El Tribunal Supremo de los Estados Unidos acept\u00f3 hoy evaluar el caso que declar\u00f3 inconstitucional el trato discriminatorio hacia Puerto Rico en la ayuda del programa de Ingreso de Seguridad Sumplementario (Supplemental Security Income, SSI, en ingl\u00e9s).<\/p>\n
Espec\u00edficamente, la controversia a atender es si el Congreso viol\u00f3 la igual protecci\u00f3n de las leyes bajo la Cl\u00e1usula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda cuando estableci\u00f3 que el SSI aplicar\u00eda a los 50 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Marianas (por virtud de un pacto negociado con esa jurisdicci\u00f3n), pero no lo extendi\u00f3 a Puerto Rico.<\/p>\n
El SSI es un programa dirigido a los indigentes mayores de edad, ciegos o discapacitados y el Centro para una Nueva Econom\u00eda calcul\u00f3 que, de aplicar en la Isla igual que en otras jurisdicciones, representar\u00eda unos $2,580 millones en ayuda para m\u00e1s de 435,000 personas. Para beneficiarios del programa adultos mayores de 65 a\u00f1os, el pago mensual promedio ser\u00eda $436.87 y para beneficiarios con discapacidad menores de 65 a\u00f1os ser\u00eda $570.03.<\/p>\n
El Supremo federal hab\u00eda dado se\u00f1ales desde diciembre de que estaba listo para decidir sobre la solicitud de revisi\u00f3n que hab\u00eda sometido el Procurador General de los Estados Unidos, pero lo aplaz\u00f3 varias veces. Una posibilidad pol\u00edtica es que estuviera dando oportunidad a que la nueva administraci\u00f3n Biden-Harris tomar\u00e1 una determinaci\u00f3n interna sobre si prosegu\u00edan con la revisi\u00f3n o se allanaban a la decisi\u00f3n de inconstitucionalidad que emiti\u00f3 el Primer Circuito de Apelaciones en abril del a\u00f1o pasado por voz del difunto juez puertorrique\u00f1o, Juan R. Torruella. A su vez, esa decisi\u00f3n del Circuito fue para refrendar la decisi\u00f3n que hab\u00eda tomado en instancia el Juez Presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo A. Gelp\u00ed, en febrero de 2019.<\/p>\n
Los hechos del caso son que Jos\u00e9 Luis Vaello Madero, un puertorrique\u00f1o que naci\u00f3 en la Isla, se mud\u00f3 a Nueva York y all\u00ed comenz\u00f3 a recibir los beneficios del programa. Cuando se regres\u00f3 a Puerto Rico, sigui\u00f3 recibi\u00e9ndolos hasta que el gobierno le suspendi\u00f3 la ayuda y, adem\u00e1s, lo demand\u00f3 para recobrar los $28,081 que hab\u00eda recibido desde que se mud\u00f3 debido a que el programa no aplica a residentes de la isla.<\/p>\n
Al solicitar al Supremo federal la revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n del Circuito, el Procurador General de la Administraci\u00f3n Trump introdujo elementos del status pol\u00edtico argumentando que el Congreso tiene \u201cinter\u00e9s leg\u00edtimo en evitar una relaci\u00f3n fiscal unilateral bajo la cual Puerto Rico comparte los beneficios econ\u00f3micos, pero no las cargas, de la estadidad\u201d. \u201cPuerto Rico contribuye alg\u00fan dinero al tesoro federal, pero menos de lo que contribuir\u00eda si fuera un estado. A cambio, recibe alg\u00fan dinero de vuelta del tesoro federal pero, otra vez, menos de lo que recibir\u00eda si fuera un estado\u201d, justific\u00f3.<\/p>\n
La decisi\u00f3n que el Supremo federal tome en el caso de Vaello Madero puede tener impacto en un segundo caso que ya fue decidido en instancia a favor de los puertorrique\u00f1os para trato igual en los programas, no solo de SSI, sino tambi\u00e9n del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en ingl\u00e9s) y el subsidio de bajos ingresos de la Parte D de Medicare (LIS, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n
\u201cLa red de seguridad social federal es m\u00e1s d\u00e9bil y porosa en Puerto Rico que en el resto de la naci\u00f3n\u201d, estableci\u00f3 el juez William G. Young en ese segundo pleito.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n
Apelativo federal establece residentes en Puerto Rico tienen derecho a recibir seguro social suplementario <\/a><\/p>\n As\u00ed funciona el Seguro Social Suplementario que juez dice nos debe aplicar <\/a><\/p>\n