{"id":618924,"date":"2019-09-23T04:00:00","date_gmt":"2019-09-23T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/site.prod.ew.ntc.navigacloud.com\/2019\/09\/23\/sin-usar-creditos-del-gobierno-para-creacion-de-empleos\/"},"modified":"2025-08-15T13:52:43","modified_gmt":"2025-08-15T13:52:43","slug":"sin-usar-creditos-del-gobierno-para-creacion-de-empleos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20190923\/sin-usar-creditos-del-gobierno-para-creacion-de-empleos\/","title":{"rendered":"Sin usar cr\u00e9ditos del gobierno para creaci\u00f3n de empleos"},"content":{"rendered":"

Divulgan costos de 302 beneficios contributivos<\/i><\/p>\n

El gobierno de Puerto Rico finalmente public\u00f3 un informe que recoge el costo total de todos los beneficios contributivos que otorga el estado – sea mediante creditos, deducciones, exenciones, exclusiones y tasas preferenciales – a individuos, corporaciones, servicios y productos.<\/p>\n

Sin embargo, del reporte se desprende que de los 302 beneficios contributivos que el gobierno concede, 21 de ellos no fueron usados, pese a que no est\u00e1n sujetos a una moratoria, incluyendo un credito otorgado para la creaci\u00f3n de empleos en lugares con bajo desarrollo industrial.<\/p>\n

Se trata del Informe de Gastos Tributarios, elaborado por la Oficina de Asuntos Econ\u00f3micos y el \u00c1rea de Rentas Internas del Departamento de Hacienda. El informe ilustra y detalla todos los beneficios contributivos otorgados por el gobierno y presenta los recaudos perdidos por concepto de ello.<\/p>\n

El informe tambien recoge los beneficios contributivos que est\u00e1n sujetos a una moratoria, por lo que su otorgaci\u00f3n fue puesta en pausa, como tambien creditos que no fueron reclamados. Uno de esos creditos no reclamados va dirigido a nuevos negocios que establezcan sus operaciones en zonas de poco desarrollo industrial.<\/p>\n

Seg\u00fan el reporte, los creditos disponibles al amparo de la secci\u00f3n 5 (b) de la ley de Incentivos Econ\u00f3micos no fueron reclamados en el a\u00f1o fiscal 2017. Ese estatuto provee para un credito de $2,500 por cada empleo creado en zonas de bajo desarrollo industrial, $1,000 por cada empleo creado en zonas de desarrollo industrial intermedio y un credito de $5,000 por cada empleo creado en Vieques y Culebra.<\/p>\n

Esta primera iteraci\u00f3n del informe ocurre como requisito de la Ley PROMESA que instal\u00f3 a la Junta de Control Fiscal (JCF) y ocurre tambien en medio de un pleito todav\u00eda pendiente iniciado por la entidad Espacios Abiertos (EA) para que el estado haga p\u00fablico el costo de mantener los 302 beneficios contributivos que tiene disponible. Los detalles de los costos que incurre el gobierno por otorgar creditos contributivos, deducciones, exenciones, exclusiones y tasas preferenciales no forman parte de la divulgaci\u00f3n presupuestaria que anualmente hace el gobierno, por lo que el informe representa la primera vez que esta informaci\u00f3n se revela al p\u00fablico.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Del informe se desprende que entre todos los beneficios contributivos otorgados – incluyendo las exclusiones al IVU en el costo de veh\u00edculos, gasolina, servicio electrico y de agua potable – el gobierno asumi\u00f3 un costo de $26,357 millones.<\/p>\n

Sin embargo, la vasta mayor\u00eda de esos beneficios econ\u00f3micos se concentran en el rengl\u00f3n de incentivos econ\u00f3micos al sector industrial y empresarial. En el agregado, es decir entre todos los contribuyentes corporativos que se acogen a los beneficios disponibles para ellos en el C\u00f3digo de Incentivos, el gobierno dej\u00f3 de devengar $15,691.5 por concepto de tasas contributivas preferenciales para el a\u00f1o contributivo 2017.<\/p>\n

A eso tambien se a\u00f1ade el costo de los decretos de exportaci\u00f3n de servicios por concepto de ley 20 que totalizaron $111.3 millones, y las tasas contributivas preferenciales de la ley 22 que costaron $29 millones. Mientras que uno de los decretos m\u00e1s recientes, una tasa contributiva reducida a profesionales medicos, represent\u00f3 un costo de $126.6 millones en lo que supone ser su primer a\u00f1o en vigor, pues fue una de las primeras leyes que ratific\u00f3 el entonces gobernador, Ricardo Rossell\u00f3 Nevares.<\/p>\n

Otra tajada presupuestaria proviene de arreglos intergubernamentales entre la Autoridad de Energ\u00eda Electrica (AEE) y el gobierno central, la m\u00e1s alta siendo una exclusi\u00f3n contributiva al combustible usado para generar energ\u00eda, la cual cost\u00f3 $250.2 millones. Otras exclusiones aplicables a otros tipos de combustible utilizados por la AEE, tal como el gas natural y el combustible residual 6, representan $110 millones en costos al gobierno.<\/p>\n

Por otra parte, el reporte tambien consigna los costos para el gobierno por beneficios contributivos de amplio beneficio a los contribuyentes individuales, m\u00e1xime en el rengl\u00f3n de exenciones al IVU. Entre estos figuran $882.1 millones costeados por el estado por la exenci\u00f3n a alimentos no preparados, $715.6 millones por exenciones a servicios medicos y hospitalarios, $439.5 millones por la exenci\u00f3n a prescripciones medicas, $287.3 millones por exenci\u00f3n a costos de matriculas educativas y $190.7 millones por exenciones a intereses y cargos por servicios financieros.<\/p>\n

Para ver el informe, pulse aqu\u00ed:<\/a><\/p>\n

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