Costos para defender el RSA siguen subiendo<\/i><\/p>\n
Los abogados de la Junta de Control Fiscal (JCF) advirtieron a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain que si la gobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced y la Legislatura optan por no aprobar el acuerdo de apoyo a la reestructuraci\u00f3n (RSA por sus siglas en ingl\u00e9s) de la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (AEE), las consecuencias superar\u00edan el costo legal incurrido por la corporaci\u00f3n p\u00fablica para defender el acuerdo.<\/p>\n
El se\u00f1alamiento lo levant\u00f3 el abogado Luc Despins, representante del Comit\u00e9 de Acreedores no Asegurados (UCC por sus siglas en ingl\u00e9s), quien sostuvo que la AEE sigue litigando el acuerdo ‘a toda m\u00e1quina’ a pesar de los reportes noticiosos que apuntan a la resistencia de V\u00e1zquez Garced para apoyarlo sumado a que la Legislatura tampoco ha pasado juicio sobre el acuerdo ni aprobado la legislaci\u00f3n necesaria para ratificar el RSA, de cara a la vista para aprobarlo en enero de 2020.<\/p>\n
Con este panorama, Despins anticip\u00f3 la postergaci\u00f3n de la vista a la vez que apunt\u00f3 que algo no cuadra mientras insisti\u00f3 sobre la preocupaci\u00f3n por los costos del litigio que siguen acumul\u00e1ndose.<\/p>\n
En respuesta a los planteamientos, el abogado de la Junta, Martin Bienenstock, sostuvo que ha conversado el asunto con Despins y comparten la misma preocupaci\u00f3n respecto a los costos, d\u00e1ndole la raz\u00f3n sobre las posturas de la Gobernadora y la Legislatura sobre el RSA. Sin embargo, apunt\u00f3 que han aprendido que esa es ‘la forma de vida’ del sistema pol\u00edtico de Puerto Rico a la vez que advirti\u00f3 que no aprobar el acuerdo afectar\u00eda toda la reestructuraci\u00f3n de la AEE.<\/p>\n
‘Hay otras cosas que el gobierno y la Legislatura tendr\u00e1n que hacer para consumir el \u00faltimo arreglo y si deciden no hacerlo lanzar\u00eda una llave (wrench) en los trabajos’, declar\u00f3 Bienenstock.<\/p>\n
El propuesto RSA ha sido foco de denuncias por m\u00faltiples grupos que han advertido que aumentar\u00eda el costo de la tarifa energ\u00e9tica por m\u00e1s de 50% a todos los consumidores. Un estudio del economista Ram\u00f3n Cao apunta a que la aprobaci\u00f3n de ese acuerdo redundar\u00eda en un desplome del Producto Nacional Bruto (PNB) y una estocada mortal al sector privado de la Isla.<\/p>\n
Por su parte, el abogado de la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Peter Friedman, coincidi\u00f3 con Bienenstock en que hay factores pol\u00edticos que se desenvuelven alrededor mientras se manifiesta la transformaci\u00f3n de la corporaci\u00f3n p\u00fablica. Adem\u00e1s, record\u00f3 que el acuerdo supone un esfuerzo conjunto entre la Junta, AAFAF y la AEE por lo que deber\u00eda seguir adelante aunque asegur\u00f3 que atender\u00e1n cualquier cambio que surja.<\/p>\n
En relaci\u00f3n al Plan de Ajuste del Gobierno central, Friedman indic\u00f3 que AAFAF sigue en comunicaci\u00f3n con la Junta y la Gobernadora, quien dio su aval al acuerdo en septiembre. La expectativa es que logren un consenso mediante negociaciones productivas en relaci\u00f3n a la declaraci\u00f3n de divulgaci\u00f3n.<\/p>\n
Durante el reporte de la JCF ante la corte, Bienenstock levant\u00f3 el asunto de los fondos de recuperaci\u00f3n y la lentitud en la obligaci\u00f3n y desembolso de estos tanto por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingl\u00e9s) como el Departamento de Vivienda federal (HUD por sus siglas en ingl\u00e9s), aunque record\u00f3 que la primera extendi\u00f3 las fechas limites para someter estimados de gastos fijos.<\/p>\n
En ese sentido, Bienenstock indic\u00f3 que a dos a\u00f1os del paso de los huracanes Irma y Mar\u00eda la tardanza con la llegada de los fondos era ‘inusual’, precisando que de los $19,900 millones autorizados por el Congreso, solo $1,500 millones se han hecho disponible y de esos una fracci\u00f3n ha sido usada. Otros $8,200 millones requieren aprobaci\u00f3n de HUD mientras que otros $10,200 millones requieren una publicaci\u00f3n de gu\u00edas en el registro federal.<\/p>\n
Por otro lado y en cumplimiento con una orden de Swain para que se verificara la validez de los comprobantes de reclamaci\u00f3n presentados contra el Gobierno, el abogado Bryan Rosen, tambi\u00e9n representante de la JCF y de la firma Proskauer Rose, precis\u00f3 que hasta la fecha han enviado casi 100,000 cartas a quienes presentaron comprobantes de reclamo deficientes y ya han recibido algunas respuestas.<\/p>\n
Algunas de estas deficiencias pueden incluir falta de informaci\u00f3n o documentaci\u00f3n que compruebe la validez del reclamo. La finalidad del proceso es eliminar la consideraci\u00f3n de miles de reclamos para someter los restantes a un procedimiento de Resoluci\u00f3n Alternativa de Disputas, que sigue en desarrollo entre la JCF y la corte.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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