El Centro para una Nueva Econom\u00eda (‘CNE’) ha analizado la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y fiscal de Puerto Rico durante m\u00e1s de una decada. Durante este periodo, hemos examinado el contexto socioecon\u00f3mico y alertado sobre la rapidez con que se ha deteriorado la situaci\u00f3n fiscal de la isla. A traves de la publicaci\u00f3n de informes de investigaci\u00f3n y pol\u00edtica p\u00fablica, hemos abordado algunos de los problemas m\u00e1s apremiantes de la isla y propuesto recomendaciones ponderadas y sensatas tanto dentro como fuera de Puerto Rico. Recientemente, dada la severidad de la situaci\u00f3n actual y reconociendo el complicado escenario pol\u00edtico, hemos desarrollado esfuerzos en Washington D.C. para educar a miembros y funcionarios del Congreso y el Ejecutivo de EEUU, sobre la necesidad de que el gobierno federal tome acci\u00f3n abarcadora sobre este asunto.<\/p>\n
En momentos en que la situaci\u00f3n en Puerto Rico y Washington D.C. llega a un punto cr\u00edtico, afirmamos los siguientes principios no negociables del CNE para evaluar cualquier propuesta relacionada a la supervisi\u00f3n de las finanzas de Puerto Rico por parte del gobierno federal y el proceso para reestructurar y atender la insostenible deuda p\u00fablica.<\/p>\n
1. Cualquier ejercicio federal de supervisi\u00f3n tiene que respetar las instituciones y los procesos pol\u00edticos de Puerto Rico. Cualquier otra cosa ser\u00eda degradante para los puertorrique\u00f1os e inapropiado para los Estados Unidos. Darle marcha atr\u00e1s al reloj y volver a las pol\u00edticas coloniales del Acta Foraker de 1900 es simplemente inaceptable.<\/p>\n
2. La responsabilidad y autoridad final sobre las decisiones relacionadas a asuntos impositivos y el gasto p\u00fablico debe residir en los oficiales democr\u00e1ticamente electos de Puerto Rico, quienes deben ser transparentes y rendir cuentas p\u00fablicamente a sus constituyentes. Este es un principio fundamental de gobernanza democr\u00e1tica que no debe ser sacrificado por conveniencia pol\u00edtica o para aplacar grupos de inter\u00e9s o sectores espec\u00edficos en el entramado pol\u00edtico de los EEUU.<\/p>\n
3. Cualquier propuesta para reestructurar la deuda de Puerto Rico debe tratar tanto a los acreedores como a los deudores de una manera equitativa y justa, y debe proveer ex ante un camino claro y viable para proveer un alivio significativo de la deuda. En particular, no se deben imponer requisitos\/certificaciones\/votos adicionales por parte de la Junta de Supervisi\u00f3n para que pueda procederse a un proceso de reestructuraci\u00f3n supervisado por una corte. Debe bastar con que se haya hecho un esfuerzo de buena fe para llegar a una soluci\u00f3n negociada y este esfuerzo haya fallado.<\/p>\n
4. Ninguna clase de deuda de Puerto Rico debe ser excluida del proceso de reestructuraci\u00f3n. Establecer un proceso en dos canales, uno para la deuda de Obligaciones Generales (GO en ingl\u00e9s) y los bonos de COFINA y otro para todas las dem\u00e1s clases de reclamaciones ser\u00eda extremadamente complicado de administrar. En el peor de los casos, este proceso probablemente ser\u00eda imposible de ejecutar. En t\u00e9rminos de la reestructuraci\u00f3n de la deuda, la claridad siempre es mejor que la incertidumbre.<\/p>\n
5. Una reestructuraci\u00f3n abarcadora de la deuda por s\u00ed misma no traer\u00e1 nuevas oportunidades de crecimiento econ\u00f3mico. Por lo tanto, un task force congresional para el desarrollo econ\u00f3mico de Puerto Rico debe colaborar con sectores interesados y grupos informados en Puerto Rico para desarrollar una estrategia abarcadora de crecimiento econ\u00f3mico a largo plazo. El dise\u00f1o de esta estrategia colaborativa debe incluir medidas de corto plazo que provoquen nueva actividad de inversi\u00f3n, as\u00ed como propuestas de mediano plazo que ayuden a reconstruir las instituciones econ\u00f3micas, fortalecer la gobernanza p\u00fablica, e identificar apuestas estrat\u00e9gicas en sectores particulares de la econom\u00eda de Puerto Rico.<\/p>\n
6. Finalmente, si el Congreso no est\u00e1 dispuesto o no puede actuar, entonces debe permitir que Puerto Rico legisle su propio marco legal para reestructurar la deuda. Seguir posponiendo una reestructuraci\u00f3n necesaria de la deuda solo provocar\u00e1 la destrucci\u00f3n del valor de la inversi\u00f3n de los bonistas y niveles m\u00e1s bajos de recobro. M\u00e1s a\u00fan, continuar con un proceso legal desordenado y plagado de incertidumbre, con numerosos litigios de acreedores, deprimir\u00e1 a\u00fan m\u00e1s la econom\u00eda local, aumentar\u00e1 los costos de la reestructuraci\u00f3n y har\u00e1 m\u00e1s dif\u00edcil de alcanzar la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica en el largo plazo.<\/p>\n