{"id":80608,"date":"2017-05-14T00:00:00","date_gmt":"2017-05-14T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20170514\/administracion-rossello-lleva-la-transparencia-a-quiebra-documento\/"},"modified":"2025-07-16T10:30:46","modified_gmt":"2025-07-16T10:30:46","slug":"administracion-rossello-lleva-la-transparencia-a-quiebra-documento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20170514\/administracion-rossello-lleva-la-transparencia-a-quiebra-documento\/","title":{"rendered":"Administraci\u00f3n Rossell\u00f3 lleva la transparencia a quiebra (documento)"},"content":{"rendered":"

La Administraci\u00f3n Rossell\u00f3 solicit\u00f3 al Tribunal Federal que incluya dentro del caso de quiebra de Puerto Rico los casos que estaban pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia y mediante los que los senadores Rossana L\u00f3pez Le\u00f3n y Eduardo Bhatia Gautier solicitaron la publicaci\u00f3n de documentos relacionados al Plan Fiscal y del presupuesto del pa\u00eds que el gobierno someti\u00f3 a la Junta de Control Fiscal (JCF) y que, hasta ahora, han permanecido secretos.<\/p>\n

El razonamiento de la Administraci\u00f3n Rossell\u00f3 es que solicitar la publicaci\u00f3n de los documentos del Plan Fiscal y del presupuesto constituyen un ataque a la validez del Plan Fiscal y del presupuesto. La solicitud de traslado tiene el efecto de paralizar autom\u00e1ticamente los procesos en el tribunal de Puerto Rico.<\/p>\n

Se trata de la primera movida judicial que hace propiamente el Gobierno de Puerto Rico desde la radicaci\u00f3n de la quiebra gubernamental de la Isla ya que, tanto las solicitudes de quiebra como algunas solicitudes de paralizaci\u00f3n de pleitos, las hab\u00eda realizado la JCF. Esto porque bajo la ley PROMESA, es la JCF la representante del gobierno en todo lo que tiene que ver con la quiebra.<\/p>\n

La acci\u00f3n del gobierno, mediante el Departamento de Justicia, adelanta la postura de que hasta la publicaci\u00f3n de documentos fundamentales, como los an\u00e1lisis que sustentan el Plan Fiscal y el presupuesto sometido a la Junta, son asuntos que se deben dirimir en el proceso de quiebra.La postura choca, de una manera que puede tener consecuencias insospechadas, con el texto de la ley PROMESA que precisamente le reconoce al gobierno el derecho de que ning\u00fan tribunal intervenga con sus ‘poderes pol\u00edticos o gubernamentales’ en tanto y en cuanto es el propio gobierno el que entrega al tribunal la controversia sobre su obligaci\u00f3n constitucional de divulgar informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

La solicitud tambi\u00e9n anticipa otro choque en la medida en que la obligaci\u00f3n del gobierno de divulgar informaci\u00f3n p\u00fablica emana de la Constituci\u00f3n de Puerto Rico y no hay ninguna ley o derecho federal en controversia. El \u00fanico fundamento que ofrece el gobierno es la teor\u00eda novel de que, como hay acreedores disputando la validez del Plan Fiscal y el presupuesto, y como el Plan Fiscal y el presupuesto tienen que ver con la solicitud de quiebra, pues entonces el pleito de los senadores para divulgar esos documentos tambi\u00e9n tiene que ver con la quiebra y tiene que verse en el Tribunal Federal en vez de los tribunales locales.<\/p>\n

‘En este punto, la litigaci\u00f3n sobre el Plan Fiscal y los presupuestos (incluyendo demandas que son lo mismo que solicitudes de descubrimiento de prueba en esos documentos) no pueden existir fuera de los procesos de T\u00edtulo III’, argument\u00f3 Justicia en los documentos radicados el jueves.<\/p>\n

‘Estos litigios [solicitudes de informaci\u00f3n] afectar\u00edan los procesos en T\u00edtulo III porque los retos al presupuesto son necesariamente un reto al Plan Fiscal en el que se basa el borrador del presupuesto. Y la litigaci\u00f3n fuera del T\u00edtulo III cuyo \u00fanico prop\u00f3sito es obtener la divulgaci\u00f3n de documentos que son controversia en el T\u00edtulo III obviamente tienen un efecto en el caso del gobierno, incluyendo la posibilidad de determinaciones inconsistentes con relaci\u00f3n a obligaciones de divulgaci\u00f3n o descubrimiento de prueba’, a\u00f1ade.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Una soluci\u00f3n a la mano de la jueza Swain es, como le reconocen los mismos casos citados por el gobierno, decidir que ese tipo de controversia pertenece al caso de quiebra, pero puede ser resuelta por otro tribunal porque no tiene que ver directamente con la discusi\u00f3n sobre a qui\u00e9n se le paga qu\u00e9 en la deuda p\u00fablica. Esto ya que la pregunta a contestar por la jueza es si la solicitud de los documentos es algo que ‘cae dentro’, ‘surge de’ o ‘est\u00e1 relacionado con’ la quiebra. Dependiendo de la respuesta, la jueza puede permitir que otro tribunal lo resuelva.<\/p>\n

La doctrina general es que a los tribunales federales no se le puede obligar a ver casos en los que no tengan jurisdicci\u00f3n e, incluso, la eficiencia de la justicia y el respeto a las leyes y tribunales locales pueden ser razones suficientes para que un tribunal federal se abstenga de resolver una controversia.<\/p>\n

El caso de la quiebra de Puerto Rico, se ha anticipado como uno que podr\u00eda crear nuevas doctrinas por la novedad de la ley PROMESA y porque son procesos sin precedentes claros.<\/p>\n

Tras la publicaci\u00f3n original de esta historia, la jueza Lauracelis Roques Arroyo archiv\u00f3 el caso de Bhatia en el Tribunal de Primera Instancia por el efecto de la solicitud de traslado.<\/p>\n

Moci\u00f3n de traslado en caso de Bhatia – NotiCel_24949<\/a><\/p>\n

Moci\u00f3n de traslado en caso de L\u00f3pez – NotiCel_24950<\/a><\/p>\n

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en caso de Bhatia – NotiCel_24951<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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