{"id":620488,"date":"2018-09-02T04:00:00","date_gmt":"2018-09-02T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/site.prod.ew.ntc.navigacloud.com\/2018\/09\/02\/en-juego-el-derecho-a-saber\/"},"modified":"2025-08-16T06:16:55","modified_gmt":"2025-08-16T06:16:55","slug":"en-juego-el-derecho-a-saber","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/opiniones\/20180902\/en-juego-el-derecho-a-saber\/","title":{"rendered":"En juego el derecho a saber"},"content":{"rendered":"

El pasado 4 de mayo, el juez federal Honorable Jay Garc\u00eda Gregory, dict\u00f3 una opini\u00f3n y orden fundamental para el ejercicio de la libertad de informaci\u00f3n, prensa, expresi\u00f3n y derecho al voto de los puertorrique\u00f1os. El caso, que todav\u00eda se tramita, fue presentado por el Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal requiriendo la entrega de cierta documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n atinente a lo que permito llamar las actividades de opresi\u00f3n que la Junta ejercita en Puerto Rico.<\/p>\n

La Junta, que gobierna a Puerto Rico bajo las facultades delegadas por el Congreso de los EEUU, es una especie de algoritmo jur\u00eddico a lo Wall Street, que parece ‘no ser de aqu\u00ed, ni de all\u00e1’. Bastarda de legitimaci\u00f3n por el Pueblo de Puerto Rico –es decir, arquetipo de lo antidemocr\u00e1tico– opera por efecto de la colonial e imperial cl\u00e1usula territorial de la Constituci\u00f3n de EEUU sobre el territorio puertorrique\u00f1o y sus habitantes.<\/p>\n

En sus elucubraciones, el Congreso dot\u00f3 a la Junta de poderes impresionantes para anular cualquier \u00e1tomo de ejercicio de autoridad por los poderes legislativos y ejecutivo puertorrique\u00f1os, d\u00e1ndole rienda a cualquier recorte o gasto presupuestario y, con anuencia, por el momento, en otro caso ante la Juez Laura Taylor Swain, d\u00e1ndole hasta facultades para modificar leyes, programas, decisiones y actos del Ejecutivo. En una reciente intervenci\u00f3n que lleg\u00f3 hasta el ‘made in Japan’, como dec\u00edan antes, la Junta le ha plantado su veto, v\u00eda ‘recomendaci\u00f3n’ al aumento a $15 d\u00f3lares la hora al sueldo de los trabajadores de la construcci\u00f3n en obras que reciban dinero canalizado a traves de fuentes gubernamentales puertorrique\u00f1as.<\/p>\n

La Junta es como una boa constrictor, de esas que se tragan de un bocado el ganado, y si se descuidan, se traga hasta a seres humanos. Es resbaladiza, no se sabe donde est\u00e1, ‘no es de aqu\u00ed, ni de all\u00e1’, reitero; es de Puerto Rico para unas cosas, como por ejemplo, para costear su cara operaci\u00f3n con los fondos menguados de los contribuyentes puertorrique\u00f1os. Por otro lado, cuando se trata de mantener fuera al gobierno federal fuera de reclamos jur\u00eddicos por violar derechos constitucionales– es parte del gobierno de Puerto Rico, aunque la gente aqu\u00ed, ni chistar pueda sobre su operaci\u00f3n y decisiones.<\/p>\n

En lo que toca a ponerse a resguardo de acciones por el legislativo y por el ejecutivo puertorrique\u00f1os, la Junta se canta y reclama su patente de corso congresional. Con sus cientos de m\u00fasculos, esta boa extranjera –nada que ver con la culebra puertorrique\u00f1a– captura a sus presas, las aprieta, le rompe todos los huesos y se las engulle. Una gran culebra tragona, de sangre fr\u00eda, adornada con la puertorrique\u00f1idad de sus miembros con nombramientos bastardos, empastelados en un cuarto oscuro congresional-presidencial; una culebra gigante que viene a exprimir y a ejercer su misi\u00f3n de asegurar el cobro de lo m\u00e1s que se pueda, a costa de la gente, aunque ello requiera inmunizar la deuda de auditor\u00edas e higienizarla de cualquier cosa que la haga inexigible judicialmente.<\/p>\n

