El rompimiento del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) con miras a que una nueva entidad financiera se encargue de ser ‘puente’ para las obligaciones de la atribulada corporaci\u00f3n p\u00fablica es una de las movidas que llev\u00f3 a un grupo de inversionistas notorios a demandar al Gobierno de Puerto Rico el jueves pasado, mismo d\u00eda en que se convirti\u00f3 en ley el paquete de rescate federal conocido como ‘PROMESA’ y que da paso a la reestructuraci\u00f3n de deuda p\u00fablica.<\/p>\n
La solicitud del grupo al juez federal Francisco A. Besosa es que emita un interdicto contra la aplicaci\u00f3n de la Ley de Moratoria que la Administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla introdujo sorpresivamente este a\u00f1o y que ya ha usado para declarar en emergencia al BGF y otras entidades p\u00fablicas con el fin de detener los pagos de sus obligaciones.<\/p>\n
No se trata de la primera demanda federal que solicita una determinaci\u00f3n en contra de la Ley de Moratoria pero es la primera que ocurre a t\u00edtulo individual de parte de bonistas y entidades afiliadas.<\/p>\n
El grupo representa a los acreedores de sobre $100 millones en bonos del BGF e indican que el gobierno ha incurrido en la pr\u00e1ctica de negociar con algunos condiciones favorables y a otros dejarlos fuera. A\u00f1aden que la ley federal de rescate no impide la acci\u00f3n legal que presentaron a trav\u00e9s del licenciado Etienne Totti. Atacan tambi\u00e9n las disposiciones de la Ley de Moratoria sobre la activaci\u00f3n de un ‘banco puente’ para manejar los activos que queden del BGF con criterios que se dice son arbitrarios.<\/p>\n
Los demandantes incluyen a Dionisio Trigo Gonz\u00e1lez y su esposa Carmen Regina Su\u00e1rez, inversionistas del \u00e1rea de restaurantes y parte del grupo que adquiri\u00f3 los activos del peri\u00f3dico El Vocero en el Tribunal de Quiebras; Benigno Trigo Gonz\u00e1lez y su esposa Teresa Zapata Bird; Trigo Corp.; Guillermo L. Mart\u00ednez, contratista gubernamental y miembro de la Sociedad Econ\u00f3mica de Amigos del Pa\u00eds, y su esposa Bertita Mart\u00ednez; Gustavo Hermida Cela, de CIC Construction, y su esposa Gloria Col\u00f3n Su\u00e1rez; Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Cordero, de Empire Gas, y su esposa Ketty Simounet; el Dr. Jorge Hess y su esposa Regina Trigo; Trimar Investments Corp.; San Rafael Holdings, LLC; Ceci Montilla Rojo, quien hab\u00eda llevado un pleito por p\u00e9rdida de valor de inversi\u00f3n contra el Banco Popular; 322 De Diego Holdings, LLC; Jos\u00e9 A. Vald\u00e9s Muzaurieta, de VRM Enterprises y de Bonistas del Patio, y su esposa Adrienne Muentes Ortiz; Valmu Trust; 2015, LLC; Eduardo Artau G\u00f3mez, fundador de Metro Pav\u00eda Health System, y su esposa Carmen Feliciano Vargas; First Medical Health Plan, Inc.; el ingeniero y contratista gubernamental Adriel Longo Ravelo; Ernesto A Smithy su esposa Saress E. Smith; el desarrollador Federico M. Stubbe Arzuaga; Federico Stubbe Gonz\u00e1lez; Stugo, LLC; FSA Investments, LLC; Northshore Management, Corp.; 419 Ponce de Le\u00f3n, Inc., una entidad asociada a Empresas Fonalledas; y los herederos de Rosario Ferr\u00e9 Ram\u00edrez de Arellano (BenignoTrigo Ferr\u00e9, Rosario Lorenza Trigo Ferr\u00e9, y Luis Alfredo Trigo Ferr\u00e9).<\/p>\n
La demanda no desglosa cu\u00e1l es el tipo de acreencia de cada demandante ni a cu\u00e1nto asciende individualmente.<\/p>\n
Los demandados son el gobernador Alejandro Garc\u00eda Padilla, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, el BGF, su presidenta Melba Acosta, la nueva Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, y su director, V\u00edctor Su\u00e1rez.<\/p>\n