El Departamento de Justicia present\u00f3 hoy miercoles una reconsideraci\u00f3n en el caso de Doral para que la jueza Laureana Perez Perez reval\u00fae la sentencia dictada el pasado 10 de octubre, mediante la cual valid\u00f3 el desembolso de $229 millones de fondos p\u00fablicos a la instituci\u00f3n bancaria por concepto de reintegro.<\/p>\n
‘Respetuosamente discrepamos de la decisi\u00f3n del Tribunal en este caso, pues sostenemos que la misma no se ajusta a las disposiciones legales y la prueba claramente presentada. Por lo cual, en aras de proteger lo que a todas luces constituir\u00eda validar un desembolso ilegal de fondos p\u00fablicos, nos vemos precisados a solicitar al Tribunal que, al amparo de las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil, reconsidere la Sentencia dictada, enmiende algunas de las determinaciones iniciales y dicte determinaciones de hechos adicionales de conformidad con los hechos probados’, sostuvo el secretario de Justicia, C\u00e9sar Miranda.<\/p>\n
En el escrito de 71 p\u00e1ginas, el Estado sostiene que la vista evidenciaria estuvo matizada por una limitaci\u00f3n al Estado, que tuvo que llevar el peso de la prueba y los planteamientos jur\u00eddicos para apoyar su teor\u00eda legal del caso.<\/p>\n
La determinaci\u00f3n del Tribunal fue que la vista evidenciaria se limitar\u00eda a ‘pasar prueba sobre falsedad de cualquier representaci\u00f3n que se haya hecho’ y donde se ordena al Estado a eliminar ‘del informe de Conferencia con Antelaci\u00f3n a Juicio todo aquello que hable de que el contrato es contrario al orden p\u00fablico y todos los argumentos colaterales. Todos los dem\u00e1s argumentos del Estado para anular el acuerdo no se van a considerar’.<\/p>\n
Por otro lado, el Estado asegura que, aun bajo el limitado alcance de la controversia impuesta por el Tribunal, se logr\u00f3 probar que Doral no realiz\u00f3 un pago en exceso que le hiciera acreedor de un reintegro de $229 millones y que Doral falt\u00f3 a la verdad al expresar que el balance no amortizado del activo intangible (IO’s) era de $766 millones, en lugar de $652 millones, lo que result\u00f3 en un reintegro mayor. Precisamente, dicho falseamiento fue lo que el Tribunal determin\u00f3 que el Estado deb\u00eda probar seg\u00fan surge de la propia sentencia.<\/p>\n
Del mismo modo, la representaci\u00f3n legal del Estado solicit\u00f3 la eliminaci\u00f3n o enmienda de sobre 40 de las determinaciones de hecho del Tribunal, por no ajustarse a la prueba presentada o por la ausencia de prueba.<\/p>\n