Desde que hace poco m\u00e1s de un a\u00f1o el Departamento de Justicia anunciara la radicaci\u00f3n de cargos contra las siete personas que se alega operaban un esquema fraudulento desde la Superintendencia del Capitolio para apropiarse de $2.9 millones en fondos p\u00fablicos por concepto de obras de remodelaci\u00f3n, las comparaciones con el caso de corrupci\u00f3n a nivel federal en el que se ha visto envuelto uno de los principales recaudadores del Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD), Anaudi Hern\u00e1ndez, no se han hecho esperar.<\/p>\n
En el caso federal que le ha costado la presidencia cameral al representante Jaime Perell\u00f3, el esquema se comenz\u00f3 a fraguar desde noviembre de 2012, cuando Hern\u00e1ndez y los co-conspiradores incorporaron varias empresas para iniciar sus licitaciones en agencias clave del gobierno que entrar\u00eda en funciones en enero de 2013.<\/p>\n
En el caso estatal por fraude en la Superintendencia del Capitolio, Justicia asegura que el esquema se extendi\u00f3 por m\u00e1s de dos a\u00f1os, llegando a su punto culminante durante el periodo pre eleccionario del 2012.<\/p>\n
De forma muy parecida, las compa\u00f1\u00edas envueltas en el esc\u00e1ndalo de la Superintendencia, Restaura Contractor y Fasan Construction Corp., fueron incorporadas el 4 de mayo de 2012 por el acusado Edil Danois Rom\u00e1n, para luego crear la impresi\u00f3n que eran dos compa\u00f1\u00edas distintas compitiendo por los mismos contratos.<\/p>\n
Haciendo una b\u00fasqueda en los contratos disponibles en la p\u00e1gina electr\u00f3nica de la Oficina de la Contralora, aparece un contrato de la Superintendencia del Capitolio a favor de Restaura Contractor otorgado el 8 de agosto de 2012, a tres meses de la existencia de la empresa, por la cantidad de $196 mil para construcci\u00f3n y restauraci\u00f3n de estructuras.<\/p>\n
Aunque no se conoce como un recaudador pol\u00edtico, el presidente de Restaura Contractors, Edil Danois Rom\u00e1n, s\u00ed aparece en la lista de donativos pol\u00edticos durante la pasada elecci\u00f3n. Entre ellos resalta un donativo el 27 de junio de 2012 por la cantidad de $1,000 para el entonces superintendente del Capitolio, Eliezer Vel\u00e1zquez Quiles, quien aspir\u00f3 en el 2012 a un esca\u00f1o senatorial bajo la insignia del Partido Nuevo Prograsista (PNP).<\/p>\n
Luego de las elecciones, al no ser electo, la figura de Vel\u00e1zquez Quiles resurgi\u00f3 como administrador del municipio de Ponce en enero de 2013. Tres meses despu\u00e9s de la llegada del exsuperintendente del Capitolio a Ponce, ese municipio le otorg\u00f3 un contrato a Restaura Contractor por la cantidad de $44, 652.50 para construcci\u00f3n y reparaci\u00f3n de estructuras.<\/p>\n
Tal y como hizo Anaudi Hern\u00e1ndez al extender su brazo de influencias en varias direcciones para generar ingresos, Justicia alega que el empleado\u00c1lex Mart\u00ednez Morales, quien tras salir de la Superintendencia del Capitolio fue a trabajar como director del Departamento de Servicios Administrativos de laAsociaci\u00f3n de Empleados del ELA (AEELA), es culpable de apropiaci\u00f3n ilegal de fondos p\u00fablicos y omisi\u00f3n en el cumplimiento del deber por los sucesos del Capitolio. En AEELA se realiz\u00f3 una auditor\u00eda en mayo de 2014 y se refiri\u00f3 a Mart\u00ednez Morales a Justicia por fraccionar trabajos que debieron ser sometidos a subasta para favorecer precisamente a Restaura Contractors.<\/p>\n
Durante las irregularidades en la otorgaci\u00f3n de contratos para remodelar el Capitolio, entre 2010 al 2012, la Superintendencia estuvo bajo la supervisi\u00f3n del Senado, pues esta tarea se alterna entre un cuerpo legislativo y el otro cada cuatrienio. Tanto el expresidente cameral Jaime Perell\u00f3 en el caso contra Anaudi Hern\u00e1ndez, como el expresidente del Senado,Thomas Rivera Schatz, se han distanciado de las acusaciones de sus respectivos subalternos. Rivera Schatz, ha expresado p\u00fablicamente que cualquier investigaci\u00f3n sobre el tema se debe a motivaciones pol\u00edticas del secretario de Justicia, C\u00e9sar Miranda.<\/p>\n
Rivera Schatz replic\u00f3 a los hallazgos del informe de la Contralora sobre las irregularidades en la contrataci\u00f3n para mejoras del edificio de la Asamblea Legislativa diciendo que ‘la intervenci\u00f3n de los presidentes de los Cuerpos Legislativos se limita a designar al Superintendente y, aprobar las asignaciones presupuestarias y la reglamentaci\u00f3n necesaria’. Indic\u00f3 que en ninguna instancia intervienen en el proceso de contrataci\u00f3n de servicios o en aspectos administrativos, y que le corresponder\u00eda al Superintendente emitir su posici\u00f3n respecto a los hallazgos.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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