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[AN\u00c1LISIS]<\/i><\/p>\n
El arranque que tuvo la secretaria de Justicia, Dennise\u00a0Longo Qui\u00f1ones, contra la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por el manejo del referido del chat de Telegram, que conllev\u00f3 la renuncia del gobernador Ricardo Rossell\u00f3\u00a0Nevares, la ha colocado en una posici\u00f3n insalvable en el caso del informe de 48 horas sobre el almac\u00e9n de Ponce cuya divulgaci\u00f3n le reclaman periodistas y legisladores, estos mediante una orden judicial de desacato.<\/p>\n
Y es que resulta que para creerle a la Secretaria que el informe no debe ser divulgado, hay que creer, con igual\u00a0claridad, que en su disputa con la OPFEI la funcionaria violent\u00f3 las mismas leyes de confidencialidad que ahora levanta para rehusarse a toda costa a entregar copia del informe.<\/p>\n
En la moci\u00f3n de reconsideraci\u00f3n que someti\u00f3 ayer al juez Anthony Cuevas para evadir el plazo de 24 horas que le hab\u00edan impuesto para entregar el informe so pena de desacato a la C\u00e1mara de Representantes, Longo Qui\u00f1ones recurri\u00f3 a unos argumentos que coinciden con los que ha esgrimido en la demanda de la Asociaci\u00f3n de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo, quienes buscan acceso al informe. A saber, que el Art\u00edculo 13 de la Ley Org\u00e1nica del Departamento de Justicia dispone que ‘toda informaci\u00f3n obtenida como resultado de una investigaci\u00f3n realizada es confidencial’ y la Regla 514 de las de Evidencia en las partes que dispone que hay un privilegio sobre la ‘informaci\u00f3n oficial’ que manejan los funcionarios.<\/p>\n
Longo Qui\u00f1ones presenta su razonamiento de que el informe, realizado a instancias de la gobernadora Wanda\u00a0V\u00e1zquez Garced\u00a0tras el esc\u00e1ndalo p\u00fablico que se form\u00f3 el 18 de enero pasado por la divulgaci\u00f3n de un video sobre un almac\u00e9n de suministros en Ponce del Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci\u00f3n de Desastres, no puede ser divulgado porque ‘es un resumen de las gestiones investigativas del personal del NIE y su divulgaci\u00f3n pondr\u00eda al descubierto la metodolog\u00eda investigativa que ha desarrollado el Estado’.<\/p>\n
Para rematar, dice que ‘[p]eor a\u00fan, la divulgaci\u00f3n prematura de su contenido revelar\u00eda inevitablemente la naturaleza del testimonio ofrecido por los testigos entrevistados. M\u00e1s a\u00fan, con los peligros que ello supone, podr\u00eda develarse su identidad’.<\/p>\n
Esta preocupaci\u00f3n con que la publicaci\u00f3n del informe revele la identidad de testigos se repite de varias formas en su escrito, en el que indica que el informe ‘identifica\u00a0los puestos o posiciones de empleo de las personas entrevistadas y documentos examinados’.<\/p>\n
A\u00f1ade que es acertado que la ley decrete la confidencialidad de la investigaci\u00f3n\u00a0mientras est\u00e1 activa porque ‘de no ser as\u00ed, las investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia y de los agentes del NIE ser\u00edan inefectivas dado a que los potenciales testigos no se atrever\u00edan a hablar o la documentaci\u00f3n necesaria podr\u00eda ser desaparecida’.<\/p>\n
Ahora apliquemos estos mismos argumentos al comunicado que Longo Qui\u00f1os\u00a0emiti\u00f3 el 14 de febrero en respuesta a la resoluci\u00f3n en la que la OPFEI\u00a0critica a Justicia por las fallas en su referido sobre el chat ‘WRF’.<\/p>\n
En esas ‘declaraciones autorizadas’, que seg\u00fan fuentes de NotiCel\u00a0fueron producto de la propia Secretaria durante horas de esfuerzo esa madrugada, Longo Qui\u00f1ones divulg\u00f3\u00a0sus impresiones mentales sobre la prueba que obra en el expediente del chat, discute la naturaleza de la prueba recopilada, desglos\u00f3 los m\u00e9todos de recopilaci\u00f3n de evidencia, revela el contenido de conversaciones con otra agencia de gobierno sobre c\u00f3mo proceder con investigaciones criminales, y ‘peor a\u00fan’, como dice la misma Secretaria, revel\u00f3 la identidad de 14 testigos entrevistados por los fiscales y que, en su mayor\u00eda, se desconoc\u00eda que hubieran sido testigos en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Lo que el 27 de febrero est\u00e1 diciendo que no se puede hacer con el informe del almac\u00e9n porque la ley lo prohibe, lo hizo el 14 de febrero en su comunicado de prensa contra la OPFEI.<\/p>\n
Entonces, caben algunas preguntas. Si estuvo correcto divulgar lo que divulg\u00f3 sobre la investigaci\u00f3n del chat de Telegram, \u00bfpor qu\u00e9 el hermetismo en otros referidos a la OPFEI? (Recordemos que es la misma Secretaria que al principio de su mandato no quer\u00eda ni siquiera comunicar que se hab\u00eda hecho un referido, mucho menos el contenido.) \u00bfPor qu\u00e9 est\u00e1 bien que la Secretaria divulgue los nombres de los testigos entrevistados en la pesquisa de Telegram pero no est\u00e1 bien que divulgue los testigos entrevistados para el informe\u00a0del almac\u00e9n? \u00bfPor qu\u00e9 es apropiado que haya sometido la investigaci\u00f3n del chat a\u00a0un posible descarrilamiento por exponer prematuramente detalles de la pesquisa, pero no es apropiado hacer lo mismo en la pesquisa del almac\u00e9n?<\/p>\n
\u00bfSer\u00e1 que la Secretaria pens\u00f3 que ya la pesquisa del chat estaba cerrada para efectos de Justicia as\u00ed que ya no importaba si se afectaba la prueba aunque la OPFEI\u00a0apenas estuviera comenzando su indagaci\u00f3n? Y si pensaba que ya estaba cerrada, \u00bfpor qu\u00e9 en ese mismo comunicado, despu\u00e9s de quemar la identidad de los testigos, pidi\u00f3 que le devolvieran los expedientes de las personas a las que no se le hab\u00eda designado FEI\u00a0para as\u00ed ella seguirlos investigando en el Departamento?<\/p>\n
\u00bfPor qu\u00e9 le pareci\u00f3 a la Secretaria que era buena estrategia hacer a la prensa todas esas ‘declaraciones autorizadas’sobre el sumario fiscal de la investigaci\u00f3n del chat, pero ahora le pide al tribunal que no le conceda a la prensa acceso al informe del almac\u00e9n de Ponce?<\/p>\n
El derecho constitucional de acceso a la informaci\u00f3n existe, entre otras cosas, para proteger a los ciudadanos de este tipo de actuaci\u00f3n arbitraria y de interpretaciones acomodaticias de parte de los funcionarios. En manos del tribunal est\u00e1 hacerlo valer.<\/p>\n