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<\/a><\/div>\n‘Toda la informaci\u00f3n solicitada es informaci\u00f3n p\u00fablica y de alto interes p\u00fablico para el Pueblo de Puerto Rico’, enfatiza la demanda radicada por la representaci\u00f3n legal del CPI, los abogados Luis Jose Torres Asencio y Steven Lausell de la Cl\u00ednica Legal de la Universidad Interamericana.<\/p>\n
Hallazgos preliminares<\/strong><\/p>\n Informaci\u00f3n tachada sin justificaci\u00f3n; datos incompletos o ausentes; retrasos en la implementaci\u00f3n y el reconocimiento de parte de algunas agencias del Gobierno de que hay medidas que no pueden implementar. Este es el saldo de una revisi\u00f3n inicial de la entrega que hizo AAFAF al CPI.<\/p>\n Ninguno de los tachones realizados y que ocultan informaci\u00f3n en los informes de progreso est\u00e1 justificado por el Gobierno. Las agencias con tachones en sus informes van desde la Administraci\u00f3n de la Industria y el Deporte H\u00edpico hasta el Departamento de Educaci\u00f3n. Uno de los informes de progreso de Educaci\u00f3n muestra como un ‘action item’ el cierre de 307 escuelas. El indicador de progreso: haber conseguido el cierre de 255. Un comentario sobre esta medida aparece tachado.<\/p>\n Durante la vista p\u00fablica de la Junta a finales del pasado mes de marzo, la directora ejecutiva de la entidad impuesta por la ley PROMESA, Natalie Jaresko, enfatiz\u00f3 que los planes de implementaci\u00f3n e informes de progreso ‘dan transparencia’ al proceso, tanto para la Junta como para la ciudadan\u00eda. Esto a pesar de que ninguno de estos documentos han visto la luz p\u00fablica.<\/p>\n Ambos documentos son exigencias de la Junta como parte de los planes fiscales del Gobierno. En la \u00faltima vista de la Junta — cuya discusi\u00f3n gir\u00f3 en torno a la falta de entrega de planes de implementaci\u00f3n e informes de progreso en el Departamento de Seguridad P\u00fablica — Sobrino manifest\u00f3 que PROMESA no exige al Gobierno producir y entregar planes de implementaci\u00f3n a la Junta. Para el funcionario, estos documentos son ‘herramientas de ejecuci\u00f3n’ para las agencias.<\/p>\n Jaresko piensa diferente. ‘Hay dos perspectivas. Una es que el plan fiscal necesita ser impuesto. Esos requisitos de informar son parte del plan fiscal. Ese es un \u00e1ngulo por el cual creo [que es requerido]. El segundo es que la Junta tiene el derecho por ley para exigir cualquier informaci\u00f3n e informe seg\u00fan dice otra secci\u00f3n en la ley PROMESA. Por lo tanto yo dir\u00eda que si no se mira desde el plan fiscal – con lo cual estoy en desacuerdo – se puede mirar de forma aparte, y el Gobierno est\u00e1 supuesto a responder a cualquier informaci\u00f3n solicitada’, manifest\u00f3 Jaresko en un aparte con el CPI.<\/p>\n Durante la vista, la directora ejecutiva enfatiz\u00f3 que los planes e informes deben ser ‘claros, con objetivos medibles, para que no solamente veamos lo que est\u00e1 pasando, pero tambien entender lo que no est\u00e1 ocurriendo y por que no est\u00e1 ocurriendo’. A juzgar por los documentos revisados hasta el momento por el CPI, las palabras de Jaresko parecen ser m\u00e1s una aspiraci\u00f3n que la realidad.<\/p>\n Muchos de los informes de progreso entregados describen de manera incompleta los ‘ahorros’ — o recortes — que han logrado hasta el momento. Otros no contienen una sola cifra en las partes donde deben detallar los ahorros logrados por mes. Hay casos como el del Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio, cuyo informe de progreso del mes de agosto muestra que una cuarta parte de las medidas que deben implementar tienen ‘issues’ de financiamiento, mientras que ocho de las 35 medidas que detalla no recibieron partidas presupuestarias para ser ejecutadas.<\/p>\n Los informes de progreso tambien muestran retrasos en la implementaci\u00f3n de medidas. Desde agosto, el Departamento de Correcci\u00f3n advert\u00eda que no lograr\u00eda implementar a tiempo el programa ‘out of state’, o el traslado de presos a c\u00e1rceles en los Estados Unidos — una medida para recortar gastos operacionales y dar paso a la consolidaci\u00f3n de instituciones penales en la isla. Sin embargo, el informe dec\u00eda que esperaba dar inicio al programa para octubre del 2018. Esto no ha pasado todav\u00eda, seg\u00fan inform\u00f3 el <\/a>CPI<\/a>.<\/p>\n En algunos casos, la agencia muestra en sus comentarios resignaci\u00f3n por no poder implementar ni una sola medida. Este es el caso de la Comisi\u00f3n Industrial, la agencia administrativa encargada de revisar las decisiones de la Corporaci\u00f3n del Fondo del Seguro del Estado, asegur\u00e1ndose de que se den ‘tratamientos medicos adecuados y compensaciones justas y razonables’. Su informe de progreso no dice m\u00e1s que esta cita: ‘El presupuesto operacional de la Comisi\u00f3n Industrial de Puerto Rico para el a\u00f1o fiscal 2018-2019 fue reducido dr\u00e1sticamente. Ante este hecho, no podemos presentar proyectos que representen econom\u00edas, ya que con el presupuesto actual aprobado no tenemos margen para operar en un cien por ciento (100%) de capacidad’.<\/p>\n Cada a\u00f1o el Gobierno debe entregar a la Junta nuevos planes de implementaci\u00f3n. La Junta anunci\u00f3 esta semana que espera certificar en o antes del 9 de mayo un nuevo plan para el Gobierno central. En el \u00faltimo plan fiscal que entreg\u00f3 el Gobierno en marzo, dej\u00f3 fuera la secci\u00f3n que exige la entrega de los planes de implementaci\u00f3n e informes de progreso. La Junta se expres\u00f3 opuesta a esta movida y pidi\u00f3 la inclusi\u00f3n de este lenguaje.<\/p>\n
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