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<\/a><\/div>\nSaca a los tribunales del proceso de sindicatura del Banco Gubernamental de Fomento para instalar un proceso en el que es el Gobernador el que acciona al s\u00edndico.<\/p>\n
La prioridad de pagos la establecer\u00eda el Gobernador, quien ya abon\u00f3 a la ‘crisis humanitaria’ al vender bonos a fondos buitre, al detener el pago de la aportaci\u00f3n a los sistemas de Retiro, al vender activos de esos mismos sistemas, al retener pagos a suplidores por unos $2,000 millones, al retener el pago del reintegro, al aumentar impuestos, y al provocar el desasosiego mediante manejar asuntos de vida y propiedad en cuartos oscuros y sin transparencia.<\/p>\n
Los pagos que quedan bajo el control del Gobernador, y a los que la ley le aplica, no son s\u00f3lo aquellos relacionados a emisiones de deuda, sino que incluye cualquier obligaci\u00f3n que surja de cualquier contrato, por lo que los suplidores de cualquier \u00edndole quedan atrapados en la red de la ley.<\/p>\n
La eliminaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n constitucional del pago prioritario de los bonos, por controvertible que haya resultado esa obligaci\u00f3n, seguir\u00e1 teniendo efecto durante d\u00e9cadas en las posibilidades del gobierno de tomar prestado para obra p\u00fablica.<\/p>\n
En el mejor de los casos, el Gobernador no tiene que activar los poderes que le da esta ley y llegamos a la fecha de expiraci\u00f3n del estatuto en enero de 2017 sin mayor consecuencia. Pero a\u00fan as\u00ed el da\u00f1o a la democracia est\u00e1 hecho, como los da\u00f1os que infligi\u00f3 la pasada administraci\u00f3n con la Ley 7 que sirve de precursora a esta nueva ley.<\/p>\n
Despu\u00e9s del 2017 s\u00f3lo nos quedar\u00e1 contar cu\u00e1nto tarda el pr\u00f3ximo gobernante en recurrir a la tentaci\u00f3n de una ley especial como est\u00e1, y cu\u00e1les derechos se atropellar\u00e1n entonces con la excusa de una ‘emergencia’ y del ‘poder de Estado’.<\/p>\n