La Junta de Control Fiscal (JCF) iniciar\u00e1 una auditor\u00eda forense de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, un proceso contable especializado que tiene como prop\u00f3sito detectar violaciones de ley con suficiente rigurosidad como para que sus hallazgos puedan ser presentados como evidencia en procesos judiciales.<\/p>\n
El anuncio est\u00e1 contenido en la carta que la JCF curs\u00f3 ayer al gobernador Ricardo Rossell\u00f3 y contrasta con el estado de suspenso en el que est\u00e1 la Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda de la Deuda que fue instaurada mediante ley en la Administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla.<\/p>\n
La ‘firma de auditor\u00eda forense’ que contratar\u00e1 la Junta debe 1) validar el desempe\u00f1o financiero entre los m\u00e1s reciente estados auditados del Gobierno de Puerto Rico, que cubren el a\u00f1o 2014, y el Plan Fiscal que entreg\u00f3 la pasada administraci\u00f3n, y 2) proveer un informe independiente sobre el total de la deuda pendiente de pago organizado por emisor, deuda emitida por cada emisor, uso del dinero de cada emisi\u00f3n, el itinerario de pagos acordado y el total de deuda que est\u00e1 en impago.<\/p>\n
Seg\u00fan el portal especializado en inversiones, Investopedia, una auditor\u00eda forense ‘es un examen y evaluaci\u00f3n de la informaci\u00f3n financiera de un individuo o entidad para usarse como evidencia en corte’. ‘Una auditor\u00eda forense puede conducirse para procesar a una parte por fraude, malversaci\u00f3n u otras reclamaciones financieras’, a\u00f1ade.<\/p>\n
La Junta no explic\u00f3 este asunto en su carta m\u00e1s all\u00e1 del texto citado pero, en otro extremo de la comunicaci\u00f3n, se alude a uno de los usos que se le podr\u00eda dar a la auditor\u00eda y los informes, que es el proceso de negociaci\u00f3n voluntaria que se est\u00e1 comenzando a tener con los acreedores y que, seg\u00fan disposiciones de la misma carta, se van a hacer, a la vez, con personal de la Junta y con personal de la Administraci\u00f3n Rossell\u00f3 para que, aunque el gobierno sea el que lidere las conversaciones, las mismas se desarrollen con el conocimiento y aval de la Junta que es la que tiene autoridad final para autorizar acuerdos con acreedores.<\/p>\n
La Junta tampoco ha abordado asuntos controversiales que se vuelven a hacer pertinentes con esta menci\u00f3n como el hecho de que sus miembros todav\u00eda no han hecho las divulgaciones financieras personales que se supone que cada uno hiciera al momento de su nombramiento, as\u00ed como el se\u00f1alamiento del conflicto de inter\u00e9s que puede representar el que dos de sus miembros, Carlos Garc\u00eda y Jos\u00e9 R. Gonz\u00e1lez, fueron presidentes del Banco Gubernamental de Fomento y, como tal, tuvieron participaci\u00f3n sobre emisiones que ahora se examinan bajo la lupa<\/a>.<\/p>\n La evaluaci\u00f3n de emisiones de bonos de Puerto Rico por autoridades investigativas federales est\u00e1 sobre la mesa desde al menos febrero de 2016 cuando la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica le confirm\u00f3 a NotiCel que la Comisi\u00f3n de Intercambios y Valores (SEC) le hab\u00eda hecho requerimiento de informaci\u00f3n formal sobre dos emisiones y desde que, en noviembre pasado, este diario digital tambi\u00e9n confirm\u00f3 en primicia que varios ejecutivos de la Administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla hab\u00edan sido interrogados al respecto<\/a>.<\/p>\n El reclamo de que la deuda no se debe negociar ni pagar hasta tanto no se certifique realmente cu\u00e1nto se debe produjo que, en 2015, se creara por ley la Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda Integral del Cr\u00e9dito P\u00fablico, integrada por funcionarios electos, y representante de sindicatos y otros sectores ciudadanos. Pero, aparte de producir una evaluaci\u00f3n preliminar, ese grupo ha enfrentado una empinada cuesta para descargar su responsabilidad ya que el propio gobierno le ha negado acceso a informaci\u00f3n as\u00ed como el desembolso de la asignaci\u00f3n de fondos que se hizo para que funcionara<\/a>.<\/p>\n