En aras de controlar el gasto entre jefes, funcionarios y empleados de agencias de gobierno, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro Garc\u00eda Padilla, incluy\u00f3 la cancelaci\u00f3n de contratos de celulares en su recien firmada orden ejecutiva que persigue implementar medidas de austeridad en el manejo del fisco p\u00fablico.<\/p>\n
Sin embargo, y por tratarse de una orden ejecutiva que pudiera estar en conflicto con la legislaci\u00f3n existente con respecto al uso de celulares costeados con dinero p\u00fablico, pudiera ser la Asamblea Legislativa la rama de gobierno que deber\u00e1 revisar los estatutos vigentes para atemperarlos con la nueva pol\u00edtica p\u00fablica impulsada por Garc\u00eda Padilla.<\/p>\n
La orden ejecutiva firmada el pasado 3 de enero establece la prohibici\u00f3n del ‘uso de fondos p\u00fablicos para el pago de tel\u00e9fonos celulares y Asistentes Digitales Personales (PDA’s) para uso de los jefes, funcionarios y empleados de las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’.<\/p>\n
‘Cada agencia deber\u00e1 realizar los tr\u00e1mites necesarios para cancelar de forma ordenada todo contrato relacionado al uso de tel\u00e9fonos celulares y Asistentes Digitales Personales (PDA’s)’, a\u00f1ade el documento ejecutivo, como parte del tercer punto relacionado al control de gastos ordenado por el gobernador.<\/p>\n
Aunque la intenci\u00f3n de Garc\u00eda Padilla es cortar completamente el gasto en celulares a trav\u00e9s de la cancelaci\u00f3n de contratos con las compa\u00f1\u00edas proveedoras, la legislaci\u00f3n existente establece que este tipo de cancelaciones pudieran conllevar un gasto de penalidad que es lo que precisamente el gobierno debe evitar si desea implementar verdaderas pol\u00edticas de ahorro.<\/p>\n
Precisamente la Ley N\u00fam. 139 del 1ro de octubre de 2007 se aprob\u00f3 con el prop\u00f3sito de enmendar legislaci\u00f3n previa que no prove\u00eda las cautelas necesarias para evitar el gasto p\u00fablico por v\u00eda del pago de sanciones a compa\u00f1\u00edas proveedoras de celulares.<\/p>\n
De acuerdo a la exposici\u00f3n de motivos de la Ley N\u00fam. 139, la cancelaci\u00f3n de contratos ‘conllevar\u00eda la imposici\u00f3n por cargos de penalidad, al cancelar antes de tiempo los contratos de servicios de los tel\u00e9fonos celulares, lo que derrotar\u00eda la intenci\u00f3n legislativa plasmada la Ley N\u00fam. 105, supra’.<\/p>\n
M\u00e1s adelante se establece que los funcionarios de agencias, municipios y ramas de gobierno ‘deber\u00e1n restringir los contratos de servicio de tel\u00e9fonos celulares en sus respectivas dependencias, exclusivamente para el uso limitado del personal que forme parte del plan de contingencia para casos de emergencias, as\u00ed como aquellos funcionarios quienes por la naturaleza de sus puestos o funciones lo requieran’.<\/p>\n
La autorizaci\u00f3n del ‘uso limitado’ del celular en planes de contingencia ‘para casos de emergencia’ contrasta con la prohibici\u00f3n absoluta que desea implementar el nuevo gobernador de Puerto Rico.<\/p>\n
Igualmente, queda por definir a qu\u00e9 se refiere el ejecutivo cuando plantea que la cancelaci\u00f3n de contratos debe darse de forma ‘ordenada’. Asimismo, debe aclararse si este tipo de ruptura contractual ‘ordenada’ ser\u00e1 capaz de evitar las penalidades mencionadas en la Ley N\u00fam. 139.<\/p>\n
Ante ese escenario, las ramas ejecutivas y legislativas deber\u00e1n sentarse y tratar de atemperar la nueva pol\u00edtica p\u00fablica ejecutiva, con la legislaci\u00f3n vigente dirigida a reducir el gasto p\u00fablico en el uso de tel\u00e9fonos m\u00f3viles.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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