Estamos, pues, ante una de muchas situaciones donde no podemos precisar la magnitud del riesgo a la salud y el ambiente por falta de informaci\u00f3n y conocimientos, pero donde s\u00ed podemos predecir que la actividad de incineraci\u00f3n es da\u00f1ina a la salud y el ambiente. En el \u00e1mbito del derecho internacional aplicar\u00edamos el Principio de Precauci\u00f3n, el cual obliga a que se escojan alternativas m\u00e1s seguras cuando los datos cient\u00edficos no permiten una determinaci\u00f3n completa del riesgo a la salud y el ambiente (v\u00e9ase Principio 15 de la Declaraci\u00f3n de R\u00edo sobre el Medioambiente y el Desarrollo).<\/p>\n
En la Uni\u00f3n Europea se autoimpusieron dicha norma exigiendo a los pa\u00edses miembros alcanzar altos niveles de reciclaje e implantar programas estrictos de desv\u00edo de materia reciclable en los vertederos. Una vez estas directrices fueron cumplidas, la Uni\u00f3n Europea reglament\u00f3 rigurosamente la incineraci\u00f3n para complementar sus pol\u00edticas que fomentan la reducci\u00f3n, el reuso y el reciclaje.<\/p>\n
Desafortunadamente, los Estados Unidos no acepta el Principio de Precauci\u00f3n como vinculante a sus actividades nacionales por lo que permite el uso de tecnolog\u00edas riesgosas, aun cuando \u00e9stas puedan causar da\u00f1os a la salud y el ambiente. No obstante, Puerto Rico no tiene que seguir ciegamente las pol\u00edticas de los Estados Unidos; especialmente cuando, como ahora, no se ajustan a nuestra realidad geogr\u00e1fica. Nuestras pol\u00edticas deben responder a nuestra realidad de isla tropical densamente poblada; no de un pa\u00eds del tama\u00f1o de un continente y con baja densidad poblacional. Adem\u00e1s, y m\u00e1s importante a\u00fan, desde el 2004, nuestra Ley de Pol\u00edtica P\u00fablica Ambiental exige que se aplique el Principio de Prevenci\u00f3n al evaluarse los impactos ambientales de una propuesta acci\u00f3n que pueda afectar significativamente el ambiente humano (v\u00e9ase Art. 4.B.5. de la Ley 416 de 22 de septiembre de 2004). Conforme el Principio de Prevenci\u00f3n, ‘no se debe utilizar la falta de una completa certeza cient\u00edfica como raz\u00f3n para posponer medidas costo-efectivas para prevenir la degradaci\u00f3n ambiental’ (Art. 4.B.5. de la Ley 416 de 22 de septiembre de 2004) y ‘el peso de la prueba sobre la ausencia de peligros que pueda causar una nueva tecnolog\u00eda, proceso, actividad o sustancia qu\u00edmica recae en el proponente de la misma, no en la ciudadan\u00eda’ (Art. 4.B.5(2) de la Ley 416 de 22 de septiembre de 2004). Recordemos que las plantas petroqu\u00edmicas de Pe\u00f1uelas tambi\u00e9n cumplieron con los permisos ambientales federales y locales aplicables en su momento. Sin embargo, 40 a\u00f1os despu\u00e9s todav\u00eda estamos descubriendo la contaminaci\u00f3n que dejaron las mismas luego de cerrar sus operaciones (v\u00e9ase El Nuevo D\u00eda, Preocupante Hallazgo en antigua petroqu\u00edmica, 19\/nov\/2014, p. 6). No entreguemos otro municipio de la isla a un futuro de contaminaci\u00f3n.<\/p>\n
La incineradora propuesta para Arecibo claramente viola el Principio de Precauci\u00f3n reconocido en el Derecho Internacional, as\u00ed como el Principio de Prevenci\u00f3n contenido en nuestra Ley de Pol\u00edtica P\u00fablica Ambiental. Adem\u00e1s, la incineradora propuesta es un mal proyecto por muchas razones adicionales. Entre las que se han mencionado correctamente est\u00e1n: al no discriminar entre los diversos componentes de la basura dom\u00e9stica que se recibe, no se puede controlar la toxicidad de las cenizas y los gases que produzca la planta (en muchos lugares se separan materiales t\u00f3xicos como pl\u00e1sticos y metales, y se reciclan en la misma planta, o se procesan los desperdicios que llegan antes de quemarse como medida de control de toxicidad, entre otras cosas; estas estrategias no son propuestas para Arecibo); el