Casi 30 a\u00f1os despu\u00e9s de que el exrepresentante novoprogresista Jorge Navarro Alicea fuera procesado por defraudar el fisco invent\u00e1ndose empleados en su oficina legislativa, dos de sus hijos se inventaron registros de n\u00f3mina para defraudar al gobierno federal, aleg\u00f3 la fiscal\u00eda mediante un pliego acusatorio que le puede representar hasta 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel a los hermanos Edgardo y Ricardo Luis Navarro Su\u00e1rez.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n no tiene alegaciones relacionadas con el gobierno de Puerto Rico, ya que ninguno de los acusados es funcionario p\u00fablico y el dinero del fraude no es una asignaci\u00f3n al gobierno local, sino de ayudas directas que los ciudadanos y empresas recibieron durante la emergencia por el Covid-19. Pero uno de los cooperadores de las autoridades federales es un asesor legislativo, mientras que una de las empresas de los Navarro Su\u00e1rez, que tambi\u00e9n est\u00e1 acusada, acumul\u00f3 $14.4 millones en contratos para obras p\u00fablicas, principalmente en escuelas.<\/p>\n
La involucraci\u00f3n del asesor Jes\u00fas Sierra Toro no se discuti\u00f3 ayer, y en el pliego no se le adjudican acciones directas que aclaren cu\u00e1l fue su rol en este caso, pero el 12 de marzo pasado ante el juez Francisco Besosa Stubbe, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico le dio el tratamiento expreso de cooperador. Ese mismo d\u00eda, se le present\u00f3 una acusaci\u00f3n informal y se le acept\u00f3 declararse culpable por conspirar para cometer fraude electr\u00f3nico consistente en que, de abril de 2020 a enero de 2022, tramit\u00f3 cinco solicitudes de ayuda pand\u00e9mica que resultaron fraudulentas porque incluy\u00f3 formularios oficiales del Departamento de Hacienda con informaci\u00f3n falsa relativa a sus ingresos y a n\u00f3mina que supuestamente pag\u00f3 para empleados que realmente no exist\u00edan.<\/p>\n
Sierra Toro admiti\u00f3 culpa con relaci\u00f3n a solicitudes de pr\u00e9stamo en el Programa de Protecci\u00f3n de N\u00f3mina (PPP en ingl\u00e9s) ascendientes a $484,099. Dos pr\u00e9stamos fueron a t\u00edtulo personal, dos a trav\u00e9s de su empresa Outsourcing Group LLC (ahora MIXCO LLC) y uno con la empresa Outsourcing Group Services Corp. Por el tr\u00e1mite de estas solicitudes de pr\u00e9stamo con informaci\u00f3n fraudulenta, Sierra Toro pag\u00f3 sobornos que suman $30,000 a otro participante del esquema quien, aunque no identificado, ser\u00eda el exoficial de Oriental Bank, Rodolpho R. Pagesy Roussel. Como parte del negocio con fiscal\u00eda, a Sierra Toro se le confiscar\u00eda un apartamento en el condominio Baldorioty Gardens y un terreno en San Lorenzo. Su expectativa es una sentencia de alrededor de dos a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n
Desde 2015, Sierra Toro ha tenido contratos p\u00fablicos con valor de $958,000 a trav\u00e9s de Outsourcing Group Services, Corp., principalmente como asesor legislativo. Despu\u00e9s de que se declar\u00f3 culpable, se le cancelaron un acuerdo de incentivos con el Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio y un contrato de consultor\u00eda en la C\u00e1mara de Representantes, con en la oficina del novoprogresista Jos\u00e9 Aponte Hern\u00e1ndez. Sierra Toro es donante del exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia, los representantes Aponte Hern\u00e1ndez, Jos\u00e9 P\u00e9rez Cordero, Gabriel Rodr\u00edguez Aguil\u00f3 y Eddie Charbonier Chinea, el senador Thomas Rivera Schatz, la alcaldesa de Can\u00f3vanas, Lornna Soto Villanueva, el exgobernador Ricardo Rossell\u00f3 Nevares y la gobernadora Jenniffer Gonz\u00e1lez Col\u00f3n.<\/p>\n
En cuanto a las empresas de los Navarro Su\u00e1rez que est\u00e1n acusadas, solo una aparece hasta ahora con contratos p\u00fablicos, JCA Development, Inc. En el registro de la contralor\u00eda, acumulan $14.4 millones en contratos desde 2017 para obras a trav\u00e9s del Departamento de Educaci\u00f3n, el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, la Administraci\u00f3n de Servicios Generales, la Universidad de Puerto Rico, la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas P\u00fablicas y las autoridades de Edificios P\u00fablicos y para el Financiamiento de la Infraestructura. Al momento de su arresto, no tienen registrados contratos vigentes.<\/p>\n
Esta empresa que contrat\u00f3 con el gobierno est\u00e1 inscrita a nombre de Edgardo, al igual que las otra acusadas, JCA Packaging Group, Inc., y JCA Industrial Supply Corp.. La cuarta empresa acusada, RVIP Group, Corp., est\u00e1 a nombre de Ricardo Luis.<\/p>\n
Seg\u00fan el pliego, entre mayo de 2020 hasta noviembre de 2021, los Navarro Su\u00e1rez pagaron $69,500 a Pagesy Roussel para que les tramitara 26 solicitudes fraudulentas de PPP y de otro programa, el de Pr\u00e9stamos por Da\u00f1os Econ\u00f3micos (EIDL), con las que recibieron al menos $2,238,747. Los pagos al exoficial bancario se hicieron directamente y a trav\u00e9s de dos compa\u00f1\u00edas suyas, Lansar Group Company LLC y Top Notch Group Company Corporation. Aunque no identific\u00f3 a Pagesy Roussel en la acusaci\u00f3n de los hermanos Navarro Su\u00e1rez, la fiscal\u00eda confirm\u00f3 el v\u00ednculo cuando radic\u00f3 una moci\u00f3n pidiendo que el caso de ayer se asignara a la jueza Aida Delgado Col\u00f3n porque esta tiene pendiente el caso que involucra al exoficial de Oriental y ambas causas tienen \u201ctestigos, evidencia y asuntos inextricablemente entrelazados\u201d.<\/p>\n
Adicional a los casos criminales, Oriental Bank tiene una demanda civil pendiente contra Pagesy Roussel y otras 171 personas y entidades involucradas en transacciones fraudulentas con ayudas pand\u00e9micas.<\/p>\n
En la tarde del jueves, los hermanos Navarro Su\u00e1rez quedaron libres, Edgardo con fianza no asegurada de $10,000 y Ricardo Luis sin fianza. Su abogado, Francisco Acevedo Padilla, adelant\u00f3 que sus clientes no iniciaron el esquema ni reclutaron a otras personas, sino que fue el oficial del banco el que los atrajo. \u201cAqu\u00ed el responsable es el banquero, el de Oriental… el banquero los fue a buscar a ellos\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
Adem\u00e1s de los hasta 30 a\u00f1os que le representan los cargos de fraude electr\u00f3nico que afecta a una instituci\u00f3n financiera, soborno bancario, encubrimiento de lavado de dinero y lavado de dinero, los hermanos enfrentan tambi\u00e9n la confiscaci\u00f3n de una propiedad en el barrio R\u00edo Ca\u00f1as (Caguas), y dos apartamentos en el resort Palmas del Mar (Humacao), uno en la Jolla de Palmas y otro en Crescent Beach.<\/p>\n