El otrora director de la campa\u00f1a de Rossell\u00f3 Nevares y el CEO de la agencia de publicidad KOI plantean que la orden emitida por el DJ para que comparezcan y produzcan sus dispositivos m\u00f3viles -bajo apercibimiento de desacato- es ilegal porque representa una violaci\u00f3n de sus derechos constitucionales al amparo de la Quinta Enmienda de la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos y la Carta de Derechos de la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado.<\/p>
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<\/a><\/div>\n‘La orden de comparecencia y producci\u00f3n resulta inconstitucional por requerir bajo coacci\u00f3n del gobierno informaci\u00f3n del individuo que constituye testimonio que podr\u00eda utilizarse en su contra o que llevar\u00eda al hallazgo de evidencia que podr\u00eda utilizarse en su contra’, concluyen las mociones con las que consiguieron dejar sin efecto la citaci\u00f3n y con la que piden tambien la celebraci\u00f3n de una vista oral para dilucidar la solicitud del DJ.<\/p>\n
En ambas mociones radicadas el pasado martes, se alega que el Gobierno busca ilegalmente que los dos integrantes de la conversaci\u00f3n grupal en Telegram produzcan sus celulares para utilizarlos en su contra.<\/p>\n
Seg\u00fan los documentos legales, por lo abarcador de la informaci\u00f3n de la vida privada que tiene un dispositivo m\u00f3vil, el Gobierno tiene mayores restricciones para registrar un telefono celular que las tradicionalmente aplicables.<\/p>\n
La teor\u00eda legal esbozada por ambos es que el m\u00f3vil equipara a entregar documentos con informaci\u00f3n de sus negocios y otros aspectos que podr\u00edan violar su privacidad.<\/p>\n
‘El Tribunal de Primera Instancia determin\u00f3 paralizar la Orden para que el Sr. Edwin Miranda Reyes comparezca y produzca su celular al Departamento de Justicia. El se\u00f1or Miranda Reyes cumplir\u00e1 con todo requerimiento al que tenga que responder conforme a la ley y a las garant\u00edas constitucionales. Se reconoce la facultad del Departamento de Justicia de realizar investigaciones como tambien se reconoce que ello no conlleva que ciudadano alguno tenga que renunciar a la protecci\u00f3n que le reconoce la Constituci\u00f3n de Puerto Rico y de Estados Unidos. La petici\u00f3n del Departamento de Justicia pretende que sea el se\u00f1or Miranda Reyes quien le entregue su telefono celular para copiarlo en su totalidad sin limitaci\u00f3n alguna y revisarlo sin restricci\u00f3n’, expres\u00f3 Pimentel Soto a NotiCel.<\/p>\n
Por su parte, Andreu Fuentes anticip\u00f3 que al igual que Miranda Reyes, S\u00e1nchez Sifonte est\u00e1 dispuesto a cumplir con cualquier citaci\u00f3n siempre y cuando sea satisfactorio con las leyes y las disposiciones constitucionales.<\/p>\n
‘Como a todo ciudadano de nuestro pa\u00eds, al Sr. El\u00edas S\u00e1nchez la Constituci\u00f3n de Puerto Rico y de los Estados Unidos le protege el derecho a la intimidad y privacidad de toda la data y el contenido de su telefono celular, as\u00ed como de intentos por parte del Gobierno de obligarlo, so pena de desacato, a entregar y autenticar la misma. Este derecho constitucional es uno de los derechos fundamentales del ciudadano y est\u00e1 concebido, entre otras razones, para proteger a aquellos ciudadanos que se consideran inocentes de haber cometido delito, pero que no est\u00e1n dispuestos a ceder ante intromisiones indebidas a su privacidad’, a\u00f1adi\u00f3 Andreu Fuentes.<\/p>\n
Compar\u00f3 el caso de su representado con el derecho de un periodista a no entregar su telefono cuando el Gobierno le pide su celular para investigar sus fuentes de investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Para ver la moci\u00f3n sometida por S\u00e1nchez Sifonte, pulse aqu\u00ed.<\/a><\/p>\n![](\"\/amino-v1-theme\/images\/placeholder\/placeholder-16x9.jpg\")
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