La Junta,a pesar de su congresional autoridad bajo los imperiales poderes de la metr\u00f3polis, sin embargo, no las ha ganado todas. De hecho, el primer asalto lo perdi\u00f3 cuando quiso nombrar como sherif de la reorganizaci\u00f3n de la AEE a una especie de Robocop que iba a hacer y deshacer. Por un breve intervalo le pararon la carroza a Jose Carri\u00f3n III, el presidente de la Junta. Luego, asalto tras asalto, la Junta ha venido afinc\u00e1ndose. Muchas veces a causa de la ambig\u00fcedad y de los vaivenes negociados del gobernador, y otras, a base de una pesima utilizaci\u00f3n de las facultades legislativas, especialmente en cuanto a sus poderes investigativos.<\/p>\n

Despues de todo, si la Junta de Supervisi\u00f3n (control) Fiscal es parte del gobierno de Puerto Rico y utiliza anualmente decenas de millones de d\u00f3lares del presupuesto de los puertorrique\u00f1os, algo puede hacer la Legislatura de Puerta de Tierra.<\/p>\n

Aqu\u00ed es que viene al punto el caso del Centro de Periodismo Investigativo, y la Opini\u00f3n y Orden de 4 de mayo pasado. Una vez m\u00e1s esta organizaci\u00f3n saca la cara por los derechos humanos de los puertorrique\u00f1os yendo a vindicarlos en la cancha del derecho a saber y a estar informados que tiene la gente, y del derecho que tienen los periodistas a que la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n p\u00fablica les sea facilitada para ejercer su funci\u00f3n de informar y formar a la opini\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

Hay que decir, que el derecho invocado es un derecho reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico como uno constitucional y que las leyes lo reconocen aunque de manera limitada y con excepciones. Tambien hay que decir que desde la pasada administraci\u00f3n la Legislatura –concretamente la C\u00e1mara de Representantes– perdi\u00f3 una oportunidad muy valiosa para instrumentar legislativamente, fortalecer y blindar el ejercicio de este derecho constitucional por los ciudadanos a quien pertenece.<\/p>\n

Con la honrosa excepci\u00f3n del Representante Carlos ‘Johny’ Mendez N\u00fa\u00f1ez, hoy Presidente de la C\u00e1mara de Representantes; y, con una anemica defensa del proyecto por ambos presentado de parte del entonces presidente de la Comisi\u00f3n de Gobierno, Jose ‘Conny’ Varela Fern\u00e1ndez, quien logr\u00f3 colgarlo, sin que ni siquiera pasase al pleno de la C\u00e1mara; se esfum\u00f3 lo que hubiese sido un acorazado al servicio de la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>

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Tambien hay que decir que las mayor\u00edas son renuentes a ampliar los derechos que pueden facilitarle al Pueblo la fiscalizaci\u00f3n de los actos del gobierno. Por lo que no debe extra\u00f1arnos que los grandes avances en esta \u00e1rea hayan sido producto de decisiones judiciales. Generalmente la Legislatura a\u00f1ade o perpetua excepciones y confusiones que nublan lo que ya es un hecho superado en decenas de pa\u00edses donde la transparencia gubernamental m\u00e1s que un lema de campa\u00f1a es una realidad de facto y jur\u00eddica.<\/p>\n

Luces de Rivera Schatz<\/strong><\/p>\n

Luego de una muy cuestionable decisi\u00f3n de la Juez imperial Taylor Swain, ‘lasciate ogni esperanza’, dec\u00eda el frontispicio a la entrada del Infierno de Dante, –trollers despues les explico– regode\u00e1ndose en sus alcances y en la aplastante derrota judicial del ejecutivo y del legislativo, la Junta le requiri\u00f3 hasta las hojas de asistencia a los legisladores e intim\u00f3 que ejercer\u00eda sus facultades en cuanta minucia le viniese en gana sobre la operaci\u00f3n del gobierno colonial.<\/p>\n

