Justicia solicita reconsideraci\u00f3n al…<\/i><\/p>\n
El Departamento de Justicia, a traves de la Oficina de la Procuradora General, solicit\u00f3 una reconsideraci\u00f3n al Tribunal Supremo tras la determinaci\u00f3n de acoger por certificaci\u00f3n la demanda<\/a> del senador Thomas Rivera Schatz solicitando que se declare inconstitucional la Ley 109 que establece el requisito de colegiaci\u00f3n para ejercer la abogac\u00eda y el notariado en Puerto Rico.<\/p>\n En su Resoluci\u00f3n del 30 de julio de 2014, el Tribunal Supremo emiti\u00f3 un interdicto sin una vista previa y paraliz\u00f3 los efectos de la ley concediendo un t\u00e9rmino simult\u00e1neo de 10 d\u00edas naturales para la presentaci\u00f3n de los alegatos de las partes.<\/p>\n \u00abEsta resoluci\u00f3n del Tribunal Supremo le priva al Estado de sus garant\u00edas procesales, las que cobijan a toda parte en un litigio civil. Estas garant\u00edas tambi\u00e9n cobijan al Estado como parte demandada, el que tiene derecho a defenderse como cualquier litigante en los foros judiciales. Mantener la resoluci\u00f3n del Tribunal Supremo dar\u00eda al traste con una larga historia de trato justo e igualitario para todos los litigantes y colocar\u00eda al Estado en una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n. Rechazamos esta interpretaci\u00f3n que carece de apoyo alguno en la historia de este Tribunal\u00bb, indic\u00f3 el secretario de Justicia, C\u00e9sar Miranda.<\/p>\n El Secretario resalt\u00f3 adem\u00e1s que esta no es la primera ocasi\u00f3n en la que el Tribunal se enfrenta a una impugnaci\u00f3n de la constitucionalidad de estatutos que establecen la colegiaci\u00f3n compulsoria. \u00abEn el caso de Colegio de Abogados versus Schneider de 1982, el Tribunal confront\u00f3 argumentos id\u00e9nticos a los que hoy levanta la parte peticionaria y los rechaz\u00f3. En aquel caso el Tribunal sostuvo de forma categ\u00f3rica la constitucionalidad de la colegiaci\u00f3n compulsoria, seg\u00fan se indica en el documento de reconsideraci\u00f3n\u00bb, precis\u00f3 Miranda.<\/p>\n Sobre la orden de paralizaci\u00f3n de los efectos de la Ley 109, el Estado argument\u00f3 que el Tribunal Supremo carece de autoridad para paralizar los efectos de una ley que se presume constitucional. Asimismo, se arguy\u00f3 que el Supremo est\u00e1 impedido por ley de emitir una orden de paralizaci\u00f3n sin antes celebrar una vista evidenciaria y permitir que las partes demandadas se expresen. Adem\u00e1s, la parte demandante no est\u00e1 expuesta a ning\u00fan da\u00f1o inminente o irreparable, puesto que la ley no tendr\u00e1 efectos hasta dentro de un t\u00e9rmino de ocho meses.<\/p>\n Justicia tambi\u00e9n se\u00f1ala que no se sostiene una actuaci\u00f3n tan precipitada y grave como lo es la paralizaci\u00f3n del estatuto ya que no se cumple el requisito vital de da\u00f1o irreparable, indispensable para la concesi\u00f3n de un interdicto preliminar.<\/p>\n En su moci\u00f3n el Estado solicit\u00f3 que se deje sin efecto el dictamen de certificaci\u00f3n y se le conceda la oportunidad de contestar la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia o que, en la alternativa, se designe un Comisionado Especial para atender la presentaci\u00f3n de alegaciones responsivas y la prueba que se estime necesaria.<\/p>\n *Vea tambi\u00e9n<\/p>\n De vagas y politiqueros, colegiaci\u00f3n hace que corra el veneno en Supremo (documentos)<\/a><\/p>\n AGP olvida que firm\u00f3 ley para no quitarle poderes al Supremo<\/a><\/p>\n AGP busca limitar al Supremo tras certificar demanda contra colegiaci\u00f3n compulsoria<\/a><\/p>\n