{"id":55137,"date":"2016-07-28T00:00:00","date_gmt":"2016-07-28T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/politica\/20160728\/jamaqueon-a-las-investigaciones-federales-de-corrupcion-gubernamental-docu\/"},"modified":"2025-07-19T02:26:32","modified_gmt":"2025-07-19T02:26:32","slug":"jamaqueon-a-las-investigaciones-federales-de-corrupcion-gubernamental-docu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20160728\/jamaqueon-a-las-investigaciones-federales-de-corrupcion-gubernamental-docu\/","title":{"rendered":"Jamaque\u00f3n a las investigaciones federales de corrupci\u00f3n gubernamental (docu"},"content":{"rendered":"

Las investigaciones federales por actos de corrupci\u00f3n gubernamental tendr\u00e1n que seguir nuevas reglas que, para algunos, significan la legalizaci\u00f3n de cierto grado de corrupci\u00f3n y, para otros, una limitaci\u00f3n necesaria al poder de los fiscales.<\/p>\n

La nueva visi\u00f3n la impuso el Tribunal Supremo federal recientemente en una decisi\u00f3n un\u00e1nime, un bloque que usualmente no se ve. Obviamente, la votaci\u00f3n implica que tambi\u00e9n estuvo de acuerdo la jueza puertorrique\u00f1a, Sonia Sotomayor.<\/p>\n

La doctrina afecta todas las investigaciones de corrupci\u00f3n, incluyendo las pendientes en Puerto Rico y puede explicar el que las autoridades busquen probar delitos adicionales o que no sean solamente aquellos de soborno o que tengan que ver con regal\u00edas y donativos dados a pol\u00edticos.<\/p>\n

La raz\u00f3n? Que el elemento clave para un caso de corrupci\u00f3n es que un funcionario o pol\u00edtico haya recibido algo de valor a cambio de realizar, o de prometer realizar, un ‘acto oficial’ para la persona que di\u00f3 el regalo. El jamaque\u00f3n del Supremo viene porque limit\u00f3 el significado de lo que es un ‘acto oficial’ para eliminar de la lista aquellas actuaciones cotidianas y regulares del funcionario, como pueden ser reunirse con una persona o provocar que esa persona tenga acceso a otros funcionarios o a otras personas con el poder para favorecer los intereses del donante o el que ofreci\u00f3 el regalo.<\/p>\n

Ahora, ‘acto oficial’ ha quedado circunscrito a cuando el funcionario o pol\u00edtico ejerce, o acuerda ejercer, su poder expl\u00edcitamente sobre un asunto espec\u00edfico, o provocar que otros realicen actos espec\u00edficos que favorezcan al donante o mecenas del pol\u00edtico. Esto deja fuera actos como, por ejemplo, darle al donante acceso al secretario de Gabinete que podr\u00eda atender su proyecto o inter\u00e9s.<\/p>\n

Para los analistas que favorecen la decisi\u00f3n, se trata de limitar la capacidad de los fiscales de criminalizar intercambios entre el pol\u00edtico y el constituyente que se consideran parte fundamental del proceso democr\u00e1tico representativo. Para los opositores, se trata de legalizar toda una lista de favores y de tratamientos preferenciales que, sin ser una decisi\u00f3n formal y final de un funcionario, son extremadamente valiosos para los que tienen asuntos pendientes ante el Gobierno y pueden determinar si un proyecto o tema tienen la atenci\u00f3n de funcionario, o si no.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

En el caso del recaudador popular Anaudi Hern\u00e1ndez, una de las figuras que se mantiene en la palestra p\u00fablica y con cuestionamientos sobre si ser\u00e1 o no ser\u00e1 acusado, es el presidente cameral Jaime Perell\u00f3. Hasta ahora, se conoce de una declaraci\u00f3n del exjefe de inform\u00e1tica de la C\u00e1mara, V\u00edctor Burgos, quien coloca al representante presion\u00e1ndolo de boca para que firmara un contrato que beneficiar\u00eda a Hern\u00e1ndez, un donante de Perell\u00f3. Burgos se declar\u00f3 culpable de presenciar un delito sin reportarlo a las autoridades y el delito ser\u00eda, presumiblemente porque las autoridades todav\u00eda no lo han confirmado, los movimientos de Perell\u00f3 y de otros funcionarios para lograr que se firmara el contrato para el beneficio de Hern\u00e1ndez.<\/p>\n

En el caso que decidi\u00f3 el Supremo, el exgobernador de Virginia, Robert McDonnell y su esposa recibieron un total de $175,000 en regalos y pr\u00e9stamos de parte de un empresario que empujaba porque estado de Virginia se comprometiera a desarrollar un estudio cl\u00ednico que le ayudar\u00eda al empresario a mercadear un suplemento nutricional. Darle pr\u00e9stamos en efectivo, comprar trajes de gala, pagar banquetes de boda, comprarle relojes Rolex y permit\u00edrle usar propiedades y un Ferrari fueron algunos de los beneficios con os que el empresario persuadi\u00f3 al matrimonio para que le dieran acceso a funcionarios del gobierno estatal que podr\u00edan tomar la decisi\u00f3n sobre el estudio cl\u00ednico, lo cual no consigui\u00f3 aunque el gobernador s\u00ed le viabiliz\u00f3 reuniones, contactos y presion\u00f3 a funcionarios para que recibieran al empresario y consideraran su propuesta.<\/p>\n

‘No hay duda de que este caso es desagradable, y puede ser peor que eso. Pero nuestra preocupaci\u00f3n no es con cuentos s\u00f3rdidos de Ferraris, Rolex y trajes de gala. Es, en vez, con las implicaciones legales m\u00e1s amplias de la ilimitada interpretaci\u00f3n del Gobierno de los estatutos de soborno’, asegur\u00f3 el Supremo en su decisi\u00f3n del 27 de junio pasado.<\/p>\n

El an\u00e1lisis que se ha desarrollado alrededor del caso critica al Supremo porque la flexibilizaci\u00f3n de lo que es un ‘acto oficial’ conlleva pr\u00e1cticamente una ausencia de ley sobre soborno en el gobierno, un vac\u00edo que favorece al funcionario corrupto y perjudica al p\u00fablico.<\/p>\n

Para m\u00e1s discusi\u00f3n sobre la decisi\u00f3n, vea el SCOTUSBlog<\/a>.<\/p>\n

McDonnell v. United States – NotiCel_20206<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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