En marzo, NotiCel supo que la empresa ten\u00eda cuatro querellas de investigaci\u00f3n en su contra<\/a> ante la Oficina del Comisionado de Seguros, sometidas desde junio del a\u00f1o pasado por distintas aseguradoras que denunciaron su incumplimiento con el C\u00f3digo de Seguros al someter reclamaciones astron\u00f3micas sin fundamentarlas.<\/p>\n Parte del equipo legal de Favre, se supo, es Andr\u00e9s ‘Andy’ Guillemard Noble, cu\u00f1ado de Pierluisi Urrutia. D\u00edas antes, el 19 de julio, el Departamento de Hacienda firm\u00f3 un contrato con Lone Star Insurance Producers, LLC, compa\u00f1\u00eda de Andr\u00e9s Guillemard Ginorio, padre de ‘Andy’, por concepto de seguros, tres meses y $297,803.<\/p>\n Favre indic\u00f3 a este medio digital que dicho contrato consist\u00eda de un pago de contingencia que ha sido extendido en varias ocasiones, no de nuevos pactos, pese a que aparece en el registro de contratos de la Oficina del Contralor.<\/p>\n Por su parte, mediante declaraciones escritas la AAFAF se\u00f1al\u00f3 que los fondos para la firma del contrato con O’Melveny & Myers LLP. ‘se nutren de una partida espec\u00edfica en el Presupuesto Certificado de la AAFAF destinado a gastos de representaci\u00f3n legal para todos los procesos relacionados al T\u00edtulo 3. El presupuesto de la AAFAF para el A\u00f1o Fiscal corriente contempla $24 millones para administrar los gastos de representaci\u00f3n legal y $25.9 millones para costos de asesores financieros asociados a los procedimientos al amparo del T\u00edtulo 3 de PROMESA’.<\/p>\n El pasado martes, gremios del sector privado expresaron su apoyo a Pierluisi Urrutia en su intento de gobernar el pa\u00eds \u2014que posteriormente fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo\u2014 tras sostener una reuni\u00f3n con el licenciado en La Fortaleza. Entre los participantes del c\u00f3nclave se encontraba el ingeniero Alejandro Abrams Gonzalez, de la Asociacion de Contratistas Generales, y uno de los incorporadores de Desarrolladora J.A., Inc., que el 1 de agosto \u2014un d\u00eda antes de la salida de Rossell\u00f3 Nevares\u2014 recibi\u00f3 un contrato ascendente a $19,469,055 con la Autoridad de Carreteras y Transportaci\u00f3n (ACT) de Puerto Rico para la reparaci\u00f3n o construcci\u00f3n de v\u00edas p\u00fablicas.<\/p>\n Seg\u00fan la Oficina del Contralor, el contrato entra en vigor el 12 de agosto.<\/p>\n Una de las preguntas principales que contin\u00faan sin respuestas tras la breve estad\u00eda de Pierluisi Urrutia es qu\u00e9 har\u00e1 con la informaci\u00f3n confidencial que adquiri\u00f3 tras sus reuniones con jefes de agencias y personal de gobierno y si esos datos podr\u00edan ser utilizados para, en un futuro, beneficiar a sus allegados.<\/p>\n Del resto de los contratos firmados en la semana de despedida de Rossell\u00f3 Nevares, m\u00e1s de 200 igualan o superan los $10,000, por lo que requer\u00edan el consentimiento de La Fortaleza aunque no fueran firmados con la Oficina del Gobernador.<\/p> La raz\u00f3n de este aval estriba en que el 15 de enero de 2019, el entonces Gobernador firm\u00f3 una Orden Ejecutiva (OE) que deleg\u00f3 en el Subsecretario de la Gobernaci\u00f3n \u2014en ese momento Erik Rol\u00f3n Su\u00e1rez\u2014 la responsabilidad de ‘decidir sobre la aprobaci\u00f3n de toda compra, subasta o contrataci\u00f3n de servicios o para la adquisici\u00f3n o arrendamiento de bienes en exceso de $10,000 de las dependencias de la Rama Ejecutiva’, seg\u00fan el documento.<\/p>\n La medida, identificada como la OE 2019-002, indica que las \u00fanicas excepciones a este decreto se encuentran enumeradas en la Ley 3 de 2017 y son: la Comisi\u00f3n Estatal de Elecciones, la Oficina de \u00c9tica Gubernamental, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y la Oficina del Contralor Electoral. Tampoco se incluyen como parte de la Rama Ejecutiva a la Universidad de Puerto Rico y sus dependencias, ni a los municipios. Por esa raz\u00f3n, esas entidades no fueron incluidas en el conteo de los contratos firmados que aqu\u00ed se describen.