En la primera hora de la madrugada del martes, los acreedores de bonos de la Corporaci\u00f3n del Fondo de Interes Apremiante de Puerto Rico (COFINA por sus siglas en ingles) se convirtieron en los primeros acreedores en demandar al Gobierno de Puerto Rico en el Tribunal Federal para el Distrito de San Juan despues de que el lunes expirara la paralizaci\u00f3n de pleitos que prove\u00eda a ley federal PROMESA.<\/p>\n
La demanda es de grupos e individuos tenedores de esos bonos as\u00ed como tambi\u00e9n dos demandas separadas por parte de Ambac Assurance Corporation, la aseguradora que cubre el pago de esos bonos y que es la que enfrenta la obligaci\u00f3n de pagar los bonos completos a sus asegurados aunque el gobierno reestructure y baje la deuda.<\/p>\n
La radicaci\u00f3n de esta madrugada ocurri\u00f3 sin que, hasta la hora de este escrito, la Junta de Control Fiscal (JCF) o el gobierno hayan confirmado acciones tomadas tras la expiraci\u00f3n de la moratoria de pleitos. La JCF hab\u00eda anticipado que llevar\u00edan las negociaciones con los acreedores al T\u00edtulo III de PROMESA, lo cual provee para un procedimiento de quiebra supervisado por el tribunal.<\/p>\n
La JCF est\u00e1 demandada junto al gobierno en los pleitos presentados que confirman el esperado enfrentamiento entre bonistas de COFINA y bonistas de Obligaciones Generales.<\/p>\n
‘La soberan\u00eda confiere gran poder, pero no autoriza la ilegalidad. Este pleito busca detener el m\u00e1s reciente de una serie de actos inconstitucionales e ilegales que han sido el desafortunado ‘modus operandi’ del Gobierno de Puerto Rico en el manejo de su depresi\u00f3n financiera y econ\u00f3mica. En vez de rectificar estos abusos, la Junta de Supervisi\u00f3n creada por el Congreso para restaurar la responsabilidad fiscal en el gobierno la ha afirmativamente exacerbado, dando su aval a un esquema y violaciones estaturarias cont\u00ednuas que s\u00f3lo pueden llamarse robo’, dice Ambac en su demanda.<\/p>\n
Unos $16,000 millones en bonos COFINA fueron vendidos, principalmente durante la Administraci\u00f3n Fortu\u00f1o y los bonos tienen como fuente de repago los ingresos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU). COFINA y el IVU fueron mecanismos que inventaron el gobernador An\u00edbal Acevedo Vil\u00e1 y la legislatura al mando del Partido Nuevo Progresista para allegar fondos al fisco durante ese cuatrienio compartido.<\/p>\n
El punto principal de las demandas es que se afectan los derechos constitucionales de los acreedores porque el Plan Fiscal del gobierno, certificado por la JCF, mezcla los fondos que se supone estuvieran separados para el repago de estos bonos y no provee para que los bonos sean pagados en su totalidad.<\/p>\n
Al tribunal se le piden dos acciones concretas: que obligue a que se enmiende el Plan Fiscal y que se le d\u00e9 acceso a la informaci\u00f3n a los acreedores porque sostienen que los documentos que ha generado el gobierno en el proceso de reestructuraci\u00f3n y negociaci\u00f3n de deuda tienen que ser publicados. Tambi\u00e9n, una de las demandas busca detener el desv\u00edo de fondos mediante el mecanismo de ‘clawback’ que inaugur\u00f3 el exgobernador Alejandro Garc\u00eda Padilla.<\/p>\n
Vea las demandas abajo:<\/p>\n
Demanda COFINA I – NotiCel_24643<\/a><\/p>\n