El proceso de conciliaci\u00f3n de reclamaciones contra el Gobierno de Puerto Rico por parte de miles de contratistas entr\u00f3 en una fase de resoluci\u00f3n acelerada debido a la urgencia por procesarlas de cara a la ejecuci\u00f3n del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) el 15 de marzo y la lentitud que ha tenido el tr\u00e1mite hasta ahora.<\/p>\n
En una carta a la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF) indic\u00f3 que todav\u00eda est\u00e1n pendientes de conciliaci\u00f3n 9,300 reclamaciones. Cada uno de esos casos ser\u00edan una o varias facturas que un proveedor de servicios, mayormente residentes en la isla, entiende que el gobierno le debe. El proceso de conciliaci\u00f3n implica una revisi\u00f3n de documentos en cada caso para adjudicar que la reclamaci\u00f3n procede y que no es fraudulenta.<\/p>\n
Las reclamaciones las recibi\u00f3 la JSF como parte del caso de quiebras y, por conducto de la AAFAF, el ente fiscal le pide informaci\u00f3n a las agencias para poder hacer la conciliaci\u00f3n y autorizar pagos, pero han ocurrido \u00abdilaciones significativas en obtener respuestas detalladas y completas de parte de las agencias\u00bb. \u00ab[A]\u00fan cuando se provee informaci\u00f3n, la misma usualmente est\u00e1 incompleta y requiere seguimiento significativo\u00bb, a\u00f1adieron.<\/p>\n
Por esto, la Junta notific\u00f3 en la carta del 2 de marzo que va a dar por buenas todas las reclamaciones por debajo de los $10,000 y que aquellas entre $10,000 y $100,000 las someter\u00e1 a una \u00abevaluaci\u00f3n de nivel amplio para asegurarse de que no son fraudulentas o abiertamente sin fundamentos\u00bb. Si encuentran que no lo son, les dar\u00e1 paso tambi\u00e9n para \u00ablimitar los costos y el gasto de tiempo profesional invertido en reclamaciones de relativamente poco valor, y para asegurar la administraci\u00f3n pronta y eficiente del proceso de reclamaciones\u00bb.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Junta dejar\u00e1 de lado a AAFAF e interactuar\u00e1 con los acreedores directamente para, \u00abcuando sea apropiado\u00bb, permitir las reclamaciones sin importar si ha recibido toda la informaci\u00f3n de las agencias. Esto ocurrir\u00e1 si el gobierno no entrega la informaci\u00f3n solicitada en 30 d\u00edas.<\/p>\n
Esto cubre reclamaciones sometidas al gobierno central, la Administraci\u00f3n de los Sistemas de Retiro, la Autoridad de Edificios P\u00fablicos y la Autoridad de Carreteras y Transportaci\u00f3n.<\/p>\n