{"id":620510,"date":"2018-05-07T04:00:00","date_gmt":"2018-05-07T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/site.prod.ew.ntc.navigacloud.com\/2018\/05\/07\/victoria-del-derecho-a-saber-ante-la-junta-de-control-fiscal\/"},"modified":"2025-08-15T08:13:02","modified_gmt":"2025-08-15T08:13:02","slug":"victoria-del-derecho-a-saber-ante-la-junta-de-control-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20180507\/victoria-del-derecho-a-saber-ante-la-junta-de-control-fiscal\/","title":{"rendered":"Victoria del derecho a saber ante la Junta de Control Fiscal"},"content":{"rendered":"<p>Las veces que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha intentado que los tribunales apoyen su visi\u00f3n de que la ley PROMESA que la cre\u00f3 le dot\u00f3 de poderes expansivos, ha chocado con paredes judiciales.<\/p>\n<p>El m\u00e1s reciente freno puesto por un tribunal es bien significativo porque sali\u00f3 ganando el derecho que tienen los ciudadanos bajo la Constituci\u00f3n de Puerto Rico de fiscalizar a su gobierno y exigir la rendici\u00f3n de cuentas, incluyendo a la JCF.<\/p>\n<p>La victoria judicial se registr\u00f3 en un caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta que estaba pendiente ante el juez federal Jay A. Garc\u00eda Gregory, quien a fines de la semana pasada emiti\u00f3 una orden a favor del CPI para que la Junta entregue una serie de documentos.<\/p>\n<p>Durante casi un a\u00f1o, en el que ya la Junta hab\u00eda sido derrotada en su pretensi\u00f3n de que la solicitud fuera considerada dentro del caso de quiebras del Gobierno de Puerto Rico, el CPI ha estado luchando judicialmente para obtener acceso a nueve distintos informes que se supone sean sometidos con regularidad semanal, mensual o trimestral por el gobierno a la Junta.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, se solicitan documentos, informes, cartas, correos electr\u00f3nicos y cualquier otra informaci\u00f3n o material intercambiado entre el Gobierno y sus agencias, y la Junta y tambien entre el gobierno federal y la Junta.<\/p>\n<p>El CPI requiere tambien los informes financieros de los integrantes de la Junta antes de ser nombrados a dicha entidad.<\/p>\n<p><strong>\u00bfQue establece la decisi\u00f3n de Garc\u00eda Gregory?<\/strong><\/p>\n<p>Desde el punto de vista general, la decisi\u00f3n de Garc\u00eda Gregory sencillamente establece que la Junta se tiene que atener a la letra de la ley PROMESA y que no puede a\u00f1adirse poderes que no est\u00e1n en la ley ni puede aprovechar los silencios de la ley para acomodaticiamente introducir facultades o limitaciones.<\/p>\n<p>Espec\u00edficamente, la Junta dec\u00eda que est\u00e1 inmune de ser demanda por materia de acceso a la informaci\u00f3n y que no tienen que cumplir con el derecho constitucional puertorrique\u00f1o de acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La Junta es una entidad del Estado Libre Asociado pagada por el pueblo de Puerto Rico y, como tal, tiene que cumplir con el derecho puertorrique\u00f1o que no sea incompatible con su mandato.<\/p>\n<p>&#8216;El Congreso da y el Congreso quita&#8217;, subraya el juez federal en su primera l\u00ednea para empezar un argumento en el que establece que:<\/p>\n<p>a) PROMESA dice que la Junta es una entidad del Gobierno de Puerto Rico, no federal, y dice que las demandas contra la Junta se presentan en el Distrito Federal judicial de Puerto Rico. Por esto, no hay duda de que la Junta puede ser demandada, es decir, no goza de inmunidad, y de que el foro adecuado para hacerlo es el federal.<\/p><div class=\"notic-content-middle\" id=\"notic-1297400570\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/aldiacontigopr.com\/\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" target=\"_blank\" aria-label=\"300&#215;600-JGO-Agua\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/06\/13130815\/300x600-JGO-Agua.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/06\/13130815\/300x600-JGO-Agua.jpg 300w, https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/06\/13130815\/300x600-JGO-Agua-150x300.jpg 150w, https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/06\/13130815\/300x600-JGO-Agua-6x12.jpg 6w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" width=\"300\" height=\"600\"   \/><\/a><\/div>\n<p>b) La ley PROMESA no dice que ninguna ley de Puerto Rico le aplica a la Junta. Al contrario, la Junta descarga su responsabilidad bajo PROMESA aplicando una combinaci\u00f3n de dicha ley con las leyes de Puerto Rico, mientras no sean incompatibles. O sea, no es cierto que la Junta se desentiende y queda inmune de las leyes de Puerto Rico en su funci\u00f3n bajo PROMESA.<\/p>\n<p>c) Someterse al derecho puertorrique\u00f1o de acceso a la informaci\u00f3n no impide que la Junta descargue sus responsabilidades bajo PROMESA ni obstruye los prop\u00f3sitos de dicha ley. De hecho, ayuda a descargar su responsabilidad porque, aunque ninguna parte de PROMESA ni de su historial congresional menciona que el acceso a la informaci\u00f3n no le va a aplicar a la Junta, dicho historial est\u00e1 lleno de referencias a que parte de los problemas econ\u00f3micos de Puerto Rico han sido causados por la falta de transparencia.