La alcaldesa de Ponce, Mar\u00eda Melendez Altieri, fue demandada por supuestamente incurrir en desacato al Tribunal de Primera Instancia al fallar en el cumplimiento de una orden judicial para la entrega de documentos sobre la contrataci\u00f3n de personal de confianza en violaci\u00f3n a una ordenanza municipal.<\/p>\n
La moci\u00f3n fue presentada el martes, por el legislador municipal del Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD), Lu\u00eds Irizarry Pab\u00f3n, quien hizo un recuento del proceso para obtener legalmente la documentaci\u00f3n requerida y las evasivas de Mel\u00e9ndez Altieri para entregar los mismos. Adem\u00e1s de la alcaldesa figuran en la moci\u00f3n el Municipio de Ponce y Janice Gonz\u00e1lez, Directora de Recursos Humanos en la alcald\u00eda.<\/p>\n
‘La parte compareciente, por medio de su representaci\u00f3n legal, realiz\u00f3 m\u00faltiples gestiones de buena fe para que los demandados produjeran los documentos solicitados. A pesar de las m\u00faltiples gestiones realizadas, no se recibi\u00f3 respuesta de parte de los demandados, quienes tienen el deber ministerial de producir los documentos e informaci\u00f3n solicitados’, dice la moci\u00f3n de Irizarry Pab\u00f3n.<\/p>\n
Los demandados inicialmente apoyaron conceder los documentos pero sin los nombres de los contratados dizque como una medida de confidencialidad. Sin embargo, la juez Rosalyn Santana, quien ha presidido las vistas del caso desde el 1 de octubre pasado, ha dicho que \u00e9stos no han presentado evidencia que sustente su alegaci\u00f3n.<\/p>\n
‘Tan evidente es la actitud temeraria de los demandados que ahora niegan los acuerdos a los cuales se lleg\u00f3, ante este honorable foro, en la vista del 21 de octubre’, dice la moci\u00f3n presentada por el Bufete Emmanuelli en representaci\u00f3n del legislador popular.<\/p>\n
Agrega que ‘constituye desacato cualquier acto o conducta que tienda a impedir u obstruir la administraci\u00f3n de la justicia por un tribunal o menoscabe la autoridad o dignidad del mismo’.<\/p>\n
Irizarry Pab\u00f3n solicita, adem\u00e1s de los documentos en controversia, el pago de 7 mil d\u00f3lares por concepto de costas y honorarios y una multa de 500 d\u00f3lares a Mel\u00e9ndez Altieri y a Gonz\u00e1lez por su negativa a cumplir la orden del tribunal.<\/p>\n