En reacci\u00f3n a esta nota, una fuente de NotiCel con conocimiento de los movimientos del FMI indic\u00f3 que esta contrataci\u00f3n podr\u00eda responder a que, ante la improbabilidad de que se pueda hacer la emisi\u00f3n de bonos de sobre $2,000 millones basada en la ‘crudita’, el Gobierno haya iniciado un examen profundo de los gastos p\u00fablicos para ‘hacer escenarios de cantidad de financiamiento requerido durante periodo de reestructuraci\u00f3n’.<\/p>\n
‘[Q]uieren precisar la necesidad de ‘cash’ o l\u00edneas de cr\u00e9dito para todas las entidades p\u00fablicas en conjunto’, precis\u00f3. ‘Pueden estar evaluando la magnitud de financiamiento requerido en funci\u00f3n de la brecha y la duraci\u00f3n de esa deficiencia de ‘cash’ para ver bajo qu\u00e9 estructura (s\u00edndico o Banco Gubernamental de Fomento intervenido) allegan fondos’, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
La nota cita a inversionistas que ven la movida como una saludable para que Puerto Rico se ajuste a los est\u00e1ndares m\u00e1s altos de divulgaci\u00f3n financiera del mercado internacional, en vez de pasar fichas con la regulaci\u00f3n m\u00e1s laxa en el mercado de Estados Unidos. La movida ocurre despu\u00e9s de que el Ejecutivo tratara de establecer la ‘quiebra criolla’ y cuando hay ante el Congreso una petici\u00f3n de enmienda a la Ley de Quiebras federal para que aplique a las dependencias del gobierno aqu\u00ed. Adem\u00e1s, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no ha publicado el \u00cdndice de Actividad Econ\u00f3mica (IAE) desde diciembre de 2014. El IAE ven\u00eda reflejando una baja consecutiva en los \u00faltimos dos a\u00f1os.<\/p>\n
Mientras esto ocurre, miembros del Ejecutivo en conjunto con la Legislatura est\u00e1n tratando de contrarrestar el impacto negativo que esto est\u00e1 teniendo en la futura emisi\u00f3n de bonos de $2,900 millones, que har\u00e1 el Gobierno a trav\u00e9s de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), transacci\u00f3n con la que la administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla ha cimentado sus esperanzas de darle liquidez al BGF.<\/p>\n
Del lado del Ejecutivo, primero sali\u00f3 la presidenta del BGF y exsecretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta Febo, a decirle a los inversionistas que tanto ella como el Primer Mandatario rechazaban la Resoluci\u00f3n Concurrente de los representantes populares Manuel Natal Albelo, Luis Vega Ramos y Luis Ra\u00fal Torres, que pretende hacer un Refer\u00e9ndum Especial, con la intenci\u00f3n de entre otras cosas enmendar la parte de la Constituci\u00f3n que le da prioridad al pago de intereses y amortizaci\u00f3n de la deuda p\u00fablica, de ocurrir una insuficiencia en los recursos del Estado.<\/p>\n
Luego, el secretario de la Gobernaci\u00f3n, V\u00edctor Su\u00e1rez, manifest\u00f3 el lunes que el Ejecutivo no va a dar paso a una reestructuraci\u00f3n de la deuda p\u00fablica por los bonos de obligaciones generales (GOs), atendiendo as\u00ed las preocupaciones levantadas en el mercado por Moody’s.<\/p>\n
Dicha agencia evaluadora de cr\u00e9dito expuso en un an\u00e1lisis privado publicado recientemente, que los funcionarios electos en Puerto Rico parecen inclinarse en ‘erosionar’ los pagos a los acreedores del Gobierno Central y de las corporaciones p\u00fablicas, ante el prologando estancamiento econ\u00f3mico y la r\u00e1pida acumulaci\u00f3n de la deuda p\u00fablica. Adem\u00e1s, recuerdan se aprob\u00f3 una ley para reestructurar la deuda de las corporaciones p\u00fablicas, aunque luego fue declarada inconstitucional por el juez federal Francisco Besosa. La determinaci\u00f3n ha sido impugnada por el Gobierno ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.<\/p>
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