<\/p>\n<p>d) &#8216;La Junta es una entidad del Estado Libre Asociado pagada por el pueblo de Puerto Rico y, como tal, tiene que cumplir con el derecho puertorrique\u00f1o que no sea incompatible con su mandato&#8217;.<\/p>\n<p>e) Las denegatorias de acceso a informaci\u00f3n tienen que tener justificaci\u00f3n apropiada; las denegatorias no pueden ser arbitrarias ni caprichosas.<\/p>\n<p><strong>\u00bfPor que es importante?<\/strong><\/p>\n<p>La reafirmaci\u00f3n de que un derecho que nace de la Constituci\u00f3n de Puerto Rico se mantiene firme ante una ley congresional, no se puede tomar a la ligera. M\u00e1s a\u00fan, cuando estamos ante una ley congresional dise\u00f1ada para crear una entidad con poderes por encima de todas las ramas constitucionales del Gobierno de Puerto Rico. La JCF puede actuar como un poder por encima de esos otros poderes como lo quiso el Congreso, pero no est\u00e1 inmune a la obligaci\u00f3n de ser transparente y rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico.<\/p>\n<p>El reconocimiento del Tribunal Federal al derecho de acceso a la informaci\u00f3n bajo la Constituci\u00f3n de Puerto Rico no puede pasar desapercibido en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuya mayor\u00eda de jueces se ha sometido hasta ahora al texto de la ley PROMESA sin cuestionamiento alguno en, por ejemplo, todo el tema de paralizaci\u00f3n de todos los pleitos contra el Estado por virtud de la quiebra. M\u00e1s all\u00e1 de eso, en la \u00fanica ocasi\u00f3n que consideraron la controversia sobre la entrega de documentos de los planes fiscales aprovecharon y le metieron nuevas excepciones al acceso a la informaci\u00f3n que le dan nuevas armas a la confidencialidad gubernamental. Con esta decisi\u00f3n federal, queda en evidencia que el Supremo de Puerto Rico ha rendido su autoridad ante PROMESA y que han sido c\u00f3mplices del gobierno en contra del derecho del pueblo a saber.<\/p>\n<p>La decisi\u00f3n de Garc\u00eda Gregory hay que verla en conjunto tambien con la decisi\u00f3n de la jueza Laura Taylor Swain, que preside el caso de quiebras del gobierno, de integrar a ese proceso una decisi\u00f3n que se origin\u00f3 en el Tribunal de Primera Instancia y en la que, aplicando el derecho constitucional puertorrique\u00f1o, la jueza Lauracelis Roques Arroyo, dict\u00f3 que la Administraci\u00f3n Rossell\u00f3 ten\u00eda que entregar documentos solicitados por el senador Eduardo Bhatia sobre el proceso de confecci\u00f3n de planes fiscales entre el gobierno y la Junta. Son pertinentes tambien las victorias que ha obtenido la entidad Espacios Abiertos en sus solicitudes de documentos al Gobierno de Puerto Rico.<\/p>\n<p>En conjunto, estas decisiones constituyen lo que probablemente sea una de las pocas cosas que se puede decir que est\u00e1 establecida hasta ahora en este nuevo escenario de la quiebra y la Junta: el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber lo que se est\u00e1 manejando en un proceso en el que se juega su futuro social, econ\u00f3mico y pol\u00edtico.<\/p>\n<p>Quedan dos preguntas urgentes: \u00bfVa a desafiar la Junta esta orden en un tribunal federal revisor para arriesgarse a otra derrota que limite su alcance? \u00bfHasta cu\u00e1ndo va a insistir el Gobierno de Puerto Rico en la opacidad y la falta de rendici\u00f3n de cuentas a la luz de estas derrotas?<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/media.noticel.com\/o2com-noti-media-us-east-1\/document_dev\/2018\/05\/07\/Opinion%20Garcia%20Gregory%20CPI%20v%20Junta%20mayo%202018_1525711469646_11393873_ver1.0.pdf\" target=\"_blank\">Para ver la decisi\u00f3n del juez Jay Garc\u00eda Gregory, pulse aqu\u00ed<\/a>:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" embed-content-articleid=\"739202305\" embed-content-groupid=\"593030471\" embed-content-id=\"739202305\" embed-content-imgalign=\"none\" embed-content-index=\"0\" embed-content-location=\"input_story-body\" embed-content-type=\"FILE\" height=\"240px\" src=\"\/amino-v1-theme\/images\/placeholder\/placeholder-16x9.jpg\" style=\"width:100%;\" width=\"360px\"\/><\/p>\n<p><em>*El autor es Editor Jefe de NotiCel, cofundador del CPI y l\u00edder del programa de Transparencia en el CPI. El equipo legal del CPI en la demanda federal son los licenciados Judith Berkan y Steven Lausell, de la Cl\u00ednica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Adem\u00e1s, el equipo legal lo integran Annette Mart\u00ednez, Luis Jose Torres, Rafael Rodr\u00edguez, Osvaldo Burgos y estudiantes de la Cl\u00ednica. <a href=\"http:\/\/periodismoinvestigativo.com\/\" target=\"_blank\">Tomado del Centro de <\/a><a href=\"http:\/\/periodismoinvestigativo.com\/\" target=\"_blank\">Periodismo<\/a> Investigativo.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las veces que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha intentado que los tribunales apoyen su visi\u00f3n de que la ley PROMESA que la cre\u00f3 le dot\u00f3 de poderes expansivos, ha chocado con paredes judiciales. 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