El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico solicit\u00f3 este jueves en una vista en el Tribunal de San Juan la desestimaci\u00f3n de unas \u00f3rdenes de desahucios contra vecinos del residencial Luis Llorens Torres, en San Juan, impuestas por la Administraci\u00f3n de Vivienda P\u00fablica (AVP).<\/p>\n
Esas acciones, seg\u00fan el licenciado Alvin Couto de Jes\u00fas, est\u00e1n basadas en un alegado incumplimiento de contrato de los residentes al adeudar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) o a la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (AEE).<\/p>\n
Seg\u00fan el canon de arrendamiento de los complejos de vivienda p\u00fablica, una orden de desahucio se expedir\u00e1 solo cuando el titular del apartamento no pague la mensualidad establecida por la AVP.<\/p>\n
‘Las administradoras de los residenciales p\u00fablicos se est\u00e1n convirtiendo en las cobradoras de los servicios de la AAA y AEE. Cuando se sigue agravando y subiendo la deuda del agua y la luz muchos de los residentes no pueden pagar’, indic\u00f3 Couto.<\/p>\n
Explic\u00f3, tambi\u00e9n, que la Ley de Justicia Tarifaria permite a los residentes pagar una cantidad e ir abonando a la deuda, pero la AVP ha establecido planes de pago onerosos, lo que impide el saldo.<\/p>\n
‘La pol\u00edtica p\u00fablica tiene como fin proteger el derecho a la vivienda. A los residentes los asiste un proceso administrativo luego de recibir una carta de intenci\u00f3n de cancelaci\u00f3n de contrato. Sin embargo, los administradores ni env\u00edan las cartas de intenci\u00f3n de cancelaci\u00f3n , ni siguen el procedimiento administrativo que implica’, agreg\u00f3.<\/p>\n
Ese proceso incluye dos vistas ante la empresa administradora, una ante el administrador y otra ante el gerente de ocupaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda que administra el complejo. Al culminar, se ofrece una audiencia con la AVP quien tiene la determinaci\u00f3n final.<\/p>\n
‘Un residente se expone a ser desahuciado sin que un representante de la corporaci\u00f3n p\u00fablica registre la desconexi\u00f3n o presente prueba de incumplimiento de servicio y\/o planes de pago. Sin la presentaci\u00f3n de esa evidencia, que ser\u00eda la base m\u00ednima para establecer un incumplimiento de contrato, se lanzan miles de familias a la calle. Es un procedimiento atropellado que burla el derecho a la vivienda y una vida digna’, puntualiz\u00f3 el letrado.<\/p>\n
En tanto, Mark Anthony Bimbela, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, sostuvo que los licenciados que representan a las ocho familias de Llor\u00e9ns Torres presentaron un documento para consolidar todos los casos.<\/p>\n
En ese sentido, la jueza Eva Arraya se\u00f1al\u00f3 para el 11 de diciembre a las 2:00 p.m. la continuaci\u00f3n del proceso.<\/p>\n
Los ocho residentes del complejo, la mayor\u00eda mujeres, estuvieron calladas y observando el proceso que se celebr\u00f3 en la sala 902 del Centro Judicial de San Juan.<\/p>\n
Couto de Jes\u00fas anticip\u00f3 que el Colegio, junto a la Cl\u00ednica Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, eval\u00faan la posibilidad de entablar un pleito de clase, pues son cientos las familias que pasan por la situaci\u00f3n.<\/p>\n
‘Sabemos que se est\u00e1n llevando cientos de casos como este y el Colegio de Abogados y Abogadas estamos auscultando la posibilidad de presentar un pleito de clase para detener estas acciones a nivel central de manera que los jueces se vean impedidos de ver estos casos’, dijo sobre el particular.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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