Un abogado del comite de quiebras de la Federaci\u00f3n Interamericana de Abogados opin\u00f3 que el mayor defecto constitucional de la propuesta ley que reestructurar\u00eda las deudas de las corporaciones p\u00fablicas, firmada el s\u00e1bado por el Gobernador, es que menoscaba las obligaciones contractuales.<\/p>\n
La ‘Ley para el Cumplimento con las Deudas y para la Recuperaci\u00f3n de las Corporaciones P\u00fablicas de Puerto Rico’ contempla dos tipos de procedimientos para atender el alto nivel de deuda de las corporaciones p\u00fablicas, el cual es el 40 por ciento de la deuda total de la isla. La Ley, rese\u00f1\u00f3 NotiCel en primicia este domingo, ya fue retada en el Tribunal Federal.<\/p>\n
El primero de los procedimientos es uno consensual de modificaci\u00f3n de deuda que culmina con un programa de recuperaci\u00f3n contenido en el Cap\u00edtulo 2 del estatuto, y el segundo, contenido en el Cap\u00edtulo 3, es un procedimiento supervisado por el tribunal que culminar\u00eda en un plan ordenado de cumplimiento con las deudas. Una corporaci\u00f3n p\u00fablica puede solicitar alivio bajo el Cap\u00edtulo 2 o el Cap\u00edtulo 3, o bajo ambos de forma consecutiva o concurrente.<\/p>\n
La propuesta ley est\u00e1 dise\u00f1ada en muchos aspectos para que refleje ciertas disposiciones claves del T\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, y tanto el tribunal como las partes interesadas deben revisar y considerar el precedente existente al amparo del T\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Estados Unidos, de ser aplicable, al momento de interpretar e implementar la misma.<\/p>\n
La propuesta ley se hizo debido a que las corporaciones p\u00fablicas no pueden acogerse a la ley de quiebras federal y porque, en algunos casos, las leyes org\u00e1nicas de algunas de las corporaciones proveen para la designaci\u00f3n de un s\u00edndico en caso de incumplimiento de pagos.<\/p>\n
David Freedman, abogado de la firma O’Neill y Borges y miembro de la FIA, dijo que hay varias \u00e1reas a examinarse en la ley. A modo de ejemplo, un tribunal podr\u00eda examinar el tema de c\u00f3mo se afecta la separaci\u00f3n de poderes entre las tres ramas de gobierno. Del texto de la ley se desprende que el procedimiento de reestructuraci\u00f3n estar\u00eda controlado por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).<\/p>\n
‘Pero quiz\u00e1s hay otro tema m\u00e1s interesante y es si el estatuto violenta la disposici\u00f3n federal contra el menoscabo de obligaciones contractuales,’ sostuvo Freedman. Esto es porque la ley permite alterar convenios y paralizar contratos. Seg\u00fan el abogado el tema del menoscabo de obligaciones contractuales es uno amplio y no se sabe c\u00f3mo un tribunal decidir\u00e1. En el caso de Puerto Rico, ha habido situaciones en que ese menoscabo se ha permitido cuando hay un inter\u00e9s apremiante.<\/p>\n
El estatuto fue tema de conversaci\u00f3n entre algunos de los abogados que participaron en las actividades de laFIA esta semana por ser novel, porque permitir\u00eda la privatizaci\u00f3n de una corporaci\u00f3n p\u00fablica insolvente, porque podr\u00eda tener problemas de debido proceso de ley y porque llevar\u00eda al despido de empleados.<\/p>\n
La propuesta ley establece que cualquier determinaci\u00f3n sobre reestructuraci\u00f3n de una deuda se har\u00e1 en una sala especializada la cual ser\u00e1 vinculante para todos los deudores en lo que los abogados opinaron podr\u00eda ser una violaci\u00f3n al debido proceso de ley.<\/p>\n
‘Le veo a esta ley un problema de debido proceso de ley porque est\u00e1 obligando a acreedores a aceptar algo que no quieran hacer’, dijo el abogado Jos\u00e9 Quintero aNoticelmientras participaba de una actividad de laFIA el viernes.<\/p>\n
Adem\u00e1s, abogados dijeron que la Secci\u00f3n 126 de la ley puede ser inconstitucional porque le da la discreci\u00f3n al juez de ordenar a una entidad a prestar una fianza para apelar una decisi\u00f3n de la Sala Especializada o para solicitar la paralizaci\u00f3n de decisiones tomadas bajo la ley.<\/p>\n
Otro abogado levant\u00f3 la alarma en torno a una secci\u00f3n de la ley que permite la transferencia de todo o parte de los activos de las corporaciones p\u00fablicas insolventes a entidades ajenas al Estado Libre Asociado para el pago de deudas. La Secci\u00f3n 307 del propuesto estatuto permite la transferencia de esos activos libres de grav\u00e1menes.<\/p>\n
‘Esto en efecto se podr\u00eda decir que es una privatizaci\u00f3n’, destac\u00f3 Luis G\u00f3mez, abogado laboral.<\/p>\n
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