El Tribunal Federal detuvo tres demandas contra distintas movidas fiscales del Gobierno de Puerto Rico bas\u00e1ndose en que son el tipo de controversia para la que se cre\u00f3 la Ley federal de Gerencia, Supervisi\u00f3n y Estabilizaci\u00f3n Econ\u00f3mica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles) y su moratoria de pleitos hasta febrero de 2017.<\/p>\n
El juez Francisco Besosa, sin embargo, dej\u00f3 abierta la posibilidad de que las demandas puedan proseguir si se le argumenta una raz\u00f3n apropiada bajo una secci\u00f3n de la Ley PROMESA que le da facultad a los tribunales de hacer excepciones en la moratoria.<\/p>\n
Esas causas se discutir\u00eda en una vista a celebrarse en la semana del 17 de septiembre.<\/p>\n
De esta manera se resuelve el primer reto presentado en los tribunales contra la aplicaci\u00f3n de la moratoria que la ley federal dicta hasta el 15 de febrero de 2017.<\/p>\n
La decisi\u00f3n emitida el lunes en la tarde cubre los pleitos de un grupo de bonistas encabezado por Dionisio Trigo, de algunos bonistas institucionales del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de un grupo de aseguradoras de bonos del Gobierno de Puerto Rico. Cubre tambi\u00e9n el pleito en el que intervinieron los municipios de San Juan, Ponce y Carolina para proteger los fondos de los municipios en el BGF.<\/p>\n
En su decisi\u00f3n, el juez tambi\u00e9n afirm\u00f3 que la ley federal no violenta la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos y la capacidad de revisi\u00f3n del Poder Judicial porque, seg\u00fan Besosa, la ley permite la acci\u00f3n judicial, como precisamente se dispone a hacer el magistrado con su vista de septiembre para escuchar a las partes sobre si la moratoria les debe aplicar o no.<\/p>\n
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