El arresto el jueves del presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo, no ha intimidado a muchos letrados puertorrique\u00f1os que a pesar de que un juez federal en la Isla ha impuesto una orden de mordaza sobre un caso contra la instituci\u00f3n, insisten en que por encima de una ley injusta est\u00e1 el derecho de los ciudadanos a combatirla.<\/p>\n
Toledo se entreg\u00f3 a las autoridades federales manifestando que no pagar\u00eda la multa de 10,000 d\u00f3lares que le impuso el juez Jos\u00e9 Fust\u00e9 por desacato alegando que el presidente de los abogados colegiados hab\u00eda hablado p\u00fablicamente sobre el caso ‘Herbert Brown vs Colegio de Abogados de Puerto Rico’, sobre el que se hab\u00eda ordenado el silencio p\u00fablico de los implicados.<\/p>\n
En el proceso judicial se reclama al Colegio la devoluci\u00f3n de m\u00e1s de cuatro millones de d\u00f3lares que la instituci\u00f3n habr\u00eda cobrado entre los a\u00f1os 2002 y 2006 impropiamente a sus miembros para un seguro de vida.<\/p>\n
La orden de mordaza aplica ‘hasta los conserjes’, dijo a NotiCel una fuente del Colegio que no quiso ser identificada.<\/p>\n
Sin embargo, Toledo ‘ha tenido la valent\u00eda -que ha demostrado en numerosas reuniones y al negarse a pagar la multa y aceptar ser arrestado-‘, insisti\u00f3 la fuente, de explicar p\u00fablicamente a los colegiados qu\u00e9 deben hacer para ser excluidos de la demanda de clase que exige la devoluci\u00f3n de unos fondos que podr\u00edan conllevar la quiebra de la entidad y la p\u00e9rdida de su sede en Miramar.<\/p>\n
Ma\u00f1ana, alcaldes y legisladores del Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD) que son abogados han convocado una conferencia de prensa en San Juan para expresarse sobre el caso.<\/p>\n
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados aprob\u00f3 hoy un manifiesto para expresar su solidaridad con el presidente de la instituci\u00f3n ‘por su acto de valor y honradez al negarse a pagar una sanci\u00f3n injusta y excesiva por meramente cumplir con las obligaciones de su cargo’, reza el manifiesto.<\/p>\n
Los colegiados defienden en el manifiesto que cuando las leyes del pa\u00eds o las \u00f3rdenes de un tribunal ‘violan, so color de autoridad, principios fundamentales de paz, justicia y derechos humanos, el deber de los hombres y las mujeres honrados es denunciar y combatir las injusticias con la palabra y la acci\u00f3n no violenta en todos los foros disponibles’.<\/p>\n
Por su parte, la Comisi\u00f3n de Derechos Civiles exigi\u00f3 la liberaci\u00f3n de Toledo por considerar la orden de mordaza emitida el 9 de febrero ‘un ejercicio de censura previa’.<\/p>\n
‘La falta de informaci\u00f3n entre los miembros del Colegio ha quedado evidenciada con la participaci\u00f3n de \u00e9stos en los distintos medios de comunicaci\u00f3n en b\u00fasqueda de respuestas a distintas interrogantes sobre el litigio y sobre c\u00f3mo darse de baja de la clase’, explic\u00f3 la CDC, que se\u00f1al\u00f3 en un comunicado que ‘ning\u00fan juez estatal o federal puede encontrar incurso en desacato civil a un individuo so pretexto de un incumplimiento con una orden judicial cuya motivaci\u00f3n para tal acci\u00f3n es la cr\u00edtica informada y fundamentada a un procedimiento judicial’.<\/p>\n
‘Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n’, insisti\u00f3 la comisi\u00f3n, que subray\u00f3 que ‘no se puede restringir el derecho de expresi\u00f3n por v\u00edas o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o por cualquiera otro medio encaminado a impedir la comunicaci\u00f3n y la circulaci\u00f3n de ideas y opiniones’.<\/p>
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