{"id":79683,"date":"2015-07-24T00:00:00","date_gmt":"2015-07-24T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20150724\/sigue-paseando-demanda-por-maquinas-de-entretenimiento-en-tribunales-federa\/"},"modified":"2025-07-16T11:35:30","modified_gmt":"2025-07-16T11:35:30","slug":"sigue-paseando-demanda-por-maquinas-de-entretenimiento-en-tribunales-federa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20150724\/sigue-paseando-demanda-por-maquinas-de-entretenimiento-en-tribunales-federa\/","title":{"rendered":"Sigue paseando demanda por m\u00e1quinas de entretenimiento en tribunales federa"},"content":{"rendered":"

El Primer Circuito de Apelaciones de Boston devolvi\u00f3 al Tribunal Federal una demanda por violaci\u00f3n de derechos civiles radicada por el presidente de la Empresa Puertorrique\u00f1a de Recreaci\u00f3n Comercial (Emprecom), Pablo Javier Rivera Corraliza, y cuatro operadores de m\u00e1quinas de entretenimiento para adultos contra el exsecretario de Hacienda, Juan Carlos Puig y varios funcionarios.<\/p>\n

El Tribunal de Distrito Federal hab\u00eda emitido una sentencia sumaria a favor del Exsecretario, la cual fue revertida por el Primer Circuito. Los jueces del Apelativo, no obstante, refirieron el caso nuevamente al Tribunal Federal para procedimientos posteriores tras alegar que los demandantes dejaron incompletas algunas de sus argumentaciones sobre violaci\u00f3n de derechos civiles, situaci\u00f3n que impidi\u00f3 al Circuito tomar decisiones.<\/p>\n

La demanda fue radicada en el 2010 luego de que el Departamento de Hacienda confiscara e incautara m\u00e1quinas de entretenimiento de los demandantes. En aquel momento, Hacienda reclamaba que algunas m\u00e1quinas operaban sin permisos y estaban ilegalmente dando premios en efectivo fuera de los casinos.<\/p>\n

Antes de las confiscaciones, la demanda alega que Rivera Corraliza y Puig alcanzaron un acuerdo para que las m\u00e1quinas pudieran operar pero el Exsecretario se ech\u00f3 para atr\u00e1s.<\/p>\n

Seg\u00fan la demanda, Puig tambi\u00e9n se hab\u00eda acercado a EMPRECOM y le hab\u00eda sugerido cambiar las m\u00e1quinas por las de Caribbean Cage para que estuvieran conectadas a la agencia. Esa idea fue rechaza por EMPRECOMy los demandantes alegan que Hacienda comenz\u00f3 a hacer redadas y confiscar m\u00e1quinas de entretenimiento para adultos en violaci\u00f3n a los derechos de sus due\u00f1os.<\/p>\n

Los demandantes sostuvieron que los demandados hicieron registros ilegales y que violaron sus derechos a un debido proceso de ley y a la igual protecci\u00f3n de las leyes. El Tribunal de Distrito Federal encontr\u00f3 que las actuaciones del gobierno fueron legales y que los demandados estaban cobijados por la inmunidad cualificada por sus actuaciones como funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n

La Constituci\u00f3n establece que todo registro tiene que hacerse con una orden pero la ley provee algunas excepciones para industrias que el gobierno tiene un alto inter\u00e9s en regular. Sin embargo, la ley tiene que ser un sustituto del registro y establecer limitaciones de tiempo, lugar y \u00e1mbito en las inspecciones.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Seg\u00fan los demandantes, la industria de las m\u00e1quinas de entretenimiento para adultos no es una altamente regulada por lo que Hacienda ten\u00eda que tener \u00f3rdenes de registro para incautar las m\u00e1quinas. Destacaron que la industria no es una altamente regulada porque la ley tampoco establece limitaciones de tiempo, lugar y \u00e1mbito para hacer dichas inspecciones.<\/p>\n

Los jueces del Circuito se quejaron de que el Tribunal de Distrito no abord\u00f3 expl\u00edcitamente si el r\u00e9gimen regulatorio aplicable es un sustituto aceptable de la orden de registro. La ausencia de ese an\u00e1lisis deja un vac\u00edo para determinar si los funcionarios p\u00fablicos ten\u00edan inmunidad cualificada para sus actuaciones.<\/p>\n

Aunque los demandantes alegaron que los negocios altamente regulados son aquellos que tienen que ver con equipo que puede arriesgar la vida humana, como los negocios de armas, los jueces del Circuito argumentaron que los demandantes no presentaron evidencia para sustentar su postura. Adem\u00e1s dijeron que hay amplia jurisprudencia que sustenta que el gobierno tiene un inter\u00e9s apremiante en regular los negocios de las apuestas para proteger la salud y bienestar de sus ciudadanos.<\/p>\n

Los jueces del Circuito tambi\u00e9n dijeron que los demandantes no desarrollaron apropiadamente sus argumentos para derrotar su postura de que los funcionarios no estaban cobijados por la inmunidad cualificada por sus actuaciones. Tampoco sustentaron las limitaciones de tiempo y \u00e1mbito.<\/p>\n

‘Debido a estas serios huecos en el r\u00e9cord y en las argumentaciones de las partes, hace sentido enviar el caso para el Distrito para que se trabajen estos aspectos dentro del contexto de la inmunidad cualificada’, sostuvo el Circuito.<\/p>\n

Los jueces, de otra parte, desestimaron alegaciones de los demandantes de que su derecho a la igual protecci\u00f3n de las leyes se violent\u00f3 porque Hacienda no mult\u00f3 a los due\u00f1os de los negocios donde operaban las m\u00e1quinas sino que solamente los mult\u00f3 a ellos.<\/p>\n

Adem\u00e1s de Puig, los otros funcionarios de la agencia demandados en su car\u00e1cter personal fueron Aileen de Le\u00f3n, V\u00edctor P\u00e9rez, Zulma I. Rivera, David Caraballo Maldonado, Mar\u00eda Medina y Abimael Rodr\u00edguez.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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