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<\/a><\/div>\nA solo minutos de que trascendieran estas declaraciones, la jueza Gladys Gonz\u00e1lez Segarra dict\u00f3 en el Tribunal de Ponce causa para arresto contra seis manifestantes que fueron detenidos el pasado mes de diciembre por protestar la construcci\u00f3n de un parque e\u00f3lico en terrenos agr\u00edcolas de Santa Isabel.<\/p>\n
En espec\u00edfico, por obstruir moment\u00e1neamente la entrada de camiones al proyecto de Pattern Energy en el sector Paso Seco y de esta forma presuntamente violar el nuevo Art\u00edculo 208A del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n
De ser hallados culpables por los cargos que se imputan, los arrestados se exponen a entre seis meses y tres a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n
Adem\u00e1s, si eso ocurre, el camino queda libre de obst\u00e1culos para que la Polic\u00eda y todas sus divisiones puedan arrestar y acusar criminalmente a quienes en el futuro protesten mediante desobediencia civil proyectos aprobados por el Gobierno de Puerto Rico, incluyendo el propuesto Gasoducto del Norte.<\/p>\n
Tanto esta sentencia como la revelaci\u00f3n de Barron resultaron ‘reveladoras’ para Arturo Massol Dey\u00e1, portavoz de Casa Pueblo en Adjuntas.<\/p>\n
En primera instancia porque evidencian que ‘existen dos bandos muy definidos en el Gobierno, los que reconocen que la V\u00eda Verde debe ser descartada y los que anteponen sus intereses econ\u00f3micos por encima de la raz\u00f3n y el bienestar del pa\u00eds’.<\/p>\n
‘Adem\u00e1s, porque la ambivalencia del Gobernador confirma su complicidad con la apuesta al Gasoducto, no a los $60 millones ya malgastados, sino a los $800 millones pendientes para nuevas contrataciones’.<\/p>\n
En torno a esto y el mensaje que destila la decisi\u00f3n de la jueza Gonz\u00e1lez Segarra, sostuvo que no queda ‘otra alternativa que marchar como pueblo este domingo para detener estos atropellos que tanto da\u00f1o nos hacen’.<\/p>\n