Inspector General se\u00f1ala varias irregularidades.<\/i><\/p>\n
El Departamento de Hacienda otorg\u00f3 en el 2017 un contrato por servicios profesionales a un productor de seguros que hab\u00eda sido incorporado el mismo d\u00eda en que comenz\u00f3 el proceso de recogido de propuestas.<\/p>\n
Las irregularidades fueron reveladas en una investigaci\u00f3n llevada a cabo por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) que detall\u00f3 que al momento de la firma del contrato, no exist\u00eda una resoluci\u00f3n corporativa que facultara al representante del productor de seguros a comparecer en dicho acto, como se establec\u00eda expresamente en el contrato mencionado. La resoluci\u00f3n corporativa contenida en el expediente, d\u00edas despues de la firma del contrato.<\/p>\n
De igual forma se revel\u00f3 que Hacienda valid\u00f3 y certific\u00f3 a la fecha de otorgamiento documentos tales como: Certificaci\u00f3n de Radicaci\u00f3n de Planillas, el Certificado de Existencia y la Certificaci\u00f3n Negativa del Programa de Seguro Social para Choferes, a pesar de que estos fueron expedidos y presentados en fecha posterior a la que ya se hab\u00eda concretado el otorgamiento del contrato.<\/p>\n
Se identific\u00f3 adem\u00e1s, que el Contrato y varias enmiendas fueron remitidos y registrados tard\u00edamente en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.<\/p>\n
No obstante, en el 2018, la Oficina de Auditor\u00eda Interna del Departamento hab\u00eda emitido un informe de investigaci\u00f3n en el que hab\u00edan identificado y se\u00f1alado algunas deficiencias en el proceso para el otorgamiento del contrato a dicho productor de seguros.<\/p>\n
La formalizaci\u00f3n del contrato desde la fecha de abril de 2017, y sus enmiendas, provocaron el desembolso de fondos p\u00fablicos por la cantidad de $182,630.38, por lo que OIG recomend\u00f3 al Departamento a iniciar los tr\u00e1mites correspondientes para el recobro de los fondos p\u00fablicos.<\/p>\n
‘La conducta anteriormente se\u00f1alada, pudiese representar violaciones a diferentes leyes entre las cuales se encuentra: la Ley N\u00fam. 146-2012, seg\u00fan enmendada conocida como ‘C\u00f3digo Penal de Puerto Rico’, la Ley N\u00fam. 230 del 23 de julio del 1974, seg\u00fan enmendada, conocida como ‘Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico’, la Ley N\u00fam. 237-2004, seg\u00fan enmendada, conocida como ‘Ley para establecer par\u00e1metros uniformes en los procesos de contrataci\u00f3n de servicios profesionales o consultivos para las agencias y entidades gubernamentales’, Ley N\u00fam. 84-2002, seg\u00fan enmendada, vigente al momento de los hechos y conocida como ‘C\u00f3digo de \u00c9tica para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Econ\u00f3micos de las Agencias Ejecutivas del E.L.A.’ y sustituida por la Ley N\u00fam. 2-2018, seg\u00fan enmendada, conocida como el C\u00f3digo Anticorrupci\u00f3n para el Nuevo Puerto Rico; Ley 18 de 1975, seg\u00fan enmendada conocida como ‘Contratos-Deber de Radicar en la Oficina del Contralor\u00bb, lee un comunicado.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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