La eliminaci\u00f3n de personal como parte de las miles de cesant\u00edas ocurridas bajo la administraci\u00f3n del exgobernador Luis Fortu\u00f1o fue el detonante que desemboc\u00f3 en el mal manejo de subvenciones federales en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, seg\u00fan un informe federal.<\/p>\n
La informaci\u00f3n se desprende de una auditor\u00eda de la Oficina del Inspector General (OIG) hecha p\u00fablica este mes que cubre los a\u00f1os del 2008 al 2013. El Inspector General revis\u00f3 29 subvenciones concedidas por el Departamento de Justicia federal y administradas por el Departamento de Justicia local para un total de $77.5 millones.<\/p>\n
El informe concluy\u00f3 que los controles, pol\u00edticas y procedimientos en el Departamento fueron inadecuados en administrar correctamente y de forma responsable los fondos de subvenci\u00f3n. En consecuencia, la OIG cuestiona el uso de m\u00e1s de $5.1 millones.<\/p>\n
‘Reconocemos que Puerto Rico se enfrenta a un reto en el tratamiento de sus problemas de la delincuencia a la luz de las dificultades econ\u00f3micas, pero eso hace la buena gesti\u00f3n de las subvenciones a\u00fan m\u00e1s importante. (El departamento) desembols\u00f3 $2.6 millones en fondos excedentes que no devolvi\u00f3 a la Oficina de los Programas de Justicia (OJP, por sus siglas en ingles). Adem\u00e1s, no utiliz\u00f3 unos $3.6 millones en fondos federales adicionales que estaban disponibles; dando como resultado un total de $6.2 millones en la p\u00e9rdida de oportunidades de financiaci\u00f3n de la justicia penal’, reza el informe de la OIG.<\/p>\n
Justicia tampoco asign\u00f3 fondos de la subvenci\u00f3n en base a las necesidades de los organismos de justicia penal o de acuerdo con un plan estrat\u00e9gico para hacer frente a la delincuencia. Adem\u00e1s, cobr\u00f3 $23,355 en cargos no permitidos y m\u00e1s de $2 millones en cargos sin justificaci\u00f3n a las subvenciones o ‘grants’.<\/p>\n
De otra parte, el Departamento tampoco implement\u00f3 plenamente aquellos programas federales dise\u00f1ados para evitar la compra ilegal de armas de fuego. Asimismo, la OIG dijo que el Registro y Notificaci\u00f3n de Ley de Delincuentes Sexuales (SORNA, por sus siglas en ingl\u00e9s) no se hab\u00eda aplicado en su totalidad y las enmiendas para mejorar el sistema de antecedentes penales no estaban actualizadas.<\/p>\n
El Inspector general concluy\u00f3 que la causa principal de estas deficiencias se debi\u00f3 a la reducci\u00f3n de empleados; a que el personal del Departamento no hab\u00eda sido entrenado adecuadamente y a la falta de controles.<\/p>\n
En noviembre de 2009, el gobierno de Puerto Rico elimin\u00f3 unos 13,000 puestos de trabajo bajo la llamada Ley 7, incluidos los puestos de trabajo de 12 personas de una plantilla de 15 empleados responsables de administrar las subvenciones. Diez meses despu\u00e9s de la eliminaci\u00f3n de esos 12 puestos, Justicia tuvo que contratar a un consultor a raz\u00f3n de $450 por d\u00eda para ayudar a administrar los fondos y carg\u00f3 $22,950 de los costos de administraci\u00f3n a los fondos de la Ley de Recuperaci\u00f3n.<\/p>\n
‘Funcionarios (de Justicia) nos dijeron que desde el a\u00f1o 2009, Justicia ha contratado seis nuevos empleados y vuelto a contratar un exempleado, pero los nuevos empleados no tienen experiencia significativa en la gesti\u00f3n de subvenciones y no estaban entrenados adecuadamente. Hemos entrevistado a los seis nuevos empleados y se encontr\u00f3 que la mayor\u00eda de ellos ten\u00edan poca o ninguna experiencia previa en la gesti\u00f3n de subvenciones y ninguno de ellos hab\u00eda recibido entrenamiento en gesti\u00f3n de subvenciones’, dice el informe.<\/p>\n
Uno de los hallazgos destacados sobre la falta de controles fue que aunque los procedimientos de Justicia requieren que los fondos de subvenciones se depositen en cuentas separadas, los mismos terminaron mezcl\u00e1ndose con fondos de otras agencias.<\/p>\n
‘Adem\u00e1s de la mala direcci\u00f3n de los dep\u00f3sitos, en febrero de 2013, el Banco Gubernamental de Fomento cerr\u00f3 la cuenta del fondo fiduciario de la Ley de Recuperaci\u00f3n Byrne JAG y transfiri\u00f3 el balance de $2.4 millones a la cuenta bancaria operativa del Departamento de Hacienda. Un funcionario de Justicia nos dijo que el cierre del fondo fiduciario y la posterior transferencia de fondos no hab\u00edan sido autorizados por la agencia. El funcionario nos dijo que no estaban al tanto del cierre del fondo fiduciario hasta que se lo informamos en febrero del 2014, y ni la agencia ni el Banco fue capaz de proporcionar una raz\u00f3n para el cierre’, denuncia el informe.<\/p>\n
El Departamento emiti\u00f3 una respuesta a los resultados de la auditoria donde detall\u00f3 una lista de acciones correctivas que tomar\u00e1n. La agencia dijo que ya est\u00e1 coordinando los adiestramientos necesarios con distintas instituciones para su personal.<\/p>\n