<\/p>\n El alto volumen de contratos a\u00fan no se encuentra disponible en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor para su an\u00e1lisis, pero se presume que fueron firmados por los respectivos jefes de agencia con el aval de personal de La Fortaleza.<\/p>\n El 30 de julio, Rol\u00f3n Su\u00e1rez indic\u00f3 que dejaba su cargo a disposici\u00f3n de quien se convirtiera en Gobernador, ya que dos d\u00edas despu\u00e9s a las cinco de la tarde entraba en vigor la renuncia de Rossell\u00f3 Nevares. No obstante, eso no constituy\u00f3 una renuncia, pues su cargo de por s\u00ed es uno de confianza y siempre est\u00e1 sujeto a quien ocupe la silla Ejecutiva. Por tanto, se presume que Rol\u00f3n Su\u00e1rez, quien tambi\u00e9n ocupa la secretar\u00eda del Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (DCR), continu\u00f3 sus labores en la Mansi\u00f3n Ejecutiva hasta al menos un d\u00eda despu\u00e9s, cuando Rossell\u00f3 Nevares lo recomend\u00f3 para la direcci\u00f3n de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda<\/a>.<\/p>\n Por otra parte, su jefe inmediato, el secretario de la Gobernaci\u00f3n, Ricardo Llerandi Cruz, hab\u00eda renunciado a su puesto efectivo el 30 de julio. Luego Llerandi Cruz, quien adem\u00e1s dirige la Compa\u00f1\u00eda de Comercio y Exportaci\u00f3n (CCE), se retract\u00f3 e hizo efectiva su salida a partir del 2 de agosto junto a Rossell\u00f3 Nevares.<\/p>\n En el Registro de Contratos de la Oficina de la Contralor constan pactos que superan los $10,000 el mismo 2 de agosto o antes.<\/p>\n Algunas de las agencias y dependencias que firmaron contratos mayores de $10,000 en esa semana fueron el Departamento de Educaci\u00f3n (DE), la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (AEE) y el Departamento de Salud (DS), entre otros.<\/p>\n En la lista est\u00e1n, adem\u00e1s, $2 millones que AAFAF consign\u00f3 para el bufete Pietrantoni M\u00e9ndez & \u00c1lvarez, LLC para servicios legales por espacio de un a\u00f1o, como en los pasados a\u00f1os de acuerdo a la agencia; $900,000 de la Compa\u00f1\u00eda de Fomento Industrial (PRIDCO) para Professional Legal Counsels, LLC.; $700,000 a la empresa Premier Financial Services, PSC por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para una consultor\u00eda administrativa; y $506,319 de Hacienda para la empresa Bac\u00f3 & Amador Matta Inc., tambi\u00e9n por concepto de seguros.<\/p>\n En menor cuant\u00eda, figura en la lista la contrataci\u00f3n por un per\u00edodo de seis d\u00edas a una empresa incorporada en el Departamento de Estado hace cuatro meses, por un monto de $5,000 con la Oficina del Gobernador.<\/p>\n Esta empresa, identificada como Creative Evolution, Inc., supon\u00eda servir de ‘enlace entre agencias y municipios para la coordinaci\u00f3n de los proyectos de administraci\u00f3n con los municipios’, adem\u00e1s de ‘atender los reclamos de los alcaldes de la regi\u00f3n’.<\/p>\n El contrato fue otorgado el 24 de julio, o sea, d\u00eda en que Rossell\u00f3 Nevares anunci\u00f3 su renuncia, y venci\u00f3 dos d\u00edas antes de que se hiciera efectiva su salida.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Lluvia de contratos antes de abandonar Fortaleza Sumado a las m\u00e1s de 66 leyes que firm\u00f3 en un solo d\u00eda, el gobernador renunciante Ricardo Rossell\u00f3 Nevares y su equipo dieron paso a m\u00e1s de 200 contratos en la Rama Ejecutiva, equivalentes a unos $80 millones, durante su \u00faltima semana en el cargo. 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