Tanto Rodr\u00edguez como su esposa Carmen Ramos como accionistas de CRA Financial and Consulting Group, y las firmas Grupo de Consultor\u00eda y Management and Consulting Inc., a las cuales Ramos provee servicios forman parte de la solicitud de interdicto. La vista para atender la petici\u00f3n ser\u00e1 hoy, martes, en la sala de la Jueza Aileen Navas.<\/p>\n
La solicitud de estados bancarios de la OEG no se le notific\u00f3 a la pareja, luego que el juez Arnaldo Castro la declarara ha lugar. Seg\u00fan se aduce en la orden del Tribunal de Primera Instancia, el pedido de \u00c9tica estuvo apoyado en una declaraci\u00f3n jurada prestada por alg\u00fan funcionario de la agencia pero no fue anejada a la orden en cuesti\u00f3n, ni los hechos aseverados en la declaraci\u00f3n surgen de la misma. Adem\u00e1s, el Tribunal que emiti\u00f3 la orden no preserv\u00f3 copia de la solicitud ni de la declaraci\u00f3n jurada.<\/p>\n
‘De la Declaraci\u00f3n Jurada presentada por la OEG surge que, de la investigaci\u00f3n preliminar realizada, el Sr. Edwin Rodr\u00edguez Ruiz ha realizado solicitudes de aportaciones econ\u00f3micas\u2026 La antedicha orden es a todas luces nula e ilegal, por violentar el derecho constitucional a la intimidad que poseen todos los demandantes sobre su informaci\u00f3n bancaria ya que fue emitida sin estar basada en causa probable y sin que la OEG le hubiese notificado a los demandantes su Solicitud para obtener orden de inspecci\u00f3n y producci\u00f3n de documentos’, reza el pedido que alega la ilegalidad de la solicitud.<\/p>\n
En el presente caso el Tribunal emiti\u00f3 la orden impugnada a base de una ‘descamada aseveraci\u00f3n’ a los fines de que ‘el Sr. Edwin Rodr\u00edguez Ruiz pudo haber realizado solicitudes de aportaciones econ\u00f3micas’ y con esa mera alegaci\u00f3n conclusoria abri\u00f3 las b\u00f3vedas de todos los bancos del pa\u00eds para que produzcan toda la informaci\u00f3n financiera del demandante Rodr\u00edguez Ruiz, as\u00ed como de terceras personas naturales y jur\u00eddicas que ni tan siquiera son objeto<\/p>\n
de investigaci\u00f3n por no estar dentro del \u00e1mbito de jurisdicci\u00f3n de la OEG’.<\/p>\n
Seg\u00fan la demanda, tanto la Constituci\u00f3n federal como la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, protegen a las personas contra registros, allanamientos e incautaciones irrazonables. El objetivo primario de un registro administrativo es obtener evidencia para un proceso penal, pero deber\u00e1 cumplirse con las normas tradicionales exigibles en las causas de naturaleza criminal, dice el interdicto.<\/p>
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