{"id":791105,"date":"2022-03-15T23:00:00","date_gmt":"2022-03-16T03:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/top-stories\/tribunales\/20220315\/a-la-luz-los-millones-que-pagamos-por-abusos-de-los-funcionarios-publicos\/"},"modified":"2025-08-04T09:56:20","modified_gmt":"2025-08-04T09:56:20","slug":"a-la-luz-los-millones-que-pagamos-por-abusos-de-los-funcionarios-publicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20220315\/a-la-luz-los-millones-que-pagamos-por-abusos-de-los-funcionarios-publicos\/","title":{"rendered":"A la luz los millones que pagamos por abusos de los funcionarios p\u00fablicos"},"content":{"rendered":"<h3>Juez federal orden\u00f3 divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre lo que los contribuyentes han pagado por violaciones de derechos civiles cometidas, a pesar de oposici\u00f3n del gobierno a la divulgaci\u00f3n.<\/h3>\n<p>El pueblo de Puerto Rico ha pagado $15.1 millones en los \u00faltimos 10 a\u00f1os para cubrir casos y sentencias contra funcionarios que violaron derechos civiles, seg\u00fan consign\u00f3 el Departamento de Justicia en un documento judicial sometido confidencialmente, pero que fue liberado por el juez federal Francisco A. Besosa, a solicitud de NotiCel.<\/p>\n<p>Justicia hizo un desglose de lo que hab\u00eda pagado cada a\u00f1o desde 2012, pero el gobierno ha estado cubriendo sentencias de funcionarios que violan derechos civiles desde hace d\u00e9cadas. Incluso, se estima que, entre 1988 y 1993, y tan solo en demandas por discrimen pol\u00edtico, el gobierno gast\u00f3 $100 millones en fondos p\u00fablicos.<\/p>\n<p>El desglose que someti\u00f3 Justicia denota una reducci\u00f3n de gastos en este rengl\u00f3n desde que se radic\u00f3 el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico en 2017 hasta ahora, debido a la paralizaci\u00f3n que ese caso provoc\u00f3 en los cobros y reclamaciones contra el gobierno.<\/p>\n<p>Pero, precisamente hoy que se ejecut\u00f3 el Plan de Ajuste de Deuda, esa paralizaci\u00f3n se levanta y se pueden reanudar los cobros y reclamaciones contra el estado por la mala conducta de sus funcionarios, empleados y hasta de contratistas.<\/p>\n<p>El estatuto que permite que el gobierno pague con dinero p\u00fablico la representaci\u00f3n legal y sentencias de estos funcionarios se conoce como Ley 9. Hist\u00f3ricamente, ha sido el mecanismo para cubrir reclamaciones por brutalidad policiaca, hostigamiento sexual y discrimen pol\u00edtico pero tambi\u00e9n, por ejemplo, cubri\u00f3 al exgobernador Pedro Rossell\u00f3 Gonz\u00e1lez y otros de su administraci\u00f3n cuando el diario El Nuevo D\u00eda los demand\u00f3 por retirarle la pauta publicitaria y afectarles permisos de otros negocios de la empresa publicadora.<\/p>\n<p>Seg\u00fan desglos\u00f3 Justicia al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, los pagos bajo Ley 9 fueron aproximadamente $1 mill\u00f3n en 2012, $1 mill\u00f3n en 2013, $1.8 millones en 2014, $1.1 millones en 2015, $4.1 millones en 2016, $5.8 millones en 2017, $150,000 en 2018, $900 en 2019 y $0 tanto en 2020 y 2021, para un total de $15,138,133.23. Los a\u00f1os de mayor cuant\u00eda, 2016 y 2017, son precisamente los dos a\u00f1os entre que el gobierno acept\u00f3 que no pod\u00eda pagar la deuda p\u00fablica y que se radic\u00f3 el caso de quiebras paralizando todos los cobros.<\/p>\n<p>Besosa calific\u00f3 estos gastos de \u00abexorbitantes\u00bb. \u00abNotablemente, e incre\u00edblemente, los oficiales de alguna manera localizaron casi $6 millones durante este periodo tumultuoso para indemnizar a pol\u00edticos que se alega violaron leyes antidiscriminatorias\u00bb, dijo en referencia a la cantidad registrada para 2017, a\u00f1o de la quiebra y del hurac\u00e1n Mar\u00eda. El juez tambi\u00e9n reclam\u00f3 cambios a la Ley 9 y, de hecho, la pol\u00edtica del Departamento de Justicia federal es prohibir los acuerdos transaccionales confidenciales por respeto a \u00ablos principios de apertura en el gobierno (y) en procesos judiciales\u00bb.<\/p>\n<p>NotiCel solicit\u00f3 la divulgaci\u00f3n mediante una moci\u00f3n a Besosa bajo el amparo del derecho constitucional que tienen los ciudadanos para acceder a la informaci\u00f3n del gobierno, a la presunci\u00f3n de apertura que tienen que tener los procesos judiciales, y a que se trata de casos que tienen que ver con fondos p\u00fablicos y con la conducta de funcionarios p\u00fablicos en el descargue de sus responsabilidades.<\/p>\n<p>Los abogados de los empleados demandantes se allanaron a lo que el juez decidiera y apuntaron a que fue Justicia la que insisti\u00f3 en la confidencialidad del acuerdo transaccional como una condici\u00f3n para firmarlo.