Una estructura jer\u00e1rquica, de persuasi\u00f3n, reglas y control, tal como la idealizara Max Weber al desarrollar lo que llamamos burocracia, es la que rige las c\u00e1rceles del pa\u00eds. Desde adentro, esa burocracia controlada por reos negocia con la burocracia gubernamental para intercambiar votos por bonificaciones y privilegios que el poder ejecutivo tramita desde afuera.<\/p>\n
La m\u00e1s reciente manifestaci\u00f3n de esa relaci\u00f3n entre ambas estructuras ocurri\u00f3 el<\/p>\n
viernes pasado<\/a>, cuando un grupo de confinados se reuni\u00f3 con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el senador Roger Iglesias y otros funcionarios bajo el manto de los servicios que ofrece la Oficina de Servicios Interagenciales para confinados y exconfinados.<\/p>\n La versi\u00f3n oficial es que en esas reuniones no se ‘compran’ votos, pero hay un tracto claro de declaraciones, reuniones y actuaciones oficiales que pinta los entendidos a los que han llegado administraciones populares y penep\u00e9s con la poblaci\u00f3n correccional a cambio de votos.<\/p>\n El propio Rivera Schatz est\u00e1 reuni\u00e9ndose regularmente con confinados desde al menos las contiendas primaristas para las elecciones de 2008.<\/p>\n Ahora, es la legislaci\u00f3n de su mayor\u00eda novoprogresista en el Senado la que, seg\u00fan conocedores, permite que los convictos salgan a la calle m\u00e1s r\u00e1pido que antes mediante bonificaciones y privilegios.<\/p>\n No se trata de fianza ni de penas de c\u00e1rcel bien largas en los libros, sino de qu\u00e9 pasa una vez el convicto est\u00e1 en el sistema y c\u00f3mo una serie de leyes y facultades ejecutivos pueden erosionar esas penas hasta llevarlas al m\u00ednimo.<\/p>\n Fue Rivera Schatz quien redact\u00f3 la Ley<\/p>\n 208 de 2009 <\/a>que reduce las penas en 25% por trabajo, estudio o servicios – incluyendo los sentenciados por asesinatos premeditados – de aquellos convictos bajo el C\u00f3digo Penal del 2004. Adem\u00e1s, aprob\u00f3 la ley<\/p>\n 44 del 2009<\/a> que extiende el derecho a recibir bonificaciones de una reducci\u00f3n en sentencia de alrededor de un 43% por buena conducta de aquellos condenados a m\u00e1s de 99 a\u00f1os antes del 20 de julio de 1989.<\/p>\n Para Katherine Angueira, activista por los derechos de las v\u00edctimas del crimen, el acceso a bonificaciones va de la mano con la incidencia criminal y para explicarlo compar\u00f3 el sistema de hoy con el del pasado:<\/p>\n ‘Anterior al a\u00f1o pasado, el a\u00f1o donde m\u00e1s asesinatos hubo fue al principio del cuatrienio de Pedro Rossell\u00f3 Gonz\u00e1lez pero una vez aprob\u00f3 la ley 49 de 1995, excluy\u00f3 a los convictos por asesinato, violaci\u00f3n, incesto y delitos de armas a salir por alg\u00fan programa de desv\u00edo o a tener excarcelaci\u00f3n temprana, ah\u00ed se redujeron dr\u00e1sticamente los asesinatos. No estamos hablando de fianzas, estamos hablando de ya convictos’, expres\u00f3 la activista.<\/p>\n La psic\u00f3loga social recalc\u00f3 que el traqueteo con los presos comenz\u00f3 con la exgobernadora popular Sila Mar\u00eda Calder\u00f3n y<\/p>\n