La Ley para la Recuperaci\u00f3n de las Corporaciones P\u00fablicas, que fue aprobada el mismo d\u00eda de su radicaci\u00f3n, pretende remediar cualquier insolvencia que perjudique la capacidad de pago y el ofrecimiento de los servicios de las corporaciones; en un marco legal que limita la independencia de estas entidades, mientras otorga al Gobernador injerencia directa en las decisiones financieras y operacionales de esas entidades.<\/p>\n
La Ley otorga al Gobernador la facultad de nombrar a un ‘administrador de emergencia’, quien fungir\u00e1 a modo de s\u00edndico – aunque el Gobernador rehus\u00f3 utilizar esa palabra – debido a los poderes exclusivos que ejercer\u00e1 sobre la Junta de Gobierno de la AEE, mientras se suspenden los poderes de ese cuerpo rector. Establece, sin embargo, que el administrador debe rendir informes peri\u00f3dicos a la Junta de Gobierno y \u00e9sta le puede asesorar en sus decisiones.<\/p>\n
El administrador puede ser de hecho un funcionario o exfuncionario de la corporaci\u00f3n, que podr\u00e1 permanecer durante el tiempo que disponga el programa de recuperaci\u00f3n o hasta que el Gobernador lo determine siempre que no exceda seis meses despu\u00e9s de la fecha de efectividad del plan.<\/p>\n
La petici\u00f3n para acogerse a la Ley para la Recuperaci\u00f3n no tiene que contar necesariamente con la aprobaci\u00f3n de la Junta de Gobierno de la corporaci\u00f3n, ya que si el Gobernador lo determina, el proceso de reestructuraci\u00f3n puede ser solicitado por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). De hecho, muchos de los planes y declaraciones que la corporaci\u00f3n presenteante los acreedores y el Tribunal de Primera Instancia deben ser primero aprobados por el BGF.<\/p>\n
El Gobernador tendr\u00e1 la facultad de nombrar nuevos miembros de la Junta de Gobierno de cualquier corporaci\u00f3n, as\u00ed como reemplazar a los que hayan sido nombrados por \u00e9l, en cualquier momento y de manera provisional durante el periodo de suspensi\u00f3n, sin el consentimiento del Senado.<\/p>\n
En la primera etapa de la renegociaci\u00f3ncon los acreedores, seg\u00fan establece el Capitulo 2, se crear\u00e1 una comisi\u00f3n compuesta por tres expertos que tambi\u00e9n ser\u00e1n nombrados por el Gobernador, y que deber\u00e1n emitir informes peri\u00f3dicos sobre el cumplimiento con el programa y expedir determinaciones cuando haya un incumplimiento.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la renegociaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de la deuda, la corporaci\u00f3n elegible debe desarrollar un programa de recuperaci\u00f3n para alcanzar la autosuficiencia, que incluye el dise\u00f1o de metas interinas para mejorar m\u00e1rgenes operacionales, aumentar ingresos, reducir gastos operacionales, transferir o disponer de activos operacionales, as\u00ed como ‘cerrar o reestructurar operaciones o funciones existentes’.<\/p>\n
La transferencia de activos puede ser a otra entidad gubernamental y si se comprueba que maximizar\u00e1 el valor para los acreedores, sin que se afecten las funciones p\u00fablicas de la corporaci\u00f3n. Con la aprobaci\u00f3n del BGF, la entidad peticionaria debe especificar c\u00f3mo se distribuir\u00e1 la ganancia de esa transferencia entre cada acreedor.<\/p>\n
La Ley permite, adem\u00e1s, el rechazo y menoscabo de los contratos en su secci\u00f3n 326, incluyendo convenios colectivos y planes de retiro o de beneficios para retirados, si un Tribunal determina que responde al mejor inter\u00e9s de sus funciones p\u00fablicas.<\/p>\n
Aunque el Gobernador no quiso adelantar cu\u00e1l corporaci\u00f3n se acoger\u00eda a la nueva Ley con mayor prontitud, se indic\u00f3 que la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica es la m\u00e1s perjudicada con una deuda de $10,000 millones. El servicio a la deuda suma unos $527.4 millones anuales, lo que representa 11% de la factura de energ\u00eda el\u00e9ctrica de los consumidores.<\/p>\n
*Esta historia ha sido actualizada.<\/em><\/p>\n Desde el domingo han surgido rumores de que la AEE est\u00e1 a punto de declararse insolvente por el limitado flujo de efectivo, que var\u00eda entre $40 y $60 millones dependiendo de los recaudos que se produzcan en ese d\u00eda, seg\u00fan los datos provistos por el miembro de la Junta, Agust\u00edn Irirrizary.<\/p>\n El representante de los consumidores residenciales, Juan Rosario, asegur\u00f3 que en los dos a\u00f1os que lleva en la Junta, se ha hablado del limitado flujo de efectivo y de la posibilidad de insolvencia de la AEE. La \u00fanica diferencia, seg\u00fan Rosario, es que el Gobierno ya no va a otorgarsubsidios a la corporaci\u00f3n, y que su capacidad de tomar prestado se ha visto perjudicada por las recientes degradaciones de cr\u00e9dito. Rosario opin\u00f3 que la quiebra o reestructuraci\u00f3n es innecesaria si el Gobierno atiende la deuda acumulada de $600 millones que mantienen otras agencias p\u00fablicas con la AEE, y elimina algunos de los subsidios recurrentes por $400 millones, que otorga la corporaci\u00f3n.<\/p>\n La administraci\u00f3n de Garc\u00eda Padilla enfatiz\u00f3 que la Ley ser\u00eda una ‘\u00faltima opci\u00f3n’.<\/p>\n