<\/p>\n<p>Mientras, Justicia se opuso porque se trataba de informaci\u00f3n \u00absensitiva\u00bb y \u00abprivilegiada\u00bb cuya divulgaci\u00f3n har\u00eda m\u00e1s dif\u00edcil el poder hacer transacciones en casos futuros y se \u00abmenoscabar\u00eda considerablemente la posici\u00f3n (del estado) en la mesa de negociaci\u00f3n\u00bb. Esto porque demandantes futuros pueden crearse \u00abexpectativas irrazonables\u00bb de cu\u00e1nto dinero pueden obtener en una transacci\u00f3n y porque, dar acceso a la informaci\u00f3n, \u00abresultar\u00eda en una pendiente resbaladiza de solicitudes que pueden poner en peligro de manera seria e irreparable las protecciones que provee la Ley 9\u00bb.<\/p>\n<p>Al resolver a favor de la divulgaci\u00f3n, Besosa concluy\u00f3 que \u00abel p\u00fablico tiene un inter\u00e9s significativo en conocer c\u00f3mo su gobierno est\u00e1 gastando su dinero\u00bb. En cuanto al supuesto efecto que tendr\u00eda sobre negociaciones futuras, el juez apunt\u00f3 que \u00abla fortaleza de una parte es la debilidad de otra\u00bb. \u00abLa ventaja que (Justicia) percibe que tiene en la &#8216;mesa de negociaci\u00f3n&#8217; es inmaterial para el an\u00e1lisis del tribunal y es insuficiente para rebatir la presunci\u00f3n de acceso p\u00fablico a documentos judiciales\u00bb, subray\u00f3.<\/p>\n<p>La orden de Besosa ocurri\u00f3 espec\u00edficamente en una serie de casos por discrimen pol\u00edtico que empleados identificados con el Partido Nuevo Progresista (PNP) sometieron contra los expresidentes legislativos Eduardo Bhatia Gautier y Jaime Perell\u00f3 Borr\u00e1s despu\u00e9s de que el Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD) tom\u00f3 control de esa rama tras las elecciones de 2012 y los removiera de sus puestos.<\/p>\n<p>Entre todos los casos relacionados a ese evento, el Departamento de Justicia transigi\u00f3 antes de juicio con unos 109 empleados (con entre siete meses y 20 a\u00f1os de servicio) para resolver la controversia pag\u00e1ndoles $9,957,500. Las transacciones confidenciales fueron sometidas al tribunal en 2016, casi un a\u00f1o despu\u00e9s de que el exgobernador Alejandro Garc\u00eda Padilla reconociera que la deuda del gobierno era \u00abimpagable\u00bb. Los pagos ser\u00edan a plazos que llegaban hasta marzo de 2017, menos de dos meses antes de que la radicaci\u00f3n del caso de quiebras paralizara todos estos pagos.<\/p>\n<p>En una de sus secciones, el acuerdo transaccional dice que \u00abbajo ninguna circunstancia se distribuir\u00e1 este documento, o alguna copia del mismo, a la prensa o los medios o a ninguna persona sin la autorizaci\u00f3n escrita (de Justicia)\u00bb. Tambi\u00e9n le proh\u00edbe a los demandantes publicar informaci\u00f3n que hayan obtenido en descubrimiento de prueba.<\/p>\n<p>La abogada Judith Berkan, que tiene una trayectoria de d\u00e9cadas litigando contra el gobierno por violaciones de derechos civiles, describi\u00f3 en un art\u00edculo acad\u00e9mico los problemas que esas exigencias de confidencialidad del gobierno provocan, incluso para la \u00e9tica de los abogados de los demandantes. \u00abEl proceso transaccional puede parecerse m\u00e1s al chantaje que a una resoluci\u00f3n leg\u00edtima de reclamaciones\u00bb, observ\u00f3.<\/p>\n<p>El caso contra Bhatia y Perell\u00f3 se mantuvo vivo hasta hoy porque los demandantes reclamaban que si el gobierno no les pagaba, les tendr\u00edan que pagar los funcionarios de su propio bolsillo, pero el 24 de febrero pasado Besosa dijo que ten\u00edan que esperar a que el gobierno les pudiera pagar porque la Ley 9 y el acuerdo transaccional especifican que era el estado, y no los funcionarios, los responsables del pago.<\/p>\n<p>Las cantidades que aparecen pagadas bajo Ley 9 en 2016 y 2017 deben incluir parte de lo que se pag\u00f3 en este caso, pero no la totalidad de los casi $10 millones porque quedaron plazos sin pagar.<\/p>\n<p>Para ver las cantidades pagadas bajo Ley 9, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n<p>Para ver la orden del juez Besosa liberando informaci\u00f3n, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n<p>Para ver la oposici\u00f3n de Justicia a la liberaci\u00f3n de informaci\u00f3n, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n<p>Posici\u00f3n de demandantes sobre liberaci\u00f3n de informaci\u00f3n, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n<p>Para ver acuerdo transaccional confidencial en caso de discrimen pol\u00edtico en el Capitolio, pulse aqu\u00ed.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Juez federal orden\u00f3 divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre lo que los contribuyentes han pagado por violaciones de derechos civiles cometidas, a pesar de oposici\u00f3n del gobierno a la divulgaci\u00f3n. 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