El Municipio de San Sebasti\u00e1n demand\u00f3 en el Tribunal Federal al gobernador Alejandro Garc\u00eda Padilla y al secretario del Trabajo, Vance Thomas, por supuestamente cometer discrimen pol\u00edtico en la asignaci\u00f3n de incentivos contra el desempleo bajo la Ley 52.<\/p>\n
La alegaci\u00f3n, aunque presentada s\u00f3lo por San Sebasti\u00e1n, es que el discrimen pol\u00edtico se ha manifestado tambi\u00e9n contra otros municipios novoprogresistas que vieron c\u00f3mo su asignaci\u00f3n de fondos anual bajo la Ley 52 disminuy\u00f3 a la vez que dicha asignaci\u00f3n aument\u00f3 para municipios populares que no tienen tanto desempleo o tienen menos poblaci\u00f3n que los municipios novoprogresistas.<\/p>\n
Los fondos de Ley 52 no s\u00f3lo son asignados a municipios, sino tambi\u00e9n a entidades privadas, con y sin fines de lucro, para ayudar a subvencionar empleos.<\/p>\n
En el caso espec\u00edfico de San Sebasti\u00e1n, dicho municipio alega que recibi\u00f3 una asignaci\u00f3n anual de $300,000 por 10 a\u00f1os que, tras el cambio de administraci\u00f3n, se redujo a $69,981. En cambio, seg\u00fan la informaci\u00f3n incluida en la demanda, todos los municipios populares tienen asignaciones por encima de los $100,000 anuales.<\/p>\n
‘El (Gobernador) es la persona que tiene la decisi\u00f3n \u00faltima sobre qu\u00e9 proporci\u00f3n de los fondos de Ley 52 es asignada a los muncipios. Por tanto, a\u00fan si el Secretario del Trabajo determina qu\u00e9 ser\u00e1 asignado a cada municipio, como el oficial electo de mayor rango, \u00e9l estuvo de acuerdo con las acciones discriminatorias del Secretario del Trabajo o insisti\u00f3 personalmente en que se ejecutara la pr\u00e1ctica discriminatoria’, sostiene el pliego sometido al Tribunal Federal.<\/p>\n
‘Esta discriminaci\u00f3n ha afectado negativamente la capacidad del Municipio para proveer bienes y servicios a sus ciudadanos. M\u00e1s a\u00fan, ni la Ley 52 ni sus reglamentos proveen un proceso para objetar o apelar dicha asignaci\u00f3n discriminatoria e ilegal de fondos y, si lo proveyera, no es adecuado para vindicar sus derechos’, a\u00f1ade.<\/p>\n