En anticipo al trastoque del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, y tras la degradaci\u00f3n del credito de la Isla, la Oficina de Administraci\u00f3n de Tribunales (OAT) emiti\u00f3 una circular, entregada por una fuente a NotiCel ayer, en la que detalla las nuevas gu\u00edas de austeridad que van a regir todos los aspectos del financiamiento de los tribunales del pa\u00eds.<\/p>\n
Con fecha del 26 de febrero, la comunicaci\u00f3n de la jueza administradora de Tribunales, Sonia Ivette V\u00e9lez Col\u00f3n, dicta la nueva pauta sobre c\u00f3mo se manejar\u00e1 el presupuesto de la Rama Judicial que llega autom\u00e1tico porque, por ley, es el 4% del promedio de ingresos que registre el Estado en los dos a\u00f1os fiscales anteriores. Esa f\u00f3rmula le signific\u00f3 $372.6 millones en el a\u00f1o presupuestario actual, y la ley que la habilit\u00f3 dice que si en un a\u00f1o se registrar\u00e1 una baja de ingresos, el presupuesto de la Rama permanece al mismo nivel que el del a\u00f1o anterior a la reducci\u00f3n.<\/p>\n
Este esquema de f\u00f3rmula, igual que el que financia la Universidad de Puerto Rico (UPR) es uno de los temas espinosos en el presupuesto de 2014-2015 que se supone sea balanceado y que contenga una mezcla de ingresos nuevos y recortes que ayuden a tapar una deficiencia de unos $1,500 millones que el mismo Gobierno ha precisado a los bonistas.<\/p>\n
Asumiendo que, en el mejor de los casos, su presupuesto no tendr\u00e1 aumento en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, V\u00e9lez detallo medidas que incluyen: congelaci\u00f3n de los puestos vacantes, reducir la acumulaci\u00f3n y pago de horas extras, evaluar el pago del exceso de d\u00edas por enfermedad, limitar los contratos a un a\u00f1o, renegociar las tarifas en los contratos que sean renovados, dar los cursos para los jueces en l\u00ednea en vez de con instructores de cuerpo presente, limitar los cursos a las materias importantes, reducir ‘al m\u00ednimo indispensable’ la compra de piscolabis para actividades y optar por ‘men\u00fas m\u00e1s sobrios’, evitar las compras de ‘art\u00edculos deseables, pero no esenciales’, reducir el consumo de agua y luz, moratoria en los viajes oficiales a menos que se financien con fondos federales o becas, y ‘fortalecer’ el cobro de aranceles, tarea cuya responsabilidad imponen a los jueces para que la ejerzan en los casos que manejen.<\/p>\n
El detalle de las directrices est\u00e1 contenido en el Memorando 147 sobre ‘medidas de control presupuestario y reducci\u00f3n de gastos’.<\/p>\n