Varias semanas de cabildeo intenso y urgente en el Congreso federal por parte de tantos para buscar soluciones a la crisis fiscal de Puerto Rico parecen haber resultado en poco consenso y las partes a\u00fan muy enfrentadas en la discusi\u00f3n legislativa que comienza hoy, miercoles, en el Capitolio de Washington.<\/p>\n
Luego de varios borradores y revisiones hasta \u00faltima hora, la propuesta Ley para la Supervisi\u00f3n, Gerencia y Estabilidad Econ\u00f3mica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingl\u00e9s), a\u00fan le impondr\u00eda a la isla una Junta de Control Fiscal, acci\u00f3n que genera la oposici\u00f3n m\u00e1s f\u00e9rrea por parte del gobierno de Puerto Rico y muchos otros sectores del pa\u00eds.<\/p>\n
El anteproyecto de ley PROMESA es un intento del Congreso de atender el reclamo del gobierno de Puerto Rico que les permita reestructurar gran parte de la deuda p\u00fablica de $73 mil millones que agobia a la isla. Con pagos en mayo y julio de $1.6 mil millones por el servicio de la deuda que no puede pagar, el gobernador Alejandro Garc\u00eda Padilla declar\u00f3 la semana pasada que el gobierno est\u00e1 insolvente y la Legislatura aprob\u00f3 de emergencia una moratoria temporera al pago de la deuda.<\/p>\n
Esto le a\u00f1adi\u00f3 m\u00e1s urgencia a las negociaciones en el Comit\u00e9 de Recursos Naturales de la C\u00e1mara de Representantes. El proyecto de ley le permite a la isla reestructurar la deuda, pero como prerequisito, impone la junta para auditar y reformar las finanzas, el presupuesto y parte de las operaciones del pa\u00eds.<\/p>\n
Aunque la versi\u00f3n final del proyecto presentada el martes suaviza un poco la autoridad de la junta para dictaminarle al gobierno medidas espec\u00edficas de austeridad para confrontar la crisis, seguir\u00eda ejerciendo el poder de fijar las pautas para un plan fiscal, limitar y aprobar el presupuesto de Puerto Rico, y anular, aunque m\u00e1s indirectamente que un borrador anterior, leyes aprobadas por la Legislatura que entran en conflicto con el plan fiscal.<\/p>\n
Ese plan y el presupuesto lo elaborar\u00eda el gobernador utilizando pautas espec\u00edficas que aseguren fondos necesarios para los servicios p\u00fablicos esenciales, estimados correctos de ingresos para cuadrar el presupuesto, fondos suficientes para las pensiones, la eliminaci\u00f3n de los d\u00e9ficits estructurales, y el mejorar el manejo fiscal y de la deuda, entre otros puntos.<\/p>\n
Si la junta estima que el plan o el presupuesto presentado por el gobernador no cumple con esas pautas, puede elaborar e implementar su propio plan y presupuesto. Los cr\u00edticos de PROMESA en la isla y en Washington afirman que estos poderes son excesivos y antidemocr\u00e1ticos.<\/p>\n
En el anteproyecto final, tambi\u00e9n se ampli\u00f3 la junta para incluir la minor\u00eda dem\u00f3crata en el proceso de selecci\u00f3n. En vez de cinco miembros, la junta se compondr\u00e1 de siete miembros con voto. Los nombrar\u00e1 el presidente de los Estados Unidos \u2013 dos de una lista provista por el Portavoz de la C\u00e1mara de Representantes federal, dos de una lista del Presidente del Senado, uno de cada una de las listas ofrecidas por los l\u00edderes de la minor\u00eda en C\u00e1mara y Senado, y uno a discreci\u00f3n del presidente.<\/p>\n
Uno de los que sugiere el Portavoz de la C\u00e1mara tendr\u00e1 que ser residente o tener negocios principales en Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico ser\u00eda un miembro sin voto. El representante sin voto del Departamento del Tesoro federal se elimin\u00f3 de la junta.<\/p>\n
A pesar de la oposici\u00f3n de varios grupos de acreedores de permitirle a Puerto Rico reestructurar su deuda, el proyecto de ley incluye mecanismos para as\u00ed hacerlo, primero por medio de acuerdos voluntarios y luego por la v\u00eda judicial de ser necesario. Borradores anteriores establec\u00edan que solo la junta podr\u00eda acudir a los tribunales representando al gobierno. Pero la versi\u00f3n final permitir\u00eda que el gobierno acuda al tribunal directamente luego de recibir la aprobaci\u00f3n de la junta.<\/p>\n
