{"id":7368,"date":"2017-04-18T00:00:00","date_gmt":"2017-04-18T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/economia\/20170418\/demanda-federal-contra-bancos-por-trucos-en-la-modificacion-y-ejecucion-de\/"},"modified":"2025-07-22T19:15:34","modified_gmt":"2025-07-22T19:15:34","slug":"demanda-federal-contra-bancos-por-trucos-en-la-modificacion-y-ejecucion-de","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/economia\/20170418\/demanda-federal-contra-bancos-por-trucos-en-la-modificacion-y-ejecucion-de\/","title":{"rendered":"Demanda federal contra bancos por trucos en la modificaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de"},"content":{"rendered":"

Mientras las demandas por casos de ejecuci\u00f3n de hipotecas siguen acumul\u00e1ndose en el Tribunal Federal, una demanda de clase contra una veintena de instituciones financieras busca atender de manera colectiva varias violaciones a leyes y regulaciones que rigen la industria de hipotecas y que resultaron en ejecuciones ilegales.<\/p>\n

La extensa lista de demandados incluye tanto el gobierno y el Departamento de Agricultura federal, as\u00ed como corporaciones externas como Freddie Mac, Fannie Mae, Wells Fargo, Rushmore Loan Management Services, Roosevelt Cayman Asset Company, James B. Nutter, Lakeview Loan Servicing, Lime Residential, Bayview Loan Servicing, RNPM LLC, TRM LLC, Lihman Re Limited e instituciones financieras locales como el Banco Popular, Scotiabank, Santander, Oriental, la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Las Piedras y Operating Partners.<\/p>\n

Los demandantes en este caso son personas que fueron sometidas a un proceso ilegal de ejecuci\u00f3n a pesar de haber iniciado el tr\u00e1mite de mitigaci\u00f3n de p\u00e9rdida para modificar los t\u00e9rminos de su hipoteca. Seg\u00fan el documento sometido el 5 de abril, se trata de individuos que sufren los embates de la crisis econ\u00f3mica al perder sus empleos o cualquier otra fuente primaria de ingresos que afect\u00f3 su capacidad de pago.<\/p>\n

Estos reclaman pago por concepto de restituci\u00f3n y da\u00f1os sufridos ascendiente a $400 millones y una orden del juez declarando incumplimiento contractual contra las practicas que incurrieron los demandados.<\/p>\n

Los hechos del pleito toman lugar despu\u00e9s de la crisis en el mercado inmobiliario hace poco menos de 10 a\u00f1os. El gobierno federal estableci\u00f3 una serie de programas de apoyo a los tenedores de vivienda para proveerles una oportunidad de mantenerla de enfrentarse con una situaci\u00f3n en la que no pueden cumplir con el pago de su hipoteca.<\/p>\n

En particular, se trata del Home Affordable Modification Program (HAMP) y el Home Affordable Refinance Program (HARP). HAMP permite modificar una hipoteca a un nivel sostenible para aquellas personas que no pueden cumplir con el pago, mientras HARP refinancia los t\u00e9rminos de la hipoteca en aquellos casos donde el valor de la propiedad es menor al de la hipoteca.<\/p>

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Seg\u00fan alegan los demandantes, las instituciones financieras incurrieron en violaciones contractuales al no permitirles ingresar en estos programas de asistencia financiera a pesar de haber entregado toda la documentaci\u00f3n requerida para ello. Adem\u00e1s, alegan que no se les honr\u00f3 el periodo de prueba de 90 d\u00edas que provee HAMP para garantizar que se puede cumplir con los nuevos t\u00e9rminos de la hipoteca. Durante este periodo tambi\u00e9n se suspende cualquier acci\u00f3n dirigida a ejecutar la propiedad<\/p>\n

De mismo modo alegan que los bancos iniciaron un proceso de ejecuci\u00f3n a la misma vez que entraron en el tr\u00e1mite de mitigaci\u00f3n de p\u00e9rdidas, una pr\u00e1ctica ilegal denominada como ‘Dual Tracking’.<\/p>\n

Por otra parte, los demandantes alegan violaciones al ‘Truth in Lending Act’ (TILA), estatuto federal que obliga a instituciones financieras divulgar al consumidor de manera clara todos los t\u00e9rminos y condiciones de sus servicios. Seg\u00fan la demanda, los bancos presentaron a los demandantes documentos poco espec\u00edficos que no ilustraban claramente los t\u00e9rminos de su hipoteca y las consecuencias de su incumplimiento de pago.<\/p>\n

El pleito ocurre en el contexto de un incremento en casos de ejecuci\u00f3n hipotecaria que han llegado hasta la corte federal en a\u00f1os recientes<\/a>. A nivel estatal se aprob\u00f3 legislaci\u00f3n en el 2012 para obligar la realizaci\u00f3n de un proceso de mediaci\u00f3n previo a la ejecuci\u00f3n de una propiedad residencial en Puerto Rico. Sin embargo, el pleito tambi\u00e9n alega que los demandados no cumplieron con esta ley (184 del 2012) ni con la reci\u00e9n aprobada Ley 169 del 2016 que obliga a la instituci\u00f3n financiera ofrecer primero un proceso de mitigaci\u00f3n de p\u00e9rdidas al deudor previo a una ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) hasta diciembre del 2016 la tasa de delincuencia hipotecar\u00eda era de 12.87%, con unas 17,263 propiedades bajo un proceso de ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

Demanda contra bancos por ejecuciones de hipoteca – NotiCel_24084<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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