El portavoz de la mayor\u00eda en la C\u00e1mara, Carlos Hern\u00e1ndez L\u00f3pez, radic\u00f3 una resoluci\u00f3n oponiendose al aumento de 20% en los aranceles para radicar casos civiles en los tribunales de Puerto Rico y notific\u00e1ndole al Tribunal Supremo que no se considerar\u00e1 para su aprobaci\u00f3n.<\/p>\n
La medida que cont\u00f3 con el apoyo de representantes mayor\u00eda y minor\u00eda, incluyendo a la portavoz de minor\u00edaJennifferGonz\u00e1lez Col\u00f3n, y los representantes Carlos Bianchi Angler\u00f3, Jes\u00fas Santa Rodr\u00edguez, Nelson Torres Yord\u00e1n, C\u00e9sar Hern\u00e1ndez y Carlos J. M\u00e9ndez N\u00fa\u00f1ez, sostiene que el Alto Foro fall\u00f3 en cumplir con ciertas condiciones de notificaci\u00f3n y que el aumento no se justifica porque ya hubo uno recientemente por lo que la Rama Judicial debe recortar gastos.<\/p>\n
A tales efectos, ‘no se justifica un aumento de los derechos arancelarios en el Tribunal General de Justicia, a apenas cuatro a\u00f1os de haber recibido el \u00faltimo cambio en la ‘Ley de Aranceles’. Es por lo anterior que ejerciendo nuestras facultades constitucionales esta Asamblea Legislativa no aprueba al aumento solicitado’.<\/p>\n
La Asamblea Legislativa ‘desaprueba el aumento en los derechos arancelarios establecidos en la Resoluci\u00f3n N\u00fam. ER2015-1 emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 9 de marzo de 2015, y no considerar\u00e1 la misma para su aprobaci\u00f3n’, reza la resoluci\u00f3n concurrente cameral 51.<\/p>\n
El pasado 9 de marzo de 2015 el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprob\u00f3 una resoluci\u00f3n aumentando el precio de los derechos arancelarios en los procesos civiles con la oposici\u00f3n de tres jueces asociados<\/p>\n
Seg\u00fan la resoluci\u00f3n, el Tribunal Supremo estaba obligado por ley a notificar a la Secretar\u00eda de los Cuerpos Legislativos la decisi\u00f3n emitida el pasado 9 de marzo, para que sea aprobada o rechazada por la Asamblea Legislativa as\u00ed como someter informe expresando los fundamentos para sustentar la movida. La resoluci\u00f3n fue notificada err\u00f3neamente a la oficina de asesores del Presidente de la C\u00e1mara, y no fue hasta el 25 de marzo de 2015 que la Secretar\u00eda tuvo conocimiento de dicha notificaci\u00f3n.<\/p>\n
‘Por otro lado, dicha notificaci\u00f3n deb\u00eda ir acompa\u00f1ada de alg\u00fan informe t\u00e9cnico que colocara a los legisladores en posici\u00f3n de evaluar responsablemente la petici\u00f3n de aumentos de los aranceles\u2026 La notificaci\u00f3n emitida por nuestro Alto Foro se limit\u00f3 a agrupar en un sobre la resoluci\u00f3n y las opiniones de los miembros del Pleno y enviarla al recinto donde habitan los Cuerpos Legislativos’, reza el documento.<\/p>\n
A tales efectos, la C\u00e1mara estableci\u00f3 que el Tribunal Supremo incumpli\u00f3 con notificar debidamente la Resoluci\u00f3n de referencia, ni notific\u00f3 el informe t\u00e9cnico a los presidentes de los Cuerpos Legislativos seg\u00fan exige la Ley.<\/p>\n
‘Sabido es que la falta de una debida notificaci\u00f3n en las causas adjudicativas es una violaci\u00f3n al debido proceso de ley. Lo menos que cualquier tribunal hubiese determinado, en circunstancias similares, ser\u00eda la desestimaci\u00f3n del caso. No obstante lo anterior, con todo y el craso incumplimiento, damos por notificada la Resoluci\u00f3n, haciendo constar que no se acompa\u00f1\u00f3 con \u00e9sta ning\u00fan informe t\u00e9cnico que la sustente’, dice el documento.<\/p>\n
Al destacar, sin embargo, que a la Asamblea Legislativa le toca pasar juicio sobre la delegaci\u00f3n parcial que se la ha conferido al Tribunal Supremo para establecer los derechos arancelarios en los procesos judiciales y que no abdic\u00f3 esa responsabilidad, la resoluci\u00f3n establece que no es momento para un aumento en los aranceles cuando ya se hizo uno hace apenas cuatro a\u00f1os. En aquella ocasi\u00f3n, la Asamblea Legislativa entendi\u00f3 que el aumento era necesario toda vez que la Oficina de Administraci\u00f3n de Tribunales aleg\u00f3 que mediante \u00e9ste se propon\u00eda simplificar y modernizar sus facilidades y agilizar procesos.<\/p>\n
‘Sin embargo, en esta ocasi\u00f3n las razones son medidas econ\u00f3micas y alegados problemas de liquidez de la Rama Judicial. De la Resoluci\u00f3n emitida, y principalmente del voto particular de conformidad emitido por la Jueza Presidenta, (Liana) Fiol Matta, no nos lleva a concluir que la Rama Judicial no tiene otros recursos o medidas para acortar gastos. Las otras dos Ramas Constitucionales han tenido que hacer esfuerzos tit\u00e1nicos para reducir gastos, que incluyen desde la reducci\u00f3n sustancial de contratos privados, hasta una mejor utilizaci\u00f3n de los recursos muebles e inmuebles del gobierno. En la Asamblea Legislativa, los legisladores se redujeron su compensaci\u00f3n econ\u00f3mica significativamente y desde hace a\u00f1os eliminaron la utilizaci\u00f3n de veh\u00edculos p\u00fablicos para los legisladores. Todo el pueblo, especialmente los empleados p\u00fablicos, han tenido que poner su grano de arena para lidiar con esta crisis econ\u00f3mica’, dice la resoluci\u00f3n.<\/p>\n
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