Y la versi\u00f3n presentada el martes incluye m\u00e1s revisiones que requieren que las 2\/3 partes de los acreedores de un grupo aprueben los acuerdos voluntarios, sin especificar si los que no est\u00e1n de acuerdo a\u00fan pueden acudir a un tribunal.<\/p>\n
La versi\u00f3n a discutirse hoy a\u00f1ade una secci\u00f3n detallada que establece diferencias entre los tipos de deuda que tiene Puerto Rico y varias formas y prioridades que se le parece dar a cada uno. Esto parece reflejar las preocupaciones de los acreedores que luchan por asegurar sus pagos y rechazan que la junta o el gobierno establezca prioridades de pago a su discreci\u00f3n.<\/p>\n
El representante Rob Bishop, quien preside el Comit\u00e9 de Recursos Naturales de la C\u00e1mara, expres\u00f3 que el proyecto de ley es el resultado de un proceso abierto de mucha colaboraci\u00f3n entre todas las partes en aras de conseguir un ‘consenso responsable’. Estas reformas, a\u00f1adi\u00f3, respetan los derechos de todos y encamina a la isla hacia una responsabilidad fiscal para atender la crisis humanitaria y evitar un rescate financiero por parte de los contribuyentes estadounidenses en el futuro.<\/p>\n
Pero la l\u00edder de la minor\u00eda dem\u00f3crata, la representante Nancy Pelosi, no qued\u00f3 satisfecha con los cambios y afirm\u00f3 que el Congreso tiene la responsabilidad de atender esta crisis de una manera m\u00e1s sostenible a largo plazo. Por ejemplo, PROMESA dice muy poco sobre posibles medidas de desarrollo econ\u00f3mico por parte de Washington que ayudar\u00eda a Puerto Rico a salir del estancamiento econ\u00f3mico que lleva 10 a\u00f1os aquejando la isla.<\/p>\n
Afirm\u00f3 que los problemas en el proyecto de ley se pueden arreglar y que los dem\u00f3cratas continuar\u00e1n presionando para lograrlo.<\/p>\n
‘Hay que trabajar m\u00e1s sobre el fondo, el coraz\u00f3n de la propuesta republicana para mejorar la composici\u00f3n, el alcance y los l\u00edmites de la junta y hacer m\u00e1s eficiente el proceso de reestructuraci\u00f3n (de la deuda) para que sea m\u00e1s factible,’ afirm\u00f3 Pelosi. ‘Adem\u00e1s, nos preocupa como la legislaci\u00f3n afecta negativamente a los trabajadores en Puerto Rico, as\u00ed como las consecuencias de transferir los terrenos federales en Vieques sin asegurar las protecciones fuertes en pro la conservaci\u00f3n.’<\/p>\n
El Comisionado Residente de Puerto Rico Pedro Pierluisi, reaccionando a esta cr\u00edtica por parte de varios sectores en Puerto Rico y del Departamento de Interior de los Estados Unidos, expres\u00f3 que se ha cambiado esa parte del proyecto de ley para asegurar que solo se podr\u00eda entregar los terrenos en Vieques para uso de la conservaci\u00f3n, no para el desarrollo privado.<\/p>\n
Otros puntos inclu\u00eddos o cambiados en el versi\u00f3n final del proyecto de ley PROMESA incluyen:<\/p>\n
\u2022 Para empleados del gobierno que provean informaci\u00f3n falsa a la junta, se elimin\u00f3 la posibilidad de encarcelamiento y la penalidad de hasta $1,000 delineadas en versiones anteriores, y determina que las personas enfrentar\u00e1n cargos de acuerdo a las leyes de Puerto Rico. La junta no podr\u00e1 despedir a empleados gubernamentales que no sigan sus \u00f3rdenes.<\/p>\n
\u2022 El salario m\u00ednimo para empleados de 25 a\u00f1os de edad o menos ser\u00eda $4.25 la hora, a diferencia de las versiones anteriores del proyecto de ley que eliminaba el salario m\u00ednimo federal, pero no establec\u00eda un m\u00ednimo.<\/p>\n
\u2022 La junta podr\u00e1 recomendarle al gobernador cambios en personal, la reestructuraci\u00f3n de agencias gubernamentales, medidas para lograr que el gobierno funcione de forma m\u00e1s eficaz, y otras medidas. El gobernador est\u00e1 obligado a responderle a la junta y al Congreso si acepta las recomendaciones o decide no implementarlas, a diferencias de las versiones anteriores en que obligaba al gobernador a ponerlas en marcha.<\/p>\n
\u2022 La junta puede solicitar un an\u00e1lisis o una auditor\u00eda de los sistemas de retiro en Puerto Rico, pero ya no tendr\u00eda la autoridad para alterar los beneficios de los jubilados unilateralmente.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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