Los linchamientos de supuestos delincuentes en Bolivia muestran que en el pa\u00eds rige de facto una pena de muerte aplicada por muchedumbres violentas, turbas ante las que la Justicia casi siempre se ve debil y sin posibilidad de castigar sus cr\u00edmenes.<\/p>\n
‘Si bien constitucionalmente no tenemos la pena de muerte, en Bolivia se la va implantando de facto. Cuando la gente hace justicia por mano propia, califica con la pena m\u00e1s grande: el homicidio’, lament\u00f3, en declaraciones a Efe, el magistrado suplente del Tribunal Constitucional Milton Mendoza.<\/p>\n
Este extremo ha sido constatado estos d\u00edas con dos linchamientos que se suman a las decenas de los \u00faltimos a\u00f1os en Bolivia, donde se cuentan entre diez y veinte casos consumados cada a\u00f1o y una cifra mayor de intentos, seg\u00fan organizaciones de derechos humanos.<\/p>\n
El lunes, un joven de 25 a\u00f1os acusado de matar al due\u00f1o de una pizzer\u00eda en el pueblo andino de Sorata fue sacado de su casa por una turba, molido a golpes, arrojado a una zanja donde pas\u00f3 toda la noche y al d\u00eda siguiente fue envenenado y finalmente ahorcado.<\/p>\n
No fue un homicidio r\u00e1pido, sino tormentoso y con sa\u00f1a como son los linchamientos protagonizados por las turbas enervadas que act\u00faan sumariamente como polic\u00edas, fiscales, jueces y verdugos.<\/p>\n
Hace una semana, en un cementerio de la ciudad de Santa Cruz (este), en el otro extremo del pa\u00eds, cinco hombres, cuatro de ellos miembros de una familia, mataron a golpes a un alba\u00f1il creyendo que era un profanador de nichos, cuando lo que hac\u00eda era arreglarlos.<\/p>\n
Los familiares de los supuestos autores que fueron detenidos han pedido perd\u00f3n por el error y, seg\u00fan la prensa, ofrecieron mil d\u00f3lares a la familia del alba\u00f1il para que retire la denuncia.<\/p>\n
Al ser \u00e9ste un caso con los presuntos homicidas ya identificados podr\u00eda llegar a una sentencia final, porque el gran problema de las autoridades es no poder juzgar a las turbas, pese a que en ellas se esconden los instigadores y los autores materiales de los cr\u00edmenes.<\/p>\n
‘Son muy dif\u00edciles de investigar, porque hay muchos autores y hay una solidaridad entre todos ellos, un hermetismo c\u00f3mplice porque todos participan de una y otra forma y como los procesos duran tanto tienden a quedarse en la impunidad’, lament\u00f3 Mendoza.<\/p>\n
Las turbas han linchado a personas por razones que van desde la sospecha de que son homicidas y violadores a ladrones de bombonas de gas o motocicletas y en casos extremos porque si est\u00e1n borrachas no han logrado explicar su presencia en un barrio donde no les conocen.<\/p>\n
Un caso brutal ocurri\u00f3 en septiembre de 2011 cuando Israel Jes\u00fas Colque, de 25 a\u00f1os, fue linchado en una plaza del pueblo de Viacha, cerca de La Paz, tras ser detenido aparentemente en estado de ebriedad por los vecinos que le confundieron con un ladr\u00f3n, pero \u00e9l no pudo dar explicaciones porque era sordomudo.<\/p>\n
Los grupos de linchamiento rebasan casi siempre a los agentes que intentan frenarlos cuando llegan a tiempo e incluso han invadido hospitales o puestos policiales para rematar a sospechosos, en medio de la impotencia de las autoridades, cuyas vidas tambi\u00e9n peligran.<\/p>\n
Mendoza fue el fiscal que en 2004 investig\u00f3 el caso emblem\u00e1tico del linchamiento en una plaza del alcalde del pueblo ind\u00edgena andino de Ayo Ayo y logr\u00f3 llevar a 17 personas a juicio, pero lamenta que hasta hoy no exista una sentencia definitiva en este proceso debido a ‘la manipulaci\u00f3n de la justicia’ por parte de los acusados.<\/p>\n
Es m\u00e1s, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 hace poco la Defensor\u00eda del Pueblo, desde hace nueve a\u00f1os ni una sola persona ha sido procesada y condenada despu\u00e9s de cometer linchamientos y pareciera que tras la perplejidad inicial por cada caso, todos asumen un ‘silencio y olvido c\u00f3mplice’.<\/p>\n
La Defensor\u00eda y Naciones Unidas han reclamado insistentemente que se sancione a los responsables de cada crimen, pero nada ha logrado frenar los linchamientos que se suceden regularmente y a veces se repiten en las mismas regiones como Cochabamba, El Alto y Potos\u00ed.<\/p>\n
En el fondo de cada drama est\u00e1 la constataci\u00f3n del retraso del sistema judicial ordinario que no goza de la confianza de las personas y del sistema ‘ind\u00edgena, originario, campesino’, constitucionalmente reconocido desde 2009, que sirve como pretexto a los linchadores para tomar venganza por mano propia, seg\u00fan reconocen los analistas y juristas.<\/p>\n
La recurrencia de los linchamientos en comunidades ind\u00edgenas o en poblaciones urbanas donde hay una fuerte inmigraci\u00f3n del campo ha hecho ver a los analistas una relaci\u00f3n entre su cultura y la radicalidad con que act\u00faan para juzgar a supuestos delincuentes.<\/p>\n
No obstante, la senadora oficialista Sandra Soriano, presidenta de la Comisi\u00f3n de Justicia Plural del Senado, se\u00f1al\u00f3 a Efe que no se puede llamar a eso justicia comunitaria ni se puede generalizar la idea de que los ind\u00edgenas solo resuelven sus conflictos por esta v\u00eda tan radical, pues tambi\u00e9n usan la conciliaci\u00f3n y la restauraci\u00f3n.<\/p>\n
A\u00fan as\u00ed, reconoce que son recurrentes los casos en el campo que pueden ser considerados ‘una pena capital de facto’, pero que debe frenarse con una mayor acci\u00f3n de la Justicia para evitar impunidad.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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