El Gobierno de Puerto Rico cierra el a\u00f1o 2018 como defensor de la desprestigiada pr\u00e1ctica de regalar y mantener ocultos los privilegios fiscales.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n Espacios Abiertos (EA), que promueve la transparencia gubernamental, tuvo que demandar al Gobierno para que este publique un informe con la cantidad de impuestos que le reduce al sector empresarial. La respuesta de la administraci\u00f3n de Ricardo Rossell\u00f3, que lleg\u00f3 a Fortaleza con una promesa de gobierno transparente, fue indicar que no pod\u00eda publicar el informe porque contiene informaci\u00f3n confidencial.<\/p>\n
Pero EA no est\u00e1 pidiendo detalles como n\u00fameros de seguro social patronal ni informaci\u00f3n de las planillas de los receptores de estos beneficios contributivos. Lo que solicita es un tax abatement report, que es un informe que detalla cu\u00e1les fueron esas reducciones de impuestos, a cu\u00e1nto ascienden, con que objetivos fueron otorgadas, que compromisos contrajeron quienes las recibieron y si en realidad devolvieron a cambio un desarrollo econ\u00f3mico.<\/p>\n
A Rossell\u00f3, que le encantar\u00eda que Puerto Rico sea igual que los estados de EE UU, le conviene saber que la mayor\u00eda de los gobiernos estatales publica informes sobre privilegios fiscales. Este ya es un est\u00e1ndar de la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental (GASB, por sus siglas en ingles), que delinea las mejores pr\u00e1cticas para hacer informes financieros para el sector p\u00fablico. Hay localidades como Oregon que no publican el tax abatement report, sino uno m\u00e1s abarcador como el informe de gastos fiscales totales (tax expenditures), que incluye subsidios e incentivos a corporaciones e individuos. Al final, toda reducci\u00f3n de impuestos es un gasto, y el gobierno de Oregon quiere asegurarse de medir la efectividad de esos privilegios contributivos.<\/p>\n
La jueza superior de San Juan, Lauracelis Roques Arroyo, le orden\u00f3 a la administraci\u00f3n de Rossell\u00f3 que entregue el informe que pide EA. Y La Fortaleza ha dicho que apelar\u00e1 la sentencia. La insistencia del Gobierno en tapar la informaci\u00f3n p\u00fablica provoca el gasto de los recursos del estado en litigios innecesarios.<\/p>\n
Cuando la secretaria de Hacienda, Teresa Fuentes, el director ejecutivo de Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Christian Sobrino, y el asesor legal del gobernador, Alfonso Orona, repiten el falso mantra de que esta informaci\u00f3n es privada, entorpecen y protegen intereses particulares de grupos empresariales que reciben esos privilegios.<\/p>\n
La administraci\u00f3n de Rossell\u00f3 no s\u00f3lo est\u00e1 retrasando as\u00ed la oportunidad de cualquier ciudadano o entidad de saber por que el gobierno deja de devengar esos ingresos. Tambien impide que los periodistas destapen el mantengo corporativo, una tendencia del periodismo de EE UU ante la liberaci\u00f3n de los informes de gastos luego de que la GASF recomendara esta pr\u00e1ctica de contabilidad.<\/p>\n
En verano, antes de la demanda de EA, el secretario de Desarrollo Econ\u00f3mico, Manuel Laboy, caminaba por los pasillos de la legislatura alegando que su agencia hab\u00eda reconocido el problema. Tras m\u00e1s de medio siglo de gastar dinero en subsidios, incentivos, exenciones y tasas contributivas preferenciales, el Gobierno ignora cu\u00e1ntos d\u00f3lares invierte bien y cu\u00e1nto desperdicia. Laboy alegaba que iba a hacer una ‘reforma’. Empleaba esa palabra con todo el peso que significa: cambiar la historia. La legislatura consideraba entonces un proyecto de ley para instalar un nuevo C\u00f3digo de Incentivos. Este deb\u00eda subsanar el desbarajuste y a la vez usar el dinero que ya no regalar\u00eda para compensar por las reducciones de las tasas contributivas que implantar\u00eda una nueva reforma contributiva. Pero ah\u00ed qued\u00f3 todo: en nada.<\/p>\n
La publicaci\u00f3n de estos datos es imprescindible en el contexto de un Puerto Rico que se encuentra en el Tribunal Federal negociando la deuda con sus acreedores, mientras la Junta de Control Fiscal, nombrada por el gobierno de EE UU para que Puerto Rico pague su deuda, est\u00e1 imponiendo medidas de austeridad dr\u00e1sticas, como la reducci\u00f3n de las pensiones y de la cobertura medica de empleados p\u00fablicos. Es un esc\u00e1ndalo que la Junta haya arrancado a proponer recortes sin haber actuado sobre el mantengo corporativo. Si hay un momento para develar cu\u00e1les incentivos son buenos y cu\u00e1les son malos para Puerto Rico es ahora.<\/p>\n