‘La merma en servicios de la Rama Judicial y la disminuci\u00f3n en el acceso a los tribunales tendr\u00e1 un efecto perjudicial indiscutible en la seguridad ciudadana y en el disfrute efectivo de los derechos de las personas’.<\/p>\n
As\u00ed lo afirmaron el martes los integrantes de la Comisi\u00f3n Asesora de Acceso a la Justicia en una Resoluci\u00f3n emitida el 5 de mayo de 2015 en respuesta a los anunciados recortes al presupuesto de la Rama Judicial y de diversas organizaciones dedicadas a proveer servicios legales a personas de escasos recursos econ\u00f3micos.<\/p>\n
‘La Comisi\u00f3n Asesora de Acceso a la Justicia tiene entre sus funciones asesorar a la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, en la formulaci\u00f3n de pol\u00edtica p\u00fablica que garantice el acceso a la justicia fundamentado en el trato equitativo e igualitario de todas las personas. Esto incluye representaci\u00f3n legal a personas indigentes, en casos civiles y criminales, y el acceso y trato sensible, justo y equitativo a las poblaciones en condici\u00f3n de vulnerabilidad. En su pasada reuni\u00f3n la Comisi\u00f3n decidi\u00f3, de manera libre e independiente, emitir una Resoluci\u00f3n en la que hace constar su posici\u00f3n con relaci\u00f3n al anuncio de recortes en las asignaciones presupuestarias, no s\u00f3lo a la Rama Judicial, sino a todas las organizaciones que tienen entre sus objetivos facilitar y promover el acceso a la justicia a diferentes sectores de nuestra poblaci\u00f3n’, explic\u00f3 la directora administrativa de la Oficina de Administraci\u00f3n de los Tribunales y Presidenta de la Comisi\u00f3n, Isabel Llompart Zeno en un comunicado de prensa.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n est\u00e1 integrada por miembros de la judicatura, organizaciones que brindan asistencia legal a los pobres del pa\u00eds, escuelas de derecho y representantes de varias organizaciones comunitarias y organizaciones profesionales. Entre sus integrantes est\u00e1n el licenciado Carlos Rodr\u00edguez Vidal, abogado en la pr\u00e1ctica privada; el licenciado Charles Hey Maestre, director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico; el licenciado Federico Rentas, director ejecutivo de la Sociedad para la Asistencia Legal, Inc.; el licenciado Luis Rodr\u00edguez Lebr\u00f3n, director ejecutivo de Pro-Bono, Inc.; la licenciada Vivian Neptune, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR); el licenciado Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el licenciado Jos\u00e9 Frontera Agenjo, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica de Puerto Rico.<\/p>\n
Tambi\u00e9n son parte de la Comisi\u00f3n el doctor Efr\u00e9n Rivera Ramos, Catedr\u00e1tico de la Escuela de Derecho de la UPR; Jorge Oyola, L\u00edder Comunitario; el doctor Nelson Col\u00f3n, Presidente Ejecutivo de la Fundaci\u00f3n Comunitaria de Puerto Rico; la licenciada Ana Irma Rivera Lassen, expresidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Wanda Rivera Ortiz, de la Junta Administrativa de los Fondos de Acceso a la Justicia; el licenciado William Ram\u00edrez Hern\u00e1ndez, Director Ejecutivo de la Uni\u00f3n Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Salvador Calaf, expresidente de la C\u00e1mara de Comercio de Puerto Rico.<\/p>\n
‘Aunque la Comisi\u00f3n est\u00e1 consciente de la grave crisis fiscal por la que atraviesa el Pa\u00eds, tambi\u00e9n le preocupa hondamente que la distribuci\u00f3n de los recursos disponibles afecte desproporcionadamente la funci\u00f3n vital que desempe\u00f1an los tribunales de justicia, incluidos sus programas de Salones Especializados en Sustancias Controladas (Drug Courts), de Salas Especializadas en Casos de Violencia Dom\u00e9stica y de atenci\u00f3n a las personas con condiciones de salud mental’, reza la Resoluci\u00f3n. Tambi\u00e9n asegura que la reducci\u00f3n de $69 millones al presupuesto de la Judicatura ‘tendr\u00e1 un efecto sustancial en la prestaci\u00f3n de servicios judiciales y en el acceso a la justicia de numerosos sectores de nuestra comunidad’.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n requiri\u00f3 mediante la referida Resoluci\u00f3n a los poderes Ejecutivo y Legislativo que adopten medidas de corto y mediano plazo y ‘aquellas medidas de car\u00e1cter estructural que atiendan las ra\u00edces profundas de la crisis actual’.<\/p>\n