El presidente senatorial, le respondi\u00f3 a la Junta con una carta requiriendole informaciones precisas que parece que no gust\u00f3 a la zarina que la administra. La carta del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, y as\u00ed opinamos algunos, refleja un conocimiento puntilloso del derecho de acceso a la informaci\u00f3n en Puerto Rico. Aunque es necesario hacer notar que ese conocimiento reflejado en su carta a la Junta, no se ha traducido a acci\u00f3n de su parte para que se tenga una ley ‘con todos los hierros’ y que la carta no sea vista meramente como un documento de reacci\u00f3n a base de coraje o de frustraci\u00f3n frente al crujir de huesos provocado por la Junta, que para decir lo menos, no ha mostrado ni un \u00e1tomo de respeto por los funcionarios electos de Puerto Rico.<\/p>\n

M\u00e1s a\u00fan, la pelea que el propio presidente del Senado sostiene con las agencias del Ejecutivo por requerimientos de informaci\u00f3n, de hecho pareciera que las acciones judiciales son inminentes, se queda hueca cuando su Senado, a traves del senador Miguel Romero, le regal\u00f3 al Ejecutivo introducir en un proyecto de ley las trece (13) excepciones al acceso a la informaci\u00f3n que el Gobernador o sus ayudantes plasmaron en una Orden Ejecutiva. Esas excepciones que se elevar\u00edan a rango de ley obstaculizan irrazonablemente el acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n

Es claro que algunos senadores en mayor avenencia con la Fortaleza, quien sabe bajo acomodo de cu\u00e1les aspiraciones, est\u00e1n dispuestos a complacer al Gobernador, aunque haya que frustrar la ampliaci\u00f3n de instrumentos que viabilicen la transparencia. De hecho, la transparencia parece ser a veces de la opacidad del cristal a traves del cual se mira. El Senado mismo limita acomodaticiamente la transparencia, porque aun la informaci\u00f3n de su p\u00e1gina de internet est\u00e1, como dice un amigo, ‘malamente incompleta y atrasada’.<\/p>\n

El presidente del Senado, tiene de hecho, ahora mismo, a la luz de la reciente orden del Juez Garc\u00eda Gregory, en el caso del Centro de Periodismo Investigativo, tiene reitero, la oportunidad de nivelar el terreno de juego frente la Junta, mediante una buena ley de acceso a la informaci\u00f3n que ponga a todos los entes gubernativos, incluyendola, a divulgar de la manera m\u00e1s proactiva y con la menor cantidad de subterfugios posibles la informaci\u00f3n.<\/p>\n

De hecho, la Junta, quien tom\u00f3 a broma la carta del presidente del Senado, dos d\u00edas despues firm\u00f3 un acuerdo con entes fiscalizadores para divulgar m\u00e1s de su informaci\u00f3n. De paso, Jaresko dijo que publicar la asistencia de los empleados de la Junta era una ‘buena idea’ que iban a implantar. Ya habr\u00e1 ocasi\u00f3n de comentar estos concordatos que fraccionan la unidad gubernativa local, con el ente que arroja limosnas de informaci\u00f3n –la Junta– y que cree, tiene poderes para negar lo que se le antoje. Mientras, esa misma Junta se niega a auditar la deuda y disfraza de fiscalizaci\u00f3n la comisi\u00f3n de costosos informes, que llevan las de no conducir a nada concreto.<\/p>\n

Entretanto, instituciones como el Centro de Periodismo Investigativo sacan la cara por los derechos del pa\u00eds. Ya veremos si el Senado y su presidente, y como ya estuvo dispuesto el pasado cuatrienio, el actual presidente de la C\u00e1mara hacen lo mismo y aprueban por fin una ley completa que instrumentalice el acceso a la informaci\u00f3n y la transparencia gubernamental rompiendole en el camino, el paso-doble a la Junta.<\/p>\n

*El autor es doctor, abogado, profesor y estudioso de los procesos legislativos y reglamentarios. Fue asesor y luego portavoz del PIP en la C\u00e1mara durante 24 a\u00f1os.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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