‘Esos n\u00fameros est\u00e1n totalmente fuera de lo razonable y algunos eran bastante absurdos para serles franco, porque mezclaron y duplicaron’, dijo Villamil durante la convenci\u00f3n de 2018 de la Asociaci\u00f3n de la Industria de Biotecnolog\u00eda Agr\u00edcola de Puerto Rico, conocida por sus siglas en ingles como PRABIA. Villamil hizo sus declaraciones mientras presentaba un estudio, comisionado por las propias semilleras, sobre las alegadas aportaciones de estas para la econom\u00eda de Puerto Rico.<\/p>\n
El economista explic\u00f3, en una entrevista posterior con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que en la investigaci\u00f3n supuestamente se hab\u00eda calculado que todas las semilleras se hab\u00edan acogido a los incentivos de ‘agricultores bonafide’. Estos permiten una exenci\u00f3n contributiva del 90% de los ingresos generados en el negocio agr\u00edcola, por ejemplo. Adem\u00e1s, Villamil aleg\u00f3 que la serie investigativa part\u00eda de la premisa de que el monto recibido por las semilleras era dinero directo entregado a estas. ‘Si los beneficios no se hubiesen ofrecido, las empresas se hubieran ido a Hawaii y Arizona’, sostuvo Villamil.<\/p>\n
Las semilleras reciben incentivos de Fomento Industrial, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Autoridad de Energ\u00eda Electrica y la Administraci\u00f3n para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, entre otras dependencias gubernamentales.<\/p>\n
De los $526 millones en privilegios fiscales que recibieron estas semilleras durante la crisis, $478 millones corresponden a tasas contributivas preferenciales y exenciones que impactan la capacidad de recaudaci\u00f3n del Departamento de Hacienda, seg\u00fan un informe que entreg\u00f3 esa agencia a petici\u00f3n del CPI.<\/p>\n
Hacienda detall\u00f3 en una parte del documento el costo fiscal de las empresas que recibieron beneficios contributivos por ser agricultores bonafide y, en otra parte del documento, el desglose de las empresas que se acogen a la Ley 73 de 2008 (incentivos industriales), de modo que no los mezcl\u00f3.<\/p>\n
Las compa\u00f1\u00edas que se acogen a la Ley 73 de 2008 no pueden recibir los beneficios de los agricultores bonafide ni viceversa<\/a>[1]<\/a> , y por eso no pueden mezclarse todas las empresas al hacer un an\u00e1lisis de costo fiscal para las arcas p\u00fablicas. Hacienda us\u00f3 datos de 2005 a 2014, porque alega que eran los m\u00e1s recientes que ten\u00eda disponible.<\/p>\n Ya que los n\u00fameros est\u00e1n separados por tipo de incentivo, esto desmiente las declaraciones de Villamil.<\/p>\n Los privilegios fiscales en cuesti\u00f3n los recibieron principalmente empresas que ahora est\u00e1n en los conglomerados Bayer CropScience y Monsanto, y Dow AgroSciences, Mycogen Seeds, Dupont y Pioneer (ahora bajo la fusi\u00f3n llamada Corteva). Las compa\u00f1\u00edas Illinois Crop Improvement Association, Syngenta Seeds, AgReliant Genetics y RiceTec tambien se beneficiaron de estos incentivos.<\/p>\n El principal objetivo de los experimentos de este grupo empresarial durante la primera decada de la crisis fiscal fue desarrollar ma\u00edz y soya modificadas geneticamente para resistir al yerbicida glifosato, un agroqu\u00edmico que est\u00e1 siendo cuestionado en los tribunales federales por alegadamente causar c\u00e1ncer.<\/p> De la informaci\u00f3n que ofreci\u00f3 Hacienda, el CPI cuestion\u00f3 a la agencia el dato de las empresas que se acogen a las exenciones de agricultores bonafide, cuyo costo fiscal fue de $228,604. Esto parece muy poco si se compara con el costo fiscal de $477,749,235 de las que reciben incentivos industriales. Pero Hacienda limit\u00f3 la respuesta por alegadamente tratarse de informaci\u00f3n contributiva.