Seis trabajadores sociales y una tecnico psicosocial denunciaron el lunes el patr\u00f3n de hostigamiento laboral que lleva a cabo la procuradora de las Mujeres, Wanda V\u00e1zquez, desde el pasado agosto cuando de manera arbitraria les cambio el horario de trabajo a turnos rotativos, lo que ha impacto adversamente la prestaci\u00f3n de los servicios.<\/p>\n
Los siete empleados laboran en el Centro de Respuesta Integrada de Apoyo y Servicios para la Mujer (CRIAS), la l\u00ednea telef\u00f3nica de orientaci\u00f3n de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).<\/p>\n
Seg\u00fan Brenda Rosario Gonz\u00e1lez, los cambios han redundado que algunos compa\u00f1eros trabajen de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., mientras otros laboran de 3:30 p.m. a 12:00 a.m. y 12:00 a.m. a 8:00 a.m. El problema es que los turnos ahora son rotativos las 24 horas, por lo cual se les dificulta darle seguimiento a los casos que ya ten\u00edan asignados y se coloca a las participantes en una posici\u00f3n de revictimizaci\u00f3n al tener que hablar sobre sus problemas con otro trabajador social, lo que implica un retraso en la intervenci\u00f3n.<\/p>\n
De acuerdo a Rosario Gonz\u00e1lez, los cambios ocurrieron luego de que el personal se negara a proveer sus n\u00fameros de celular personal a los clientes y la OPM no quisiera continuar pagando los celulares prepagados comprados por los empleados.<\/p>\n
La g\u00e9nesis de la controversia se dio el pasado junio, cuando la OPM les inform\u00f3 a los empleados que ya no les pagar\u00eda el diferencial a las personas que trabajaran fuera del horario laboral, incluyendo los fines de semana y d\u00edas feriados. Adem\u00e1s, se les indic\u00f3 que los celulares que ten\u00edan asignados para canalizar llamadas fuera del horario laboral quedar\u00edan suspendido debido a la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno (Ley 66).<\/p>\n
Ante esto \u00faltimo, los empleados propusieron el uso de celulares prepagados, pero la OPM se neg\u00f3 a continuar emitiendo los pagos de dichos servicios, e insisti\u00f3 que los funcionarios les proveyeran a sus clientes sus tel\u00e9fonos personales, cosa que se negaron.<\/p>\n
De hecho, Rosario Gonz\u00e1lez, aleg\u00f3 que hubo una reuni\u00f3n en julio en la que particip\u00f3 V\u00e1zquez, y se les indic\u00f3 que ‘era o lo brind\u00e1bamos (el celular personal) o simplemente se hac\u00edan los cambios de rotaci\u00f3n. Bajo la amenaza de que pod\u00edamos perder nuestros empleos porque hab\u00edan otras personas preparadas disponibles para ocupar nuestros espacios o traslados a otras instituciones. Que no pod\u00edamos convertirnos en piedras de tropiezo’.<\/p>\n
Los empleados llevaron su reclamo al Tribunal, pero el juez \u00c1ngel Pag\u00e1n Ocasio, desestim\u00f3 la demanda aduciendo que carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n para dilucidar la controversia y que el foro apropiado era la Comisi\u00f3n Apelativa del Servicio P\u00fablico (CASP). Sin embargo, los empleados acudieron al Tribunal de Apelaciones para apelar la decisi\u00f3n del Tribunal de Primera Instancia, proceso que no ha concluido.<\/p>\n
Paralelo a esto, la Comisi\u00f3n de Normas y Pr\u00e1cticas de la Profesi\u00f3n del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, llev\u00f3 a cabo otro procedimiento.<\/p>\n
Seg\u00fan el presidente del Colegio, Larry Alicea Rodr\u00edguez, esta Comisi\u00f3n determin\u00f3 que se les estaban violando los derechos laborales de autonom\u00eda profesional y el derecho a la garant\u00eda y preservaci\u00f3n de sus funciones laborales a estos empleados.<\/p>\n
Esta determinaci\u00f3n se refiri\u00f3 a la Comisi\u00f3n de Querellas y Arbitraje, para que hagan acercamientos directos a la OPM, con el fin de que haya un cese y desista en el patr\u00f3n de hostigamiento laboral y represalias hacia los empleados.<\/p>\n
En cuanto a CASP, todav\u00eda est\u00e1n pendientes todas las apelaciones presentadas por los empleados.<\/p>
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