lugar donde ubicar\u00e1n la planta de incineraci\u00f3n es completamente inapropiado (en el medio de la Reserva Natural Ca\u00f1o Tiburones, del Bosque Cambalache, del Bosque R\u00edo Abajo, de la Poza del Obispo, del cauce mayor del R\u00edo Grande de Arecibo y de comunidades pobres de puertorrique\u00f1os); el proyecto presenta una alternativa muy costosa para la realidad fiscal de Puerto Rico (la mayor\u00eda de los municipios de la isla no cuentan con los recursos necesarios para pagar el costo de disposici\u00f3n de una incineradora); la calidad del aire en Arecibo, y realmente en toda la isla, es de tan pobre calidad (por razones naturales, como el polvo del Sahara y hongos, y por razones antropog\u00e9nicas, como la quema de combustibles para generar energ\u00eda y emisiones de las miles fuentes industriales alrededor de la isla) que una planta incineradora indudablemente magnificar\u00eda el deterioro del mismo; el agua que el proyecto solicita extraer del Ca\u00f1o Tiburones impactar\u00eda el ecosistema sensitivo de esta Reserva Natural; y los 150 empleos directos que se crear\u00edan con la planta no justifican el riesgo a la salud y ambiental (los portavoces del proyecto hablan de la creaci\u00f3n de hasta 4,000 empleos indirectos, pero la mayor\u00eda de estos ya existen en la red de recolecci\u00f3n y transporte de los desperdicios s\u00f3lidos en Puerto Rico).<\/p>\n
Lo que resulta dif\u00edcil entender es porqu\u00e9 el gobierno est\u00e1 evaluando este proyecto cuando es incompatible con la pol\u00edtica p\u00fablica ambiental y de desperdicios s\u00f3lidos existente y con el programa de gobierno de la Administraci\u00f3n de turno. Vale la pena profundizar sobre este punto.<\/p>\n
Tan temprano como en los a\u00f1os ochenta, ya era evidente que est\u00e1bamos produciendo demasiada basura para una isla 100 x 35. Durante esa d\u00e9cada, el Municipio de San Juan consider\u00f3 la incineraci\u00f3n como estrategia de manejo de su basura, pero la abandon\u00f3 por el costo pol\u00edtico, ambiental y econ\u00f3mico de la misma. En 1992, enmiendas a la ley federal sobre el manejo de desperdicios s\u00f3lidos buscaban minimizar el impacto ambiental relacionado con la operaci\u00f3n y cierre de vertederos. Estas enmiendas resultaron en el cierre de la mitad de los vertederos del Pa\u00eds, y nos obligaron a buscar estrategias para manejar nuestra basura de una forma ambientalmente responsable y econ\u00f3micamente viable.<\/p>\n
En respuesta a esto, la Administraci\u00f3n del Gobernador Rossell\u00f3, consider\u00f3 diversas propuestas de incineraci\u00f3n para hacer ‘desaparecer’ nuestro problema con la basura. Una para Caguas, otra para Guaynabo y una tercera para Arecibo. Aunque estas propuestas contaban con el favor de la Administraci\u00f3n de Pedro Rossell\u00f3, no lograron la aceptaci\u00f3n del Pueblo, por lo que la gente se activ\u00f3 para rechazarlas. Desde aquel entonces, nuestra gente entend\u00eda que la soluci\u00f3n sustentable para Puerto Rico era reducir la cantidad de basura que gener\u00e1bamos, y reutilizar, reciclar y compostar al m\u00e1ximo la que reduj\u00e9ramos. Resultaba evidente para todos que las alternativas de la incineraci\u00f3n y de la disposici\u00f3n en los vertederos eran las que menos le conven\u00edan a Puerto Rico.<\/p>\n
No obstante, a fines del 2000 sali\u00f3 a la luz p\u00fablica que funcionarios del Gobierno Rossell\u00f3 ten\u00edan la intenci\u00f3n de firmar con Ogden un proyecto de incineraci\u00f3n para Arecibo, contrario a los deseos del Pueblo. Este controvertible proyecto en Arecibo ya hab\u00eda polarizado la opini\u00f3n p\u00fablica en contra de la incineraci\u00f3n previo a las elecciones del 2000, y el copo del Partido Popular Democr\u00e1tico en dichas elecciones fue interpretado por muchos como el fin de las referidas propuestas de incineraci\u00f3n.<\/p>
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