<\/p>\n Las tasas contributivas y exenciones no son dinero directo entregado a las empresas. Son beneficios fiscales que afectan la capacidad de los gobiernos de recaudar fondos p\u00fablicos y cumplir con sus obligaciones fiscales. Hacer un informe de esos beneficios contributivos para empresas e individuos ya es una medida recomendada<\/a> por la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental, que delinea las mejores pr\u00e1cticas para hacer informes financieros.<\/p>\n ‘Estos incentivos se documentan en los informes como un gasto porque, al no haberlo cobrado el gobierno, tienen el mismo efecto en el presupuesto que haber desembolsado el dinero’, explic\u00f3 Michael Leachman, director de investigaci\u00f3n de asuntos fiscales para el Center on Budget and Policy Priorities, un grupo de an\u00e1lisis con sede en Washington DC, que analiza el impacto de las pol\u00edticas fiscales del gobierno federal y los estados.<\/p>\n ‘Si no est\u00e1s rastreando esas cosas te puedes meter en problemas. Hay exenciones de 30 a 40 a\u00f1os que pueden estar viejos y no servir su prop\u00f3sito. Pero los cabilderos corporativos sostienen todo el tiempo que necesitan m\u00e1s dinero en incentivos para quedarse. La literatura generalmente concluye que los impuestos locales y estatales son un por ciento peque\u00f1o de los criterios que se usan para hacer negocios en un lugar. Hay otros factores. Las empresas buscan suplidores, bajos costos de energ\u00eda, estar cerca del mercado al que necesitan llegar y tener una mano de obra preparada que les ayude a hacer su producto. Para decir que se hubieran ido a otro lugar si no le dan los subsidios hay que hacer otro tipo de estudio’.<\/p>\n La historia Una alfombra roja de mantengo corporativo impulsa los transgenicos en Puerto Rico<\/a> explica que la isla ya tiene una gran ventaja competitiva que atrae a las semilleras independientemente de los incentivos: una temperatura anual promedio de 80 en el sur de la isla, donde est\u00e1n localizadas la mayor\u00eda de las tierras que tienen las semilleras.<\/p>\n Esto permite llevar a cabo hasta cuatro cosechas cada a\u00f1o del ma\u00edz y la soya, cuando en EE UU continental s\u00f3lo pueden hacer dos. Los env\u00edos hacia America del Norte de semillas transgenicas desarrolladas en Puerto Rico son m\u00e1s r\u00e1pidos que los de Hawaii. Y, sobre todo, la mayor\u00eda de las semilleras extranjeras ya se hab\u00edan establecido en Puerto Rico entre 1983 y 2003, antes de que fuera creada la Ley de Promoci\u00f3n y Desarrollo de Empresas de Biotecnolog\u00eda Agr\u00edcola de 2009, que ofrece todo un abanico de incentivos para este sector.<\/p>\n Por lo tanto, las alegaciones de Villamil sobre la serie Para\u00edso Transgenico<\/a> son falsas.<\/p>\n PRABIA invoc\u00f3 el informe de Estudios Tecnicos<\/a> en reuniones de cabildeo con legisladores<\/a> para defender sus privilegios fiscales, en momentos en que el Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio (DDEC) trataba de crear un nuevo C\u00f3digo de Incentivos que iba a recortar los que no dejaban un retorno de inversi\u00f3n al Gobierno, como lo son por ejemplo los subsidios a los agricultores bonafide, seg\u00fan el DDEC.<\/p>\n El gobernador, Ricardo Rossell\u00f3, dijo durante la convenci\u00f3n de PRABIA<\/a> que, por cada d\u00f3lar que invierte el Gobierno en incentivos para las semilleras, estas devuelven $5.36 a la econom\u00eda, un dato que surge del informe de Estudios Tecnicos.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/06\/29123029\/CST_Suma-Pasa-La-Llave_300x600.jpg\")
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