza la asamblea municipal sobre la transacci\u00f3n de compra-venta y alquiler de Ramallo International Center, proveyendo la mayor\u00eda de los documentos solicitados excepto aquellos en los que tiene la responsabilidad de proteger informaci\u00f3n confidencial, informaci\u00f3n de terceros, informaci\u00f3n ajena a la transacci\u00f3n investigada e informaci\u00f3n privilegiada y confidencial del banco’.<\/p>\n
Lawrence Odell, asesor legal y portavoz oficial de FirstBank, inform\u00f3 que ‘el banco se reitera en que esta transacci\u00f3n se hizo dentro de los m\u00e1rgenes de la ley y cumpli\u00f3 con todos los requisitos y procesos establecidos por el Gobierno de Puerto Rico y por la instituci\u00f3n bancaria. El Municipio de San Juan present\u00f3 al banco un plan para el uso de estos terrenos y negoci\u00f3 con el vendedor. Ambos acordaron los t\u00e9rminos de la transacci\u00f3n y el banco actu\u00f3 de buena fe para facilitar la misma, luego de un proceso de evaluaci\u00f3n exhaustivo’.<\/p>\n
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