‘Si no habr\u00eda ordenamiento jur\u00eddico se estar\u00eda proponiendo la privatizaci\u00f3n. Si no hay ley, eso le permite a los acreedores ir contra los activos para obligar la venta y cobrar. Esta Ley protege el car\u00e1cter p\u00fablico de esta corporaci\u00f3n’, destac\u00f3 Garc\u00eda Padilla. En su secci\u00f3n 205, inciso (a)(b)(4), p\u00e1gina 80, el proyecto dice que solicitar un incremento de las tarifas es uno de los remedios que no estar\u00eda disponible para un acreedor.<\/p>\n
Pese a que el Primer Mandatario descart\u00f3 que el proyecto sea equivalente a la Ley de Quiebra, lo cierto es que la medida surge ante el ‘vac\u00edo jur\u00eddico’ que tienen lasinstrumentalidadesp\u00fablicas, al no ser elegibles para el Cap\u00edtulo del C\u00f3digo federal al que se acogen las compa\u00f1\u00edas privadas, as\u00ed como los municipios estadounidenses. ‘Esto no es una Ley de Quiebra porque est\u00e1 hecha para garantizar la continuidad en la operaci\u00f3n’, explic\u00f3 Garc\u00eda Padilla, al detallar que la Ley no provee la opci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n
La corporaci\u00f3n que se declare insolvente porque no cuente con los recursos para cumplir con el pago a los suplidores y bonistas, puede renegociar los t\u00e9rminos del vencimiento y la tasa de intereses de la deuda. ‘Un ejemplo muy com\u00fan es que el vencimiento se posterga, pero aumenta el inter\u00e9s. Es una posibilidad que surge de este tipo de negociaciones cuando hay una estructura que lo permite’, estableci\u00f3 Garc\u00eda Padilla a preguntas de este diario digital. Lo que no es opci\u00f3n para su administraci\u00f3n es incurrir en un impago o incumplimiento de las obligaciones contractuales.<\/p>\n
El Gobernador enfatiz\u00f3 que la Ley \u00fanicamente aplica a las corporaciones que no puedan cumplir con sus pagos, y no puede ser utilizada para las obligaciones generales del Gobierno. Indic\u00f3, por el contrario, que la medida protege que el Gobierno tenga quereestructurarsus obligaciones generales pues les alivia de tener que rescatar financieramente a las corporaciones.<\/p>\n
La Ley estipula dos caminos para la renegociaci\u00f3n. El primero consiste de un acuerdo entre las partes sin la necesidad de una intervenci\u00f3n del Tribunal, cuando una mayor\u00eda de los acreedores acepta el plan de la corporaci\u00f3n para alcanzar la autosuficiencia. De no llegar a un acuerdo, se entra entonces en un segundo proceso, en el cual se nombra un comit\u00e9 para representar a los acreedores, y es el Tribunal quien aprueba el plan.<\/p>\n
Aunque se descart\u00f3 la presencia de un s\u00edndico, el proceso de renegociaci\u00f3n requiere del nombramiento de un ‘oficial administrativo’ que maneje la emergencia en cuanto al pago de los bonos.<\/p>
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<\/a><\/div>\nLa administraci\u00f3n present\u00f3 el proyecto como una ‘\u00faltima opci\u00f3n’ en caso de que no sean suficientes las medidas de reducci\u00f3n de gastos y la congelaci\u00f3n de los convenios colectivos que se aprobaron mediante la ‘Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional’.<\/p>\n
En el caso de la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (AEE), la Junta de Gobierno asegura que ha reforzado el cobro de las tarifas a los deudores, entre los que se encuentran las propias agencias del Gobierno que le adeudan cerca de $600 millones. Garc\u00eda Padilla asegur\u00f3 que el presupuesto atiende esta necesidad al identificar fondos recurrentes para que las agencias paguen las facturas de energ\u00eda el\u00e9ctrica.<\/p>\n
Aunque el Gobernador asegur\u00f3 que a\u00fan no se ha tomado una decisi\u00f3n respecto a alguna de las corporaciones p\u00fablicas, la situaci\u00f3n m\u00e1s delicada financieramente la enfrenta la AEE. El director del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), David Chafey, mencion\u00f3 que la deuda de las corporaciones alcanza los $26,000 millones. La AEE debe $10,000 millones, la Autoridad de Carreteras y Transportaci\u00f3n (ACT)debe $7,000 millones, y laAutoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) $4,500 millones.<